Asaja Castilla y León aprueba un Código Ético y de Buen Gobierno de la organización

La Junta directiva de Asaja de Castilla y León ha aprobado hoy por unanimidad un Código Ético que nace para ofrecer un plus de garantías sobre el buen gobierno y funcionamiento de la organización profesional agraria. Con esta iniciativa, la OPA, que representa a la mayoría del sector agropecuario en su ámbito territorial, tanto por los resultados de las últimas elecciones sindicales y a Cámaras Agrarias como por el número de asociados, extiende su compromiso "más allá de su obligación de cumplir las leyes y los estatutos sociales que la rigen, en la línea de comprometerse con principios y comportamientos éticos de conducta, con valores fundamentales como la honestidad, la integridad o la transparencia que se han de exigir en diversos ámbitos, como es el de la representación sectorial o profesional", tal como se señala en el preámbulo del documento.

El código, "uno de los más exigentes que puedan tener organizaciones sectoriales como la nuestra, y posiblemente el único código existente en el sector agrario de nuestro país", apunta Asaja, se desarrolla en cinco apartados, que marcan las líneas a seguir para favorecer al máximo la transparencia en el seno de la organización: fomento de la participación de los socios, propiciando su participación e inculcando su interés por ser protagonistas activos de la vida de la organización; gestión interna de la asociación, siempre ceñida a una administración de sus recursos bajo el principio de eficiencia y austeridad; transparencia en materia social y laboral; mejora de la calidad de los servicios a los socios, con una apuesta por los servicios de proximidad y las nuevas tecnologías, y un quinto apartado centrado en los órganos de gobierno.

Cuando un directivo sea objeto de apertura de un procedimiento judicial penal, deberá poner de forma inmediata su cargo a disposición de la Junta Directiva

En este último epígrafe, la organización "promoverá la amplia participación de los socios para elegir y ser elegidos en la renovación de los cargos, procurando una discriminación positiva para incentivar la presencia de los jóvenes y las mujeres agricultoras". También establece que se adoptarán medidas para que no formen parte de los órganos de gobierno "quienes puedan tener claros intereses que puedan ser incompatibles, desde el punto de vista legal o moral, con labores directivas en Asaja". Cuando un directivo de la asociación sea objeto de apertura de un procedimiento judicial penal, "por cualquier motivo, tanto dependiente del desempeño del cargo como en su vida personal, pondrá de forma inmediata su cargo a disposición de la Junta Directiva". Se exceptúan de esta consideración los casos judiciales derivados del ejercicio de la labor sindical, participando en concentraciones, movilizaciones o en general actos de protesta. Finalmente, en este apartado se incide en que se considera impropio de un directivo de Asaja "comportamientos poco éticos alejados de los valores socialmente admisibles, comportamientos ostentosos, o contrarios a la imagen que se espera de un representante del sector agrario".

La voz de Asaja y de sus representantes tiene repercusión mediática y es escuchada en los foros políticos, económicos, sociales y en las administraciones públicas. Los valores que sustentan a esta organización "han de ser promovidos de forma constante por sus representantes, y se ha de velar por que se mantengan en el tiempo por encima de cualquier circunstancia o vicisitud, algo imprescindible para quien quiere seguir jugado un papel relevante en la interlocución, en esa sociedad civil que forma parte de la democracia participativa", tal como se señala en el documento.

Las organizaciones provinciales, dentro de la independencia que tienen al disponer de personalidad jurídica y órganos de gobierno propios y formar en su conjunto la organización Asaja de Castilla y León en una estructura federada, someterán este Código a la consideración de sus propios órganos de gobierno, de sus Juntas Directivas y Asambleas, y será a ellos a quien corresponda aceptar o no lo que aquí se plantea. El plazo para decidir sobre la aceptación o no de este Código es de 6 meses a partir de su aprobación por Asaja de Castilla y León.

Esta medida viene después de los casos de corrupción detectados en 2013 en provincias como Valladolid, donde su presidente, Lino Rodríguez, se encuentra imputado por los presuntos delitos de estafa y falsedad relacionados con su gestión al frente de la organización agraria en esa provincia.