El gusto municipal por perder en los tribunales con nuestro dinero

Como supongo que es sabido, a principios de año el Tribunal Supremo anuló la orden de la Consejería de Fomento que aprobaba definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca en lo relacionado con la delimitación del Sector 37 (actual El Corte Inglés, suelo donado por la ciudad al Ayuntamiento) y la Plaza de los Bandos. Este proceso fue promovido por el partido político EQUO, continuando la lucha por conseguir una ciudad mejor iniciada por colectivos ciudadanos de carácter ecologista. Resulta llamativo que a esos colectivos les tache la rancia derecha salmantina de "antisistema" cuando la mayor parte de su actividad es exigir que al menos se cumpla la legalidad vigente que el propio "sistema" elabora.

Desde que gobierna el Partido Popular nuestro Ayuntamiento, 1995, sus visitas a los tribunales han sido frecuentes, perdiendo en demasiados casos. Generando un gasto innecesario de dinero público del que ningún cargo público responde personalmente. Digo innecesario porque si se hubieran limitado a respetar la ley que su mismo partido contribuye a elaborar y aprobar en las Cortes Generales o Regionales, no tendría que haber actuado la justicia (que también cuesta dinero como nos ha demostrado Gallardón con sus tasas). Tampoco parece que nadie tenga responsabilidad política.

Por supuesto que las actuaciones vulnerando la legislación vigente realizadas desde 1995 se han justificado por el progreso de la ciudad. En 1996 Salamanca tenía 159.225 habitantes, en 2013 ha bajado a 149.528. No parece que la cura de progreso nos haya ido muy bien. Espero que a ningún idiota se le ocurra hablar del crecimiento del entorno de la ciudad, porque las cifras de la provincia también son deprimentes. Y no olvidemos, en el caso del comercio, su declive, agudizado por la interminable crisis que el mismo "sistema" ha generado; un paseo por los barrios o el propio centro son elocuentes. Por supuesto, tampoco se preocupan del verdadero motor económico de la ciudad, como demuestra el abandono del Gobierno del PP del 8º Centenario de nuestra Universidad.

Recuerdo todo esto debido a la peculiaridad de nuestra justicia, y al respeto de la misma por aquellos que todos los días nos "amenazan" con echárnosla encima de nuestras cabezas. Aparte de no haber sido derribado el ilegal edifico del Corte Inglés, como otros muchos (es sorprendente que además de tener una sentencia haya que pedir que se ejecute esa sentencia), ni siquiera son capaces de reponer de alguna manera el daño generado para los intereses de todos los ciudadanos.

Estos días hemos sabido que el Ayuntamiento parece que no considera las compensaciones a la sociedad que demandan quienes tienen capacidad para pedir la ejecución de esa sentencia. Es de suponer que intentan tensar la cuerda y obligar a que se pida el derribo del edificio. Así culparán delante de la sociedad a quienes se limitan a exigir que sus leyes se cumplan, de la desaparición de una actividad, y empleo, en una situación económica tan difícil como la actual. De la que ellos también son culpables, por cierto. Sociedad que admite de buena gana esta corrupta forma de hacer política, y así nos va.

Por cierto, a nadie pareció preocuparle que hace algo más de un año desapareciera una fábrica en Béjar, con sus correspondientes empleos, debido a que esa misma empresa cambiara de proveedor, buscando un país con sueldos más miserables que los ya se pagan en España.