Los jueces tendrán acceso a la historia social de las víctimas de violencia de género para...

Castilla y León ha dado hoy un nuevo paso en la articulación del novedoso modelo 'Objetivo Violencia Cero' que la Junta pretende implantar en la Comunidad antes de que finalice el año con el objetivo de abarcar el 'antes, el durante y el después de la denuncia'. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han firmado un convenio de colaboración que permitirá a jueces y profesionales de los Servicios Sociales compartir información completa y actualizada sobre los casos de violencia de género que se registren en Castilla y León. Esta iniciativa permitirá profundizar en la protección a las víctimas y a sus hijos, proporcionando una respuesta ágil, eficaz y eficiente.

Con esta firma, Castilla y León se convierte en la primera Comunidad en contar con un método de intercambio de información con el sistema judicial. Compartir sus bases de datos facilitará a los jueces el acceso a la historia social de las víctimas, su situación y su entorno, y a la batería de recursos con los que cuenta la Comunidad. Este plus de información les resultará muy útil a la hora de adoptar medidas judiciales y tomar decisiones que redunden en una protección más eficaz de la víctima. Y a los profesionales de los Servicios Sociales que se encargan de atender a estas mujeres les permitirá contar con información actualizada sobre el estado de las órdenes de protección y la situación judicial de las víctimas, lo que ampliará sus posibilidades de ofrecer una atención integral a las mujeres.

Así, el Registro Unificado de Violencia de Género, el principal instrumento de información de la Comunidad sobre las víctimas, integrará la información específica del ámbito judicial sobre violencia de género. Los jueces tendrán acceso de forma actualizada a datos sobre la historia social de la víctima y, además, contarán con información del abanico de recursos de Castilla y León enmarcados en el modelo 'Objetivo Violencia Cero' -asesoramiento psicológico, asesoramiento jurídico, red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género repartida por toda la Comunidad..., con los que se atendió el pasado año a más de 1.500 personas-. En paralelo, se implantarán procesos de intercambio telemático y automatizado para que la Consejería de Familia e Igualdad conozca en tiempo real las órdenes de protección que se dicten en la Comunidad y las sentencias emitidas tras la denuncia.

Este convenio, asimismo, abrirá la puerta a un impulso en la formación, la coordinación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los profesionales del ámbito judicial y los profesionales de los Servicios Sociales. Todo ello facilitará una actuación homogénea y con una metodología común en el territorio de la Comunidad. Para lograr esa fluida colaboración con el sistema judicial, la Junta adaptará su Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género, en el que ya figuran más de 1.600 víctimas registradas, y pondrá a disposición personal para desarrollar las tareas formativas y de intercambio de experiencias.

El CGPJ, por su parte, se compromete a promover y favorecer la participación de los profesionales del ámbito de la justicia con jurisprudencia en Castilla y León en las actividades que se determinen para la interconexión de la información y la selección de los profesionales que tendrán acceso. Junto a esto, colaborará con la Junta de Castilla y León aportando personal de carácter voluntario.

La firma de este convenio es el resultado de varios meses de trabajo iniciados tras la reunión de trabajo que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades mantuvo el pasado 15 de julio con la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género del CGPJ, María Ángeles Carmona; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, y el fiscal superior de la Comunidad, Manuel Martín Granizo. En este sentido, como ha indicado la consejera, este acuerdo constituye la base para establecer protocolos específicos con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) y con la Fiscalía General de Castilla y León, que concrete esa colaboración.

Hacia un sistema de información 'unificado'

Se trata de aunar fuerzas y recursos. Este convenio forma parte del compromiso asumido por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante el debate del Estado de la Comunidad, de diseñar un modelo de atención integral y coordinado para las víctimas de violencia de género, que actúe desde el 'minuto cero' en que se produzca el primer síntoma, y que le acompañe y guíe durante todo el proceso y tras la denuncia.

El objetivo es prestar una atención integral a cada víctima, mediante un proyecto individualizado de seguridad y autonomía, que cubra la prevención, el apoyo, la seguridad, la asistencia con recursos especializados y la integración, que cuente con un profesional de referencia que le acompañe durante todo el proceso.

El acuerdo tiene como reto actuar antes incluso de que la víctima presente una denuncia. Con el nuevo modelo se incidirá en la detección de las mujeres que pudieran estar sufriendo maltrato, ya sea desde los servicios educativos, sociales o sanitarios, para iniciar los procesos de ayuda desde la fase más temprana posible y adaptados a las circunstancias de la mujer en cada uno de los momentos. Una ayuda que se prestará de forma 'invisible' para preservar su seguridad.

Para lograr estas metas, se requiere de la colaboración de toda la sociedad. De ahí que la Junta de Castilla y León esté implicando en un trabajo en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en cada etapa del proceso para facilitar a la víctima esa atención integral y que se sientan protegidas y apoyadas. No en vano, el problema requiere de un abordaje desde múltiples planos de actuación -policial, judicial, social, laboral, educativo...-.

El primer paso dado por la Junta de Castilla y León para tejer su modelo 'Objetivo Violencia Cero' tuvo lugar en el mes de julio cuando el Gobierno autonómico firmó un convenio, también pionero en España, con el Ministerio del Interior para integrar la aplicación telemática del Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León con el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género del Estado (Viogen).

De esta forma, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden disponer de información sobre la historia social de la víctima, lo que permitirá intensificar su labor de protección y seguridad, y los profesionales de los Servicios Sociales podrán ampliar sus posibilidades de detección de casos de violencia de género y ofrecer a las víctimas una atención ágil y eficaz para lograr su plena recuperación e inclusión en la sociedad.

El siguiente paso fue la firma, el pasado 9 de octubre, de un convenio de colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para reforzar la colaboración de las entidades locales en el modelo 'Objetivo Violencia Cero'. Este convenio abrió la puerta a que el Registro Unificado de Violencia de Género de la Comunidad sea accesible a los profesionales de aquellas entidades locales que ya tengan acceso al sistema Viogen y que suscriban acuerdos específicos con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Al Registro Unificado de Violencia de Género de Castilla y León tendrán, por tanto, acceso jueces, cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y profesionales de las corporaciones locales vinculados a la atención a las víctimas de violencia de género. El objetivo es integrar en esta herramienta, tal y como ha remarcado la consejera, la información de la que disponen las administraciones para el uso de los profesionales de las administraciones públicas.

Milagros Marcos ha afirmado que crear un sistema "unificado" de información sobre las víctimas entre la Administración autonómica y la Justicia es "básico" para conseguir una mayor protección de las mujeres afectadas por esta lacra social. De la misma forma, que lo fue tender puentes de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con los profesionales de los Servicios Sociales de las corporaciones locales, a través de la FRMP.

A la firma de hoy, además de la consejera y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, han asistido la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género, y los vocales Carmen Llombart y Vicente Guilarte, así como la directora general de la Mujer de Castilla y León, Isabel Landa.