Berkeley adquiere varias parcelas de Villavieja en una subasta ante la indignación de los...
La minera sale al paso de la querella presentada por Stop Uranio contra el exalcalde de Retortillo y tres concejales
Con un palmo de narices y el cabreo e indignación correspondiente. Así se han quedado los ganaderos que este jueves pretendían adquirir alguna de las parcelas que se ofertaban en la subasta pública que tenía lugar en los edificios de la Gran Vía de Salamanca y que hasta no hace mucho albergaron las oficinas de la Delegación Territorial de la Junta.
Berkeley ha vuelto a hacer una vez más gala de su soberbia, no es la primera. La denuncia presentada por Stop Uranio contra el exalcalde de Retortillo hasta junio de 2015 y tres concejales por un presunto delito de cohecho, era contestada con la adquisición de varias parcelas en Villavieja de Yeltes que salían a subasta pública tras que su anterior propietaria falleciese sin dejar herederos. Según los ganaderos y los alcaldes de Villavieja de Yeltes y de Villares de Yeltes, Jorge Rodríguez (PSOE) y Manuel José Hernández (PP), la puja de la minera superaba las posibilidades de los ganaderos que pretendían la adquisición de estas parcelas para ampliar sus explotaciones.
"Manuel José, alcalde de Villares, y yo mismo ?señalaba a este diario el regidor de Villavieja? estamos absolutamente indignados con este comportamiento. Los vecinos sienten que abusan de su poder y le roban el medio de vida a los ganaderos de la zona. Solo es una muestra más del verdadero comportamiento e intereses de la empresa. Incluso después de comprarlas le dijeron a otros interesados que les dejarían meter las vacas. Éstos indignados rechazaron su 'buena voluntad'".
Ante esta actitud entienden que "Berkeley está dispuesta a comprar Villavieja, literalmente". Esta subasta de fincas se celebraba en el Salón de Actos de la antigua Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, y los representantes de la empresa minera se han llevado la mayoría de los lotes subastados, pujando por encima de las posibilidades de los vecinos que acudieron el acto con intención de mejorar sus instalaciones agropecuarias. Se trataba de la enajenación por parte de la Delegación de Economía y hacienda de Salamanca, de varias fincas rústicas situadas en el municipio de Villavieja de Yeltes, propiedad de una vecina del lugar que falleció sin dejar herederos.
Para los vecinos de la zona "nada bueno puede aportar a la comarca del Yeltes un proyecto minero si para llevarlo a cabo son necesarias estas maniobras". Para unos, el motivo de la compra de estos terrenos es mantener un precio de mercado de los terrenos rústicos de la zona, "devaluados por la amenaza de la apertura de la explotación minera", mientras que para otros no es otra cosa que una forma de castigo al pueblo de Villavieja por su oposición mayoritaria al proyecto minero.
Denuncia por cohecho y actividades ilícitas
Por otra parte, Stop Uranio ha informado a este diario de la querella formulada contra el exalcalde de Retortillo hasta junio de 2015, Javier Santamartina, y tres concejales más del Ayuntamiento de Retortillo por un presunto delito de cohecho al entender que han favorecido a la empresa australiana la creación en esta localidad de una mina de uranio a cielo abierto.
La querella por actividades ilícitas contra Santamartina se argumenta en que el exalcalde "recalificó y vendió unos terrenos de su familia a Berkeley para que esta pudiera construir sus oficinas a un precio 5 veces superior". Para la plataforma, ello supone la comisión de un delito "teniendo la condición de autoridad y haciendo uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero aproveche de tal circunstancia".
según recogen algunos medios. Según el presidente de Stop Uranio, la valoración inicial del terreno era de "entre 60.000 y 70.000 euros, "pero posteriormente, la fianza establecida en la escritura por la empresa minera australiana fue de "200.000 euros", lo que para los miembros de la plataforma Stop Uranio indica que "Santamartina se benefició ilícitamente por su actividad como autoridad o funcionario público". Ocho meses antes de la compra de la finca, Santamartina había concedido a Berkeley los permisos municipales necesarios para instalar su sede en Retortillo.
La querella se dirige también contra tres concejales del equipo de Santamartina ?dos ellos todavía en activo?. Según la denuncia, en el caso de los concejales, los tres han compatibilizado su cargo y por lo tanto la concesión de permisos administrativos con retribuciones de la empresa minera en concepto de "contratación de servicios", por lo que para para Stop Uranio estos hechos podrían suponer delitos de cohecho y actividades prohibidas a los funcionarios. La pena de los delitos denunciados por la plataforma comprende de dos a cuatro años de prisión, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público. Desde Stop Uranio esperan que la querella sea admitida a trámite por el Juzgado de Ciudad Rodrigo.
Protesta en Madrid
Unas treinta personas, desplazadas desde el Campo Charro, se han manifestado este jueves en Madrid contra la apertura de la mina de uranio proyectada por Berkeley en las localidades de Retortillo y Villavieja de Yeltes. La protesta ha coincidido con la presentación del proyecto minero de la empresa Berkeley en la Escuela de Ingenieros de Minas en Madrid. La plataforma Stop Uranio ha pedido la paralización del único proyecto que establece en Europa una mina de uranio.
Como ya ha informado este diario, recientemente la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso presentado por EQUO-Salamanca y Ecologistas en Acción contra la autorización que dio el Ministerio de Industria el pasado mes de septiembre. Para la plataforma, el proyecto de mina de uranio de Berkeley en Retortillo "no cumple con la normativa Europea al afectar directamente a espacios protegidos por Red Natura 2000". Además, al incluirse el manejo de residuos radiactivos de primera categoría, el informe de impacto ambiental debería haber sido evaluado por el Estado, en ningún caso por la Junta de Castilla y León. Sin embargo, a la espera de nueva documentación, el proyecto recibió en principio el visto bueno del comisario de Energía Arias Cañete, pero poco después de que su exasesor, Manuel Lamela, fuera contratado como lobbista de Berkeley en Bruselas.
| Berkeley sale al paso de 'la tormenta' Tras conocerse la noticia de la denuncia presentada contra el exalcalde y concejales e Retortillo, Berkeley ha emitido un comunicado que ofrecemos íntegramente. "En relación a las informaciones difundidas por varios Medios de Comunicación que informan de la presentación por parte de la Plataforma Stop Uranio de una querella contra el antiguo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Retortillo en los juzgados de Ciudad Rodrigo. Berkeley quiere dejar claro que: · La actividad de Berkeley consiste en la explotación de un yacimiento minero. Las fincas a adquirir están en función de la ubicación del yacimiento y de la ubicación prevista y aprobada de las instalaciones, con independencia de quien sea el dueño de las fincas y de su afiliación política. · Una empresa de valoración independiente ha tasado todas las fincas donde irán ubicadas las futuras instalaciones mineras de Berkeley, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada finca (el valor del suelo, del arbolado, de las charcas, cierres, construcciones, etc.) y conforme a los criterios de valoración establecidos por la ley, y teniendo en cuenta los justiprecios del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Y según estos criterios Berkeley continúa comprando fincas en la zona. · Para el caso específico de la compraventa de la finca donde están ubicadas las oficinas de la empresa en Retortillo, la única condición inexcusable era que el terreno estuviera en una zona adyacente al yacimiento en donde se va a desarrollar el proyecto minero. La empresa cumplió con su norma habitual de actuación de solicitar tres ofertas cuando compra o requiere los servicios de un proveedor. · Tres eran las fincas que cumplían estos requisitos y a los dueños de las tres se les hizo la misma oferta económica, basada en la valoración independiente citada anteriormente. Con la propiedad de la finca más idónea, no se pudo cerrar un acuerdo ya que uno de los co-propietarios decidió no vender por considerar bajo el precio ofrecido. Con la propiedad de la segunda finca no se pudo concretar la operación porque los documentos de propiedad no estaban en regla ni debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad. Estas circunstancias redujeron las posibilidades de adquisición a una única finca, lo cual consta en el expediente administrativo en el Ayuntamiento. · La licencia urbanística para la construcción de las oficinas de Berkeley fue aprobada por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento de Retortillo: votaron a favor todos los concejales (PP y PSOE) previos los informes vinculantes de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca de la Junta de Castilla y León y el Servicio de Asistencia Técnica de la Diputación de Salamanca. · Berkeley cuando hace la selección y contratación de personal no discrimina ni por el color político, ni por las creencias o afiliaciones sindicales de sus empleados y conforme al acuerdo de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Retortillo hace 6 años otorga preferencia en la contratación de personal a los vecinos de los pueblos de Retortillo y Villavieja de Yeltes, primando a las personas afectadas por la compraventa de terrenos." |