El Congreso vota los decretos de vivienda tras la huelga general

La Diputación Permanente de la Cámara Baja decide este jueves, 12 de noviembre, la convalidación o derogación de las dos normativas habitacionales aprobadas por el Ejecutivo. La sesión parlamentaria se celebra en la jornada posterior al paro convocado en todo el país y justo en la víspera del inicio de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre, que arranca en la medianoche del viernes 13.

Como ocurre con todo decreto ley, los textos se encuentran en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 7 de octubre. No obstante, la Constitución establece que estas normas deben ser refrendadas por el Parlamento en un plazo máximo de 30 días para mantener su validez.

Al encontrarse las Cortes disueltas por la convocatoria electoral, la Diputación Permanente asume la competencia de decidir sobre la vigencia de los textos, al ser el único órgano parlamentario activo. Según consta en el orden del día recogido por Europa Press, el debate y la votación de ambas medidas tendrán lugar en esta sesión del 12 de noviembre.

Durante la misma jornada, comparecerá la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con el objetivo de explicar la planificación de la red de energía eléctrica hasta 2030. Asimismo, el órgano parlamentario deberá reunirse más adelante para votar otros dos decretos pendientes: uno sobre medidas de protección social y laboral, y otro relativo a las ayudas para las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

¿Qué pasará con la votación de los decretos de vivienda?

El paquete legislativo se divide en dos textos independientes con diferente respaldo parlamentario: el primero saldrá adelante al contar con mayoría suficiente, mientras que el segundo será previsiblemente derogado. La primera norma agrupa un abanico amplio de medidas para intervenir el mercado ante la escalada de precios, y la segunda modifica la anterior para obligar al propietario a indemnizar al inquilino si decide romper el contrato de arrendamiento.

El Gobierno ya intentó aprobar estas medidas a principios de octubre, pero se topó con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN (que sumaban una mayoría absoluta de 178 escaños) en ambos textos, a los que se unieron el PNV y Coalición Canaria en contra de la norma sobre las indemnizaciones. Aquella derrota parlamentaria precipitó el adelanto electoral al 29 de noviembre, tras lo cual el Ejecutivo volvió a aprobar los decretos con pequeñas modificaciones para someterlos ahora a la Diputación Permanente, donde la aritmética es diferente.

Este órgano está compuesto por 69 diputados y la clave de la votación recae en el único representante del PNV, formación que ya ha confirmado que repetirá su postura anterior: apoyará el decreto general y votará en contra del segundo. El reparto de bloques en la Diputación Permanente se distribuye de la siguiente manera:

• Bloque de izquierdas (34 diputados): integrado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos (formación que representa a todo el Grupo Mixto).
• Bloque de oposición (34 diputados): conformado por los representantes de PP, Vox y Junts.
• Voto decisivo (un diputado): el escaño del PNV permite que el primer decreto se convalide por 35 votos a favor y 34 en contra, mientras que el segundo decaerá al no alcanzar la mayoría.

Préstamos de 50.000 euros y medidas del primer decreto

El texto que cuenta con los apoyos necesarios para su convalidación articula diversas actuaciones financieras y de protección habitacional. Entre las principales medidas que entran o se mantienen en vigor destacan las siguientes:

• Mecanismo "Tu Casa": una línea gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotada con 10.000 millones de euros, que contempla préstamos de hasta 50.000 euros para la adquisición de primera vivienda.
• Fondo de impacto social: una partida de 400 millones de euros destinada a impulsar la promoción de inmuebles a través de proveedores sociales.
• Límites a los fondos "buitre": se endurecen las condiciones para la compra especulativa de vivienda, ampliando la definición de estas entidades y restringiendo las excepciones respecto al texto anterior.
• Protección a inquilinos y propietarios: se establece la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el año 2030, la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028 y diversas bonificaciones fiscales para arrendadores y arrendatarios.

¿En qué consiste el decreto sobre la indemnización al inquilino?

La segunda norma, que no cuenta con los votos necesarios para prosperar, se centra exclusivamente en penalizar la ruptura unilateral de los arrendamientos de larga duración. El texto estipula que, una vez superados los cinco años de contrato (o siete años en caso de que el propietario sea una persona jurídica), el alquiler se prorrogue de forma automática durante otros cinco años adicionales.

En este supuesto, la normativa establece que si el casero decide rescindir el acuerdo y no aplicar dicha renovación, está obligado a abonar al inquilino una indemnización equivalente a un año de alquiler.