Disparos al amanecer

Noventa años han transcurrido desde aquel aciago 1936 en el que comenzaron los asesinatos «oficiales» de salmantinos tras «consejos de guerra» ilegales, por la única culpa de ser leales a sus principios y al Gobierno legítimo de la República. Los homicidios no cesaron hasta 1940, si bien el primer otoño fue el más sangriento de todos. La Asociación Salamanca Memoria y Justicia convocó el pasado viernes un acto de recuerdo y homenaje a los 143 fusilados en el mismo escenario del delito: la tapia exterior del Cementerio de San Carlos Borromeo.

Esas ejecuciones fueron ordenadas por una camarilla de militares rebeldes que se arrogó una autoridad que solo la traición y el terror les confirieron. El propio lugar de los fusilamientos —no muy lejano del casco urbano— y la forma de llevarlos a cabo contribuían a que el pánico se apoderara de nuestra ciudad. Las detonaciones de las descargas rasgaron el silencio del amanecer en días espaciados a lo largo de muchos meses, constriñendo los corazones de las gentes de bien que las escuchaban; aunque también hubo personajes sin entrañas que se regodeaban contemplando el macabro espectáculo. Si uno estaba atento a esas horas de la madrugada, podía oír los disparos desde muchos rincones de Salamanca, puesto que en aquella época no había edificios entre el camposanto y el núcleo urbano que parapetaran el sonido. De este modo se normalizaba aún más la pena de muerte, convirtiéndose en una amenaza tangible y real. Así impartía «justicia» el primer gobierno terrorista de la historia de España.

Que nadie se escandalice con lo de «gobierno terrorista»; es una expresión que incluso se queda corta. Los miembros de cierta organización criminal separatista vasca —no quiero manchar estas líneas con su conocido acrónimo— procuraron también someter a sus enemigos por medio del miedo. En ambos casos la víctima era alguien que no pensaba como ellos; no hacía falta mucho más para ser ejecutado. De este modo se sembraba el germen del temor dentro de la sociedad.

En el bando golpista se añade, además, que en muchas ocasiones jamás entregaron los cuerpos. ¡Cuántas madres y padres esperaron en vano a sus hijos, cuántos hijos a sus padres, durante meses e incluso años, con la angustia de la incertidumbre, pero albergando la vana esperanza de que hubiesen conseguido escapar de sus captores! Los «defensores de la civilización cristiana» negaron a muchos el derecho a un entierro, no ya católico, sino sencillamente digno. Para mayor abundamiento, muchísimas veces se incautaban los bienes de los reos, dejando al entorno familiar de la víctima en la más absoluta miseria.

Cierto es que, al inicio de la Guerra Civil, en el otro lado del frente, ocurrieron algunos episodios semejantes, pero en absoluto iguales. En la facción franquista fueron las propias autoridades quienes auspiciaron las muertes; en la zona republicana, las atrocidades se cometieron, en su gran mayoría, a espaldas de los gobernantes, perpetradas por grupos de incontrolados que, con su violenta actuación, también traicionaron a la República.

Los deudos de los fusilados en la tapia del cementerio tuvieron certificación del fallecimiento de sus seres queridos. Triste consuelo. Pero nunca la reparación por el daño cometido. Por eso, el homenaje es justo y necesario; entre otras cosas, para que no se olvide nunca la suerte que corrieron quienes defendieron de forma pacífica la legitimidad democrática del régimen republicano.

Carlos Sá.