La ONU y Amnistía Internacional exigen rendición de cuentas en Irán

Marco Margiotta

Defensor de los derechos humanos

Tras las declaraciones de Amnistía Internacional, en las que se exigía rendición de cuentas por los bombardeos indiscriminados de Estados Unidos contra Irán, los cuales vulneran el derecho internacional, la Misión de Investigación de la ONU ha corroborado en un informe que existen «motivos razonables» para sospechar que en febrero de 2026 se perpetraron crímenes de guerra.

Más concretamente, en la incursión aérea del 28 de febrero en Minab, provincia de Hormozgán, las fuerzas armadas estadounidenses fueron responsables del asesinato de más de 150 personas mediante el uso de misiles guiados de precisión Tomahawk contra un colegio lleno de menores. La opinión pública y los congresistas norteamericanos han reclamado una indagación a la mayor brevedad. «Independientemente de que el Pentágono utilizara o no inteligencia artificial para señalar la escuela como blanco, está claro que no tomó todas las precauciones posibles para evitar o reducir al mínimo los daños a civiles en su ataque», aseveró Dana Ahmed, portavoz de Amnistía Internacional.

El 10 de marzo de 2026, una portavoz de la Casa Blanca ratificó que las pesquisas sobre el asalto a la escuela continuaban en marcha y que el Departamento de Defensa emitiría un reporte exhaustivo. El propio presidente Trump manifestó que el incidente seguía sometido a investigación y que la ofensiva no se había lanzado «de manera intencionada», derivando las consultas al secretario Hegseth.

Ante la continua falta de respuestas por parte del Pentágono, el Comité de Servicios Armados del Senado aprobó su versión de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. Esta normativa restringe los gastos de viaje del secretario Hegseth hasta que haga pública la investigación del bombardeo a la escuela de Minab, además de divulgar otras dos indagaciones sobre incidentes con víctimas civiles en Yemen, junto con los vídeos completos y sin editar de las agresiones a navíos en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Posteriormente, el 17 de septiembre de 2026, la Misión de Investigación de la ONU para Irán señaló que hay «motivos fundados» para suponer que EE. UU. cometió crímenes de guerra. El documento, elaborado por tres expertos internacionales y que será expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, advierte sobre posibles crímenes bélicos estadounidenses en los bombardeos efectuados el 28 de febrero, primer día de las hostilidades, contra el colegio de Minab y un área residencial de Lamerd, en el sur de Irán.

Tampoco faltaron los reproches hacia las fuerzas estatales iraníes durante las manifestaciones: en Teherán, Karaj, Mashhad, Isfahán y Rasht se contabilizó la mayor cantidad de víctimas mortales por diversas causas, incluyendo el uso de fusiles de asalto contra la multitud, gases lacrimógenos y perdigones metálicos que ocasionaron ceguera irreversible en los afectados. Los cuerpos de seguridad arremetieron igualmente contra instalaciones médicas, agrediendo y arrestando a manifestantes lesionados y a diversos profesionales de la salud. Los especialistas subrayan que no pueden precisar con exactitud el número de fallecidos en las revueltas, pero poseen sólidas razones para estimar que la cifra superó ampliamente los 3.038 decesos reconocidos por el Gobierno en febrero.

A esto se suma que, en un reciente comunicado del 8 de septiembre de 2026, Amnistía Internacional denunció que, entre el 1 y el 13 de marzo de 2026, la coalición estadounidense-israelí bombardeó áreas densamente pobladas, tales como los distritos teheraníes de Niloufar, Resalat y Javadieh. Las investigaciones revelaron evidencias del empleo de armamento explosivo con un amplio radio de impacto, lo que provocó el deceso de una inmensa cantidad de civiles. En Resalat, por ejemplo, se arrasaron instalaciones de los batallones Basij pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica, así como tres inmuebles adyacentes (uno de los cuales muy probablemente era un bloque de apartamentos). En Niloufar y Javadieh se registraron al menos 25 víctimas fatales a raíz de los ataques aéreos contra cuarteles policiales, domicilios y otras infraestructuras de carácter civil.

Pese a que Estados Unidos e Israel proclamaron ofensivas contra blancos del régimen, ninguna de las naciones confirmó haber ejecutado estos tres asaltos en particular. Aún persiste un interrogante jurídico respecto a la policía: de acuerdo con el derecho internacional humanitario, esta corporación forma parte de la población civil, salvo que se integre formalmente en las fuerzas armadas o participe de forma directa en las hostilidades. En el caso iraní, el cuerpo policial está inserto en la estructura militar y, por eso, sus miembros podrían ser catalogados como objetivos legítimos. Por esta razón, Amnistía Internacional ha reiterado su exhortación para que se lleven a cabo indagaciones independientes e imparciales sobre los ataques, a fin de establecer si configuran crímenes de guerra.

La propia Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, afirmó: «Las pruebas disponibles en Teherán indican que hubo una serie de ataques con armas explosivas con efectos en amplias superficies contra instalaciones relacionadas con la seguridad dentro de zonas urbanas densamente pobladas que tuvieron consecuencias devastadoras, y aun así totalmente predecibles, para la población civil. El número de víctimas civiles, la magnitud de la destrucción, el momento en que se cometieron los ataques, el impacto en estructuras civiles cercanas y la ausencia de avisos efectivos por adelantado apuntan a alarmantes incumplimientos por parte de la coalición de Estados Unidos e Israel de su obligación de tomar todas las precauciones factibles para minimizar los daños a la población civil y proteger los bienes de carácter civil».

«En medio de la reanudación de los ataques de Estados Unidos en Irán y las nuevas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de atacar infraestructura civil, es imperativo que Estados Unidos e Israel pongan fin a todos los ataques ilegales y cumplan estrictamente las normas del derecho internacional humanitario, lo que incluye adoptar todas las precauciones posibles para evitar y, en cualquier caso, minimizar, pérdidas accidentales de vidas civiles, lesiones a civiles y daños a bienes de carácter civil durante la planificación y ejecución de operaciones militares. Las mismas obligaciones previstas en el derecho internacional se aplican a Irán cuando lleva a cabo ataques de represalia, incluso contra Estados del Golfo Pérsico», sentenció Callamard.

En definitiva, la escalada bélica de 2026 ha sumido a la región en una crisis humanitaria sin precedentes, donde la población civil ha pagado el precio más alto frente a la negligencia militar y la brutalidad de los actores involucrados. Tanto las acciones desproporcionadas de la coalición internacional como la represión interna ejercida por el Estado iraní exponen una profunda fractura en el respeto al derecho internacional humanitario. Si las potencias globales y los organismos competentes no logran imponer mecanismos de rendición de cuentas transparentes, el riesgo de que estas atrocidades queden en la impunidad será un peligroso precedente, diluyendo por completo la línea legal y moral que protege a los inocentes en tiempos de guerra.