Babilafuente, ¿Estado social o indiferente?

Desde hace unos meses tratan los medios de comunicación un problema de vivienda en Babilafuente. Otro de los innumerables acumulados tras el triunfo de la Aznariana tesis de la autorregulación del mercado, respetada fielmente por gobiernos socialistas. Lo llamativo es que detrás no hay un fondo buitre privado, ni ningún latifundista del ladrillo. Es una extraña entidad, instituida para echar una manita a los bancos por aquello de la crisis financiera convenientemente socializada. Oportuna para afianzar ese gran principio capitalista de la libre competencia liquidando las amenazantes Cajas de Ahorro. Grave pérdida para nuestra tierra, todavía sin costarle nada a los culpables, como la añorada banca pública.

Según el inicio de su web “gestiona, con compromiso social, los activos inmobiliarios procedentes del saneamiento del sector financiero”. Toda una sucesión de eufemismos, rematada explicando “qué es” “gestiona con sostenibilidad y utilidad social”. Me refiero a la “Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria” o Sareb. Desde luego es llamativa la gran sensibilidad social de este curioso ente desinversor, al tratar el inconveniente surgido en el municipio del balneario. Quizás impregnado todavía de su origen privado. Por cierto, entre suelo y construidas llegó a tener capacidad potencial para un millón de viviendas, cifra que me suena de algo.

^{Informe de actividad 2025 de la Sareb.}

El Real Decreto-Ley 1/2022 determina la “reclasificación de SAREB en las Cuentas Nacionales como unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas”. Asumiendo el Estado su control a través del FROB, “Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria” o ahora “Autoridad Nacional de Resolución Ejecutiva”, y su deuda computa por completo como pública. Una sopa de nombres y siglas cuyo objeto tal vez sea desconcertar, pero es del Estado. Y el Estado somos todos… ¿o era Hacienda?. Al menos esa deuda, de origen bancario, la pagamos ya a cara descubierta.

^{Informe de actividad 2025 de la Sareb.}

Sigue presentándose, “Desde entonces, Sareb trabaja por contribuir al incremento del parque público de vivienda. Desde el año 2022 pone en marcha un Programa de Alquiler Social con Acompañamiento para las personas vulnerables que habitan en sus viviendas.” A mediados de 2025 un acuerdo del Consejo de Ministros traspasa más de 40.000 viviendas y suelos con capacidad para otras 55.000 a la empresa pública de vivienda CASA 47. Poco menos que una ONG benéfica, donde su dirección no cobra precisamente el salario medio (al menos lo redujeron frente al de sus predecesores).

El caso de Babilafuente apunta a la genialidad del frecuente listo dispuesto a engañar al prójimo. Se habla de CIF revocado desde 2019, invisible en un país repleto de entidades públicas con el supuesto objetivo de controlar y prevenir fraudes. El edifico es de alquiler, y avisan a los inquilinos en marzo (¿o junio?) del nuevo propietario. Entonces la preclara entidad, preocupada por salvaguardar el interés social, trabaja denodadamente en su ayuda: el desahucio. En periodo electoral y de martes sociales del Gobierno Progresista, una entidad del Estado pretende echar a la calle a 23 familias.

Es muy digna de encomio la querencia de demasiadas administraciones por utilizar ese camino zanjando problemas inmobiliarios, obviando condicionante sociales. No sé si el acompañamiento mencionado se refiere a ir de la mano al juzgado, o a la escolta de fuerzas del orden con exagerado y fogoso celo ejecutando ejemplares sentencias de una justicia con excesiva falta de sensibilidad. ¿Nadie puede poner un poco de sentido común desistiendo de tan trillada no-solución?. En vez de empezar desahuciando personas que parecen pagar religiosamente, ¿no sería mejor asistirlas buscando un desenlace no traumático?.