La crisis migratoria de Ceuta no puede justificar las violaciones de los derechos humanos

Jesús Piñuela

Defensor de los derechos humanos

Antes de analizar el tema de este artículo cabe hacer una consideración previa: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) se aplican a todas las personas sin importar su estatus migratorio. A estos tratados internacionales debe añadirse la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990), la cual establece normas universales para proteger los derechos humanos y laborales tanto de migrantes regulares como indocumentados y sus familias

La situación en Ceuta es delicada desde la entrada de más de 80.000 personas el pasado 30 de julio, prácticamente el equivalente a la población de la ciudad, y con la permanencia todavía hoy, más de dos meses después, de miles de personas en situación de desprotección total en la calle. Ante la preocupación por tal situación, Amnistía Internacional realizó una visita a Ceuta del 10 al 15 de septiembre, en la que recorrió la mayoría de los emplazamientos de calle donde malviven a la intemperie miles de personas migrantes y solicitantes de asilo, y se reunió con periodistas y ONG desplegadas en el terreno, así como con la Fiscalía y representantes del Gobierno de Ceuta.

La organización ha podido documentar, gráfica y audiovisualmente, cuerpos magullados de migrantes con lesiones que parecen compatibles con golpes de defensas rígidas —porras reglamentarias—. Durante la visita recogió 22 testimonios directos, que atribuyen a militares que patrullan la ciudad palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o género. Dos chicos marroquíes entrevistados por la organización presentaban estas lesiones en la cabeza, una zona muy sensible por el alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales, afirmando uno de ellos que fue obligado a arrodillarse antes de ser golpeado. Otro chico marroquí contó a la organización que llevaba 25 días sin poder caminar, tras haber sido despertado, acosado y empujado por un militar desde una altura elevada, tras ser despertado y acosado, junto con otros migrantes, por un grupo de militares, mientras dormían a las puertas de la Ermita de San Antonio.

Por otra parte, en especial vulnerabilidad se encuentran cientos de mujeres, niños y niñas viviendo en la calle en total desprotección, algunos de tan solo 12 o 13 años, sin haber recibido ningún recurso de emergencia. Recientemente, el responsable del mando único en Ceuta cifró en 2.383 los menores migrantes no acompañados que han sido identificados. Entre 500 y 700 permanecen en la calle hoy sin ninguna cobertura, en el marco de una disputa política sobre la negativa de algunas comunidades autónomas a acogerlos y el rechazo del propio Gobierno ceutí a designar representantes legales. El Ministerio de Juventud e Infancia ha confirmado que 54 menores han sido reagrupados con familiares en la península.

Unas 800 mujeres, algunas con sus hijos e hijas, estarían viviendo en la calle, sin recibir ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Además, se han constatado casos de violencia sexual contra mujeres y niñas migrantes. El total de víctimas es 39: 38 mujeres y un hombre, de las cuales 14 son menores de edad. Amnistía Internacional recogió testimonios de niños no acompañados que acuden casi a diario a los cuerpos policiales a solicitar protección y son rechazados de manera constante, vulnerándose así las obligaciones y los procedimientos que las autoridades españolas deben adoptar, cuando están ante una persona menor de edad sin un adulto responsable, tal y como establece la legislación vigente, delegando esta responsabilidad en ONG, muchas de las cuales son de ámbito local y están al límite de su capacidad.

La organización también ha documentado el hostigamiento diario de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba, que parece perseguir el desgaste de las personas migrantes y afecta también a personas racializadas de Ceuta, al ver impedido el paso al centro de la ciudad y a tiendas o supermercados por parte de militares que, mediante la presencia amenazante en las puertas de acceso o calles aledañas, deciden arbitrariamente, en función del color de la piel o la indumentaria —en el caso de las mujeres si llevan velo—, si pueden o no pasar, realizando identificaciones agresivas. Otras carencias están relacionadas con la falta de agua potable, duchas, elementos de aseo e higiene, ropa limpia y atención sanitaria en los asentamientos establecidos alrededor de la ciudad.

Esta descripción de los hechos se produce en un contexto de creciente deshumanización de las personas migrantes y de intensificación de la retórica de odio por parte de determinadas autoridades y representantes políticos. Los datos recogidos por Amnistía Internacional confirman esta tendencia que asegura que los mensajes de odio en redes sociales aumentaron un 76% a raíz de la crisis migratoria, durante el mes de agosto. Estos mensajes se emplearon para reforzar narrativas que presentan a las personas migrantes como una amenaza para la seguridad y la convivencia. Periodistas, ONG y responsables políticos también han sido objeto de estigmatización, ataques y de hostigamiento tanto por autoridades como por particulares

En su informe, Amnistía Internacional quiere enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a la ciudadanía de Ceuta, al mismo tiempo que ha pedido a los presidentes del Gobierno de España y del Gobierno de Ceuta un plan urgente que proporcione ayuda humanitaria y una acogida digna, con atención especializada a mujeres, niñas y niños, y a personas en riesgo ya sea en Ceuta o mediante su traslado a la Península. Asimismo, pide a las Comunidades Autónomas que cumplan con la legislación vigente y faciliten la reubicación de niños, niñas y adolescentes que han llegado solos, aliviando así la saturación de Ceuta y garantizando un trato digno a todas las personas migrantes.

Finalmente, sin perjuicio de reconocer la dificultad de la labor de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para hacer frente a una situación compleja, que ha incluido también la detención de más de 30 personas migrantes por agresiones a militares, Amnistía Internacional recuerda que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado están obligados a hacer frente a estas situaciones respetando la legislación nacional e internacional y los derechos humanos de todas las personas.