El derecho a un hogar: historias, luchas y esperanzas en las calles de España

Marco Margiotta

Defensor de los derechos humanos

Para cualquier persona, una casa no es solo un conjunto de cuatro paredes y un techo. Una casa es el refugio donde guardamos los recuerdos, el lugar caliente donde nos sentimos seguros, la piel misma de nuestra vida familiar. Sin embargo, en los últimos años, en España ese refugio se ha ido transformando para miles de familias en una trinchera llena de miedo e incertidumbre. Las casas han dejado de mirarse como hogares, para convertirse en productos de un mercado donde los precios suben constantemente.

Mientras que en la Unión Europea casi el 9 % de las viviendas forma parte de un parque público pensado para ayudar a la población, en España esa cifra cae hasta un triste 1,71 %. El compromiso del Estado tampoco ha sido suficiente: la inversión pública para la vivienda representa solo un pequeño 0,5 % del producto interior bruto, muy lejos del 1,2 % que destinan nuestros vecinos europeos. El resultado de este olvido ha sido devastador. Entre los años 2013 y 2025, los tribunales han contado cerca de 600.000 desahucios. Se trata de una fila interminable de familias que han tenido que salir a la calle llevando sus vidas metidas en cajas de cartón. Como advierte con claridad Amnistía Internacional, en España hoy en día no existe un problema de derechoshumanosmás grave ni más doloroso que la imposibilidad de tener una vivienda digna.

Ante este paisaje tan difícil, Amnistía Internacional ha decidido alzar la voz y presentar un camino claro con ocho propuestas urgentes. La organización busca que el Gobierno actúe como un escudo protector para los más débiles. La idea central es parar el reloj del tiempo que amenaza a los inquilinos garantizando que sus contratos de alquiler se puedan renovar de forma extraordinaria y poniendo un freno firme a las subidas injustas de los precios. Además, se pide a los jueces que abran los ojos ante el sufrimiento humano: ninguna orden de desalojo debería ejecutarse si va a dejar a una familia en la calle, sin un techo alternativo donde dormir o sin una ayuda pública que la sostenga.

Para conseguir más casas a precios razonables, Amnistía propone no esperar a la lenta construcción de nuevos edificios. La solución más rápida es rescatar las viviendas que ya existen utilizando herramientas legales como los derechos de tanteo y retracto, que permiten a las administraciones públicas tener prioridad para comprar pisos, especialmente en las llamadas zonas tensionadas. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Aunque el reciente Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 intenta dar un paso adelante, Amnistía advierte de que es un plan con las alas cortadas: tiene poco dinero y pone barreras muy difíciles de superar, como la obligación estricta de estar empadronado o tener la residencia legal, dejando fuera a las personas que más ayuda necesitan.

Cuando la moratoria temporal contra los desahucios llegó a su fin, un freno que en su momento había protegido a más de 60.000 familias, las ejecuciones judiciales volvieron a aumentar, alcanzando una media superior a los 70 desahucios diarios en todo el país. Estas expulsiones afectan de manera directa a colectivos en situación de especial vulnerabilidad, como personas mayores, enfermas o menores de edad.

Y cuando las leyes tardan en llegar, la gente del pueblo aprende a defenderse uniendo sus manos. Bajo la bandera de la coalición #NiUnDesahucioMás, más de cien organizaciones sociales se han concertado para decir «basta». Las calles de muchas ciudades se han llenado de marchas y de acampadas permanentes en el centro de Madrid y de otras ciudades, que recuerdan a todos que el cansancio se ha convertido en dignidad.

La voz de estas organizaciones es clara y no acepta medias tintas. Exigen que los desahucios sin alternativa se paren para siempre, que los contratos de alquiler se renueven automáticamente para que la gente no tenga que abandonar sus barrios y que se congelen las rentas. También piden poner límites a los grandes fondos de inversión, conocidos popularmente como fondos buitre porque ven la vivienda solo como un negocio para multiplicar sus beneficios. Las organizaciones recuerdan que un piso no puede estar vacío acumulando polvo mientras miles de familias no tienen dónde dormir.

Entre todas estas historias de lucha, la vida de Maricarmen se convirtió de repente en un espejo donde toda España pudo mirarse. Maricarmen es una mujer de 87 años que se mueve en silla de ruedas y que había pagado puntualmente su alquiler durante toda su vida. Sin embargo, un día la policía entró en su casa y la sacó a la calle en una camilla. La imagen de esa anciana frágil rodeada de agentes dio la vuelta al mundo como un disparo en la conciencia colectiva. La ONU condenó de inmediato al Estado español por cometer una gran injusticia y violar los derechos humanos más elementales.

Pero la historia de Maricarmen no terminó en lágrimas. La indignación popular se transformó en una ola de solidaridad enorme. Los vecinos, los activistas del Sindicato de Inquilinas y miles de personas en las redes sociales y en las plazas han unido sus fuerzas para pedir justicia. Gracias a esa presión constante que no deja de sonar, la empresa propietaria aceptó sentarse a negociar. El resultado fue una victoria histórica que devolvió la esperanza a todos: Maricarmen ha firmado un acuerdo para volver a su casa con un contrato protegido de 8 años y un alquiler ajustado que nunca superará el 30 % de sus pequeños ingresos. La luz ha vuelto a encenderse en la ventana de Maricarmen, demostrando que cuando la gente común se junta, es capaz de vencer la especulación y recordar al mundo que la dignidad humana vale mucho más que cualquier negocio.