Desahucios en Salamanca: del drama hipotecario a la crisis del alquiler
Imagen de archivo de los Juzgados de Salamanca
El caso de Maricarmen reabre el debate sobre el arrendamiento, que ya concentra la totalidad de los desalojos en la provincia, donde se consolida una década de tendencia a la baja y solo registra tres lanzamientos en el inicio de 2026
El reciente caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que residía desde hacía siete décadas en su vivienda de Madrid bajo un contrato de renta antigua, ha vuelto a situar en el centro del debate social la problemática de los lanzamientos en España. Su caso, motivado por la exigencia de una renta inasumible por parte de un fondo propietario, ilustra un cambio estructural: el alquiler ha sustituido por completo a las hipotecas como la principal causa de desalojo.
En la provincia de Salamanca, esta realidad se refleja con nitidez en las estadísticas oficiales. La evolución de los lanzamientos practicados entre los años 2013 y 2025 muestra una tendencia general a la baja en los cinco partidos judiciales salmantinos, pero con una transformación idéntica en sus causas, donde los procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) han ganado un peso absoluto.
Los datos más recientes confirman que la presión sobre la vivienda ha variado notablemente en el territorio charro. Mientras las ejecuciones hipotecarias que marcaron la crisis de la década pasada se han reducido a mínimos, el impago de los alquileres representa ahora la práctica totalidad de los expedientes que terminan en un desalojo forzoso.
Situación actual de los desahucios en Salamanca
Durante el primer trimestre de 2026, la provincia de Salamanca registró un total de tres lanzamientos practicados, según los datos provisionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La totalidad de estos procedimientos se derivó exclusivamente de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), vinculados al impago de alquileres.
Esta cifra sitúa a la provincia como una de las zonas con menor actividad de lanzamientos en Castilla y León. En el conjunto de la comunidad autónoma, el número total de desahucios ejecutados ascendió a 346 procedimientos en el mismo periodo, lo que representa una disminución del 37,43 % en comparación con los 553 registrados en el primer trimestre de 2025.
A pesar del bajo número de desalojos materiales en Salamanca, los juzgados de la provincia ingresaron 27 ejecuciones hipotecarias en estos tres primeros meses del año. Asimismo, se registró el ingreso de dos juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un recurso para que los propietarios legítimos recuperen la posesión de sus inmuebles.
¿Cómo han evolucionado los desahucios en Salamanca capital?
El partido judicial de Salamanca capital, que concentra la mayor actividad de la provincia, inició la serie histórica en 2013 con 295 lanzamientos practicados, de los cuales 86 correspondieron a ejecuciones hipotecarias y 178 a la LAU. En 2014 la cifra se mantuvo estable con 292 casos, registrando el máximo de ejecuciones hipotecarias de la serie con 99 expedientes.
A partir de ese momento, se inició un descenso progresivo en la capital salmantina. En 2015 se registraron 294 lanzamientos practicados, seguidos de 223 en 2016 y 207 en 2017. La tendencia a la baja continuó en los ejercicios posteriores, con 215 casos en 2018 y 179 en 2019, consolidando el descenso antes de la crisis sanitaria.
El impacto de las medidas de protección social y el escudo judicial redujeron la cifra a 107 en 2020 y a 95 en 2021. Tras un leve repunte de 101 casos en 2022 y alcanzar el mínimo histórico de 69 casos en 2023, el año 2024 experimentó un repunte hasta los 148, para finalmente cerrar el año 2025 con tan solo 48 lanzamientos.
Los desahucios en el resto de la provincia
El análisis detallado de la última década confirma comportamientos muy diversos en el resto de los partidos judiciales de la provincia de Salamanca. En el caso de Béjar, el periodo comenzó con 14 lanzamientos en 2013, alcanzando su máximo histórico en 2016 con 54 casos. Tras descender a 40 en 2017, 24 en 2018 y 14 en 2019, registró cifras mínimas entre 2020 y 2022, con un suelo de tres casos en 2022, para cerrar el año 2025 con 16 casos, todos ellos vinculados a arrendamientos.
Por su parte, el partido judicial de Peñaranda de Bracamonte presenta una evolución singular a lo largo de la serie. De los 17 lanzamientos registrados en 2013 pasó a un pico de 50 en 2017 y a un máximo absoluto de 60 lanzamientos en 2022, debido a un repunte extraordinario de 55 ejecuciones hipotecarias. Sin embargo, en 2025 la cifra cayó drásticamente hasta registrarse un solo lanzamiento.
En Ciudad Rodrigo, la serie histórica muestra una reducción sostenida desde los 22 casos de 2013 y los 20 registrados en 2014. Los datos descendieron a 13 en 2015, 14 en 2016, ocho en 2017, 11 en 2018, cuatro en 2019 y apenas dos en 2020. Tras registrar 12 casos en 2022, el año 2025 concluyó con siete lanzamientos en este territorio.
Finalmente, el partido judicial de Vitigudino se consolida como el de menor actividad de toda la provincia. Registró dos lanzamientos en 2013 y alcanzó su máximo en 2014 con 10 casos. Desde entonces, las cifras han sido residuales, con varios ejercicios a cero, y cerró el año 2025 con únicamente cuatro lanzamientos practicados.
¿Cómo afectará el nuevo Real Decreto-ley 26/2026 a los desahucios en Salamanca?
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley 26/2026 introduce un nuevo escenario que afectará de forma directa a los procedimientos que se tramitan en los cinco partidos judiciales de la provincia de Salamanca. Esta reforma legal, diseñada para frenar la especulación y proteger a los inquilinos, establece un blindaje histórico frente a los desalojos hasta el 31 de diciembre de 2030 para personas en situación de vulnerabilidad económica que no dispongan de una alternativa habitacional adecuada .
La norma introduce además la figura de la enervación, una herramienta clave que permitirá a los inquilinos salmantinos paralizar un proceso de desahucio por impago de alquiler si abonan las cantidades adeudadas antes de la ejecución, permitiendo que el contrato de arrendamiento continúe vigente. Asimismo, el decreto limita la capacidad de actuación de las empresas de adquisición de inmuebles en la provincia, prohibiendo que compren viviendas por debajo del 70 % de su valor de tasación de mercado.
Esta nueva legislación estatal promete contener las estadísticas de lanzamientos en Salamanca, que ya se encontraban en mínimos históricos en el inicio del año con apenas tres casos registrados en el primer trimestre, al tiempo que abre un nuevo marco de compensaciones económicas para los propietarios particulares cuyos procesos queden suspendidos por la falta de alternativa habitacional pública por parte de la administración autonómica.
¿Qué tendencia se observa a nivel nacional?
La realidad salmantina se encuadra en una tendencia nacional donde los desahucios han bajado más de un 60 % en España respecto a la última década. Según los datos del CGPJ, los desalojos han disminuido de forma constante desde 2014, pasando de los 67.000 lanzamientos practicados en 2015 a poco más de 24.500 en todo el año 2025.
Sin embargo, la proporción de las causas se ha invertido de forma drástica. Si en 2015 los desahucios por alquiler representaban el 53 % del total, en 2025 esta cifra escaló hasta el 75 % de los casos. En el primer trimestre de 2026, de los 4.005 desahucios realizados en España, el 65 % estuvo relacionado con el alquiler, consolidando el arrendamiento como el principal foco de vulnerabilidad habitacional.
