El voto en contra de PP y VOX frena una iniciativa de UPL que buscaba combatir la exclusión financiera de más de 150.000 personas.
La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León ha rechazado este lunes la Proposición No de Ley (PNL) planteada por Unión del Pueblo Leonés (UPL). La iniciativa parlamentaria reclamaba el impulso de una línea específica de ayudas de carácter permanente para colaborar con los ayuntamientos del medio rural a la hora de sufragar los costes de mantener o abrir cajeros automáticos.
El rechazo de la propuesta se ha producido debido al voto en contra de las dos formaciones que sustentan al Gobierno autonómico, el Partido Popular (PP) y VOX. Los leonesistas han criticado con dureza lo que consideran una "inacción" de la Junta de Castilla y León ante el grave problema de la exclusión financiera en los pequeños municipios, un escenario que continúa agravándose.
Durante la defensa de la iniciativa, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, ha recordado que "no es la primera vez" que su formación lleva este asunto a las Cortes. Santos ha advertido de que Castilla y León posee el mayor porcentaje de población en exclusión financiera de todo el país, confirmando que más de 150.000 personas en el medio rural de la comunidad no disponen de un servicio bancario ni de un cajero automático en su municipio.
La propuesta de resolución de UPL instaba a la Junta a implicarse de forma económica y permanente con las entidades locales. El objetivo era evitar que los ayuntamientos, que a menudo cuentan con presupuestos muy limitados, tengan que asumir de forma íntegra los elevados costes de instalación y mantenimiento que exigen las entidades bancarias para mantener activos los servicios financieros básicos.
El procurador leonesista ha señalado que en el medio rural, caracterizado por una población envejecida, con menor capacidad digital y una alta dispersión geográfica, la falta de estos servicios "agrava aún más el problema". Asimismo, ha lamentado que, a pesar de que en septiembre de 2023 se aprobaron en las Cortes varias medidas a propuesta de UPL para luchar contra la exclusión financiera, la Junta no se está implicando en su ejecución.
Santos ha incidido en que los datos son especialmente preocupantes en las provincias de Salamanca, Zamora y León. Ante lo que califica como "ausencia de la Junta", el procurador ha destacado que las tres Diputaciones Provinciales sí se han involucrado, independientemente de su signo político, para intentar frenar la exclusión financiera con recursos propios.
En el caso de la Diputación de Salamanca, se ha puesto como ejemplo la integración de cajeros en los Bibliobuses y las ayudas impulsadas para instalar terminales en la zona de La Raya. No obstante, el representante de UPL ha mostrado su preocupación por el hecho de que el mantenimiento anunciado sea solo por doce meses, planteando "qué va a pasar" una vez transcurrido ese periodo si la Junta no asume su responsabilidad.
Por su parte, la Diputación de León cuenta con una Oficina Financiera Móvil itinerante que incorpora cajero automático y un agente presencial, mientras que la Diputación de Zamora ha puesto en marcha recientemente dos oficinas bancarias móviles para recorrer las localidades desprovistas de estos servicios.
El debate en la comisión ha visibilizado la distancia entre los grupos. El portavoz del PP, Sanz Merino, ha justificado el rechazo a la propuesta afirmando que "somos tantos municipios y no pueden tener todos los mismos derechos". Estas palabras han sido recriminadas por Santos, quien ha respondido que para UPL el mundo rural "es igual que cualquier otro sitio" y ha invitado al procurador popular a explicar a los vecinos de estos pueblos que la Junta "no puede llegar" a pesar de sus esfuerzos.
Por otro lado, el representante de VOX ha planteado como única alternativa viable que los ciudadanos del medio rural se desplacen a las cabeceras de comarca mediante el transporte público para realizar sus gestiones bancarias. Desde UPL han calificado esta postura de insuficiente, exigiendo "unos mínimos exigibles" para garantizar la calidad de vida y la supervivencia de los municipios de la región.