Afganistán: el país que decidió borrar a sus mujeres

Jimena Moreiras Bernabé

Defensora de los derechos humanos

Hay lugares donde la discriminación no se esconde en frases ambiguas ni se disfraza de humor o de consejo. En Afganistán, desde agosto de 2021, la opresión contra las mujeres es una política de Estado ejecutada con la precisión de un programa de exterminio civil: no las matan (a todas), las hacen desaparecer. Les quitan la voz, el cuerpo, el nombre, el futuro. Lo que está ocurriendo allí no es un «retroceso». Es el desmantelamiento sistemático de toda infraestructura legal e institucional que alguna vez sostuvo sus derechos. Y tiene un nombre que la comunidad internacional empieza a adoptar formalmente: apartheid de género. La lista de lo que les han quitado es tan larga que cuesta creer que sea real, y empieza por la educación.

Las niñas afganas tienen prohibido asistir a la escuela secundaria y a la universidad desde 2021. Solo se permite, de forma restringida, la educación primaria. Las consecuencias documentadas incluyen trauma psicológico, aumento del matrimonio infantil, regresión económica y desestabilización social a largo plazo.

En cuanto al trabajo, han sido excluidas del mercado laboral salvo contadísimas excepciones, y expulsadas de puestos docentes. La prohibición se extendió incluso a trabajar para ONG y, posteriormente, para las propias Naciones Unidas. En muchas provincias no pueden salir de casa sin un familiar varón, no pueden subirse a un autobús con hombres y deben evitar ser vistas: se les prohíbe asomarse a ventanas o balcones, y los cristales de sus casas deben ser opacos.

No pueden vestir como quieran. No pueden practicar deporte. No pueden protestar. Se les niega la libertad de expresión. Y ahora, han prohibido libros escritos por mujeres, pretendiendo borrar sus voces también de la historia. Es difícil que una mujer afgana pueda elegir con quién casarse, cuántos hijos tener o cuándo mantener relaciones, no tienen autonomía.

El término apartheid de género no es retórica, describe un sistema de gobernanza basado en la subordinación de las mujeres que institucionaliza la discriminación sexual en las infraestructuras políticas, legales y culturales del Estado. El género se ha convertido en un eje central de luchas de poder a múltiples niveles en el Afganistán gobernado por el talibán: en las relaciones internacionales, en la política transnacional, dentro de la propia organización talibán, y entre hombres y mujeres afganos.

Lo que hace a este régimen particularmente horrible es su carácter integral: no se restringe un derecho, se eliminan todos, allí no se limita la participación, se borra la existencia pública. Un artículo académico lo describe como la «desaparición de las mujeres afganas de los espacios públicos», un proceso de erosión gradual que ocurre mientras el mundo mira hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin advertir que otra parte del planeta los ignora por completo.

La brecha entre este apoyo retórico a las mujeres afganas y las políticas reales es enorme. Las respuestas de organizaciones internacionales, gobiernos donantes y redes de defensa feminista muestran un abismo entre lo que se dice y lo que se hace. Afganistán sigue legalmente vinculado por sus obligaciones en tratados internacionales de derechos humanos a pesar del cambio de régimen, pero esa obligación jurídica es una letra muerta mientras no haya voluntad política para hacerla cumplir.

Afganistán nos recuerda que la discriminación no siempre necesita disfraz. A veces viene con decreto, con pistola, con descargas eléctricas en la cara de una estudiante universitaria. Y que cuando el lenguaje de los derechos humanos se vacía de consecuencias, cuando decir «igualdad» no obliga a nadie a nada, se convierte en otra forma de ficción.

Las mujeres afganas no necesitan que imaginemos su dolor, necesitan que su situación tenga consecuencias políticas reales: sanciones, condiciones a la ayuda, mecanismos de rendición de cuentas, y un marco legal internacional que reconozca el apartheid de género como lo que es: un crimen contra la humanidad.

Mientras tanto, siguen resistiendo. Con escuelas clandestinas, con libros prohibidos leídos a escondidas, con voces que llegan desde el exilio. Cuarenta años de lucha contra el apartheid de género no han acabado con su voluntad. Lo mínimo que podemos hacer es no olvidarlas.