Protección a la infancia.

A nivel de leyes podemos empezar citando la convención sobre derechos del Niño de Naciones Unidas (1989). En la Constitución española el artículo 39. También en España Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI), para la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia de Castilla y León clave para saber cómo se organiza.

Estas leyes se han burocratizado tanto que no garantizan, ni llegan a tiempo para los abusos y las necesidades.

Los centros propios de la Junta están avasallados por los sindicatos de los trabajadores que exigen unos derechos probablemente lícitos, que interfieren en el ambiente de familia con los niños. No podemos dejar de dar un biberón a medias porque se acaba el turno. Las figuras paternas deberían estudiar con los niños, cocinar con ellos, hacer deporte con ellos, pasear, etc. No vale que el psicólogo sólo hace informes, cocineros, personal de limpieza, monitores deportivos, educadores sociales, etc.

Los niños en los centros de menores los cuidaban monjas muchas veces. Después estamos Fundaciones y ONGS. Los que llevamos más de cuarenta años por vocación y sentido de justicia social estamos viendo un deterioro en las administraciones por motivos políticos.

Llaman privatización, pero la realidad es que deben cumplirse los derechos de la infancia con la mejor gestión y sostenibilidad. Los centros propios tienen más del doble de personal y unos presupuestos descontrolados. Mientras tanto los convenios y conciertos con las asociaciones se han convertido en justificaciones imposibles sin sentido y surrealistas que parten de la ignorancia sobre las necesidades e imprevistos de la infancia. Obligan a tener más gerentes que educadores. Pagan una educadora por cada turno con ocho menores que pueden ser de bandas, problemas de salud mental y niños demasiado pequeños. Cuando mataron a la educadora extremeña hubo eco en los medios, pero la infancia no vota y no parece prioritaria.

Bien merece una vida luchar por los derechos de toda la infancia, que no dependan de la clase social y los recursos de los padres. Garantizar un apego seguro y una educación de calidad. Eso no se consigue sólo con protocolos que muestran la desconfianza en las instituciones, registros imposibles de cada pequeña acción con cada menor al que si escribes tanto no acompañas. Los equipos de nuestras casas escuela de Santiago Uno son interdisciplinares y tenemos un bonito ecosistema de inclusión donde creo que sí tienen una atención integral. Son grandes profesionales pero sobre todo los educadores quieren a los niños y se comprometen con entrega y voluntariado. La deriva política y administrativa nos está ahogando. Pero matarán las oportunidades de la infancia si queda en manos de multinacionales que sí saben hacer negocio y protocolos.