Aunque haya mil gotas que colman desde hace lustros el vaso de la dignidad pisoteada, a veces esas gotas se vuelven descaro e insulto por su naturaleza indiferente, chulesca y despectiva. Es el caso del inicio del curso de Leonor de Borbón, presentado por la prensa de este país como acontecimiento social y popular, y que significa, aunque parezca menor, una nueva bofetada, ya sin siquiera moderación, en el rostro de la ciudadanía de este país, (mal) acostumbrado a convivir con el clasismo, la imposición y el descaro de la monarquía.
El “mérito” de haber convertido la monarquía en algo que ni es cuestionado siquiera por (ay) la izquierda política, no es un triunfo de la institución y mucho menos constatación alguna de su utilidad, sino una prueba más de que este país, social y políticamente, necesita una profunda reflexión colectiva desde el pensamiento progresista, un giro más a la izquierda, una vuelta al pensamiento y la reflexión en cuanto a qué tolera políticamente, qué justifica socialmente y con qué traga institucionalmente.
España arrastra una hipoteca histórica que ningún gobierno democrático ha tenido el valor de saldar: la monarquía borbónica, institución impuesta por la dictadura de Franco y mantenida, sobre todo, por la cobardía cómplice de una (ay) izquierda política que ha renunciado a sus principios republicanos en favor de una lagotería institucional vergonzosa.
La monarquía española actual no es fruto de la voluntad popular ni de un proceso constituyente libre. Es una obviedad, pero es preciso repetirlo. Franco, el sanguinario dictador, definió por imposición a España como "monarquía católica, social y representativa", y se reservó la designación del sucesor "a título de Rey" (Juan Carlos). Una imposición desde el poder fascista que había derrotado a la República a sangre y fuego; una imposición que traicionó al pueblo español que expulsó con su decisión libre en 1931 a los Borbones, cuando España votó masivamente por la República. La Guerra Civil (1936-1939) fue un golpe fascista que truncó esa voluntad y que la dictadura franquista (1939-1975) impuso, con los Borbones como garantía de continuidad del orden autoritario. La llamada Transición, un enjuague político y económico más que regular, lejos de romper con aquel legado, lo blindó mediante una Constitución que consagró la monarquía parlamentaria, mezclando la decisión de su aceptación con la de otros derechos en un paquete unitario que no pudo ser rechazado por los “sujetos democráticos” que, con la forma de Estado así impuesta, perdieron (perdimos) el adjetivo.
La familia real mantiene prebendas, inmunidad, protección judicial y una presencia simbólica (e inútil) que ofende a millones de españoles que ven que desde su nacimiento, y en cualquier momento de su vida, evento o circunstancia, son considerados súbditos y personas secundarias en el -ojalá que inexistente, pero no- escalafón de la dignidad. (Acusado de corrupción en contratos millonarios con Arabia Saudí, cuentas secretas en paraísos fiscales y un estilo de vida escandaloso ante cualquier sensibilidad y talla mínimamente ética, el sucesor de Franco y cabeza de la familia, Juan Carlos de Borbón, abdicado en 2014, vive exiliado en Abu Dhabi desde 2020, aunque cuando le place da inmensos pases de pecho a la ciudadanía española con sus paseos, regatas, comilonas y estancias en los cocederos de este país).
Son obviedades que es triste tener que seguir repitiendo, pero la democracia auténtica, real, el respeto a los derechos de ciudadanía, la igualdad, la justicia y los conceptos de “lo justo” y “lo democrático”, exigen confrontar esta anomalía histórica. No basta con reformas cosméticas o críticas puntuales y epidérmicas. La monarquía es una institución atávica, inútil y paralizante que perpetúa privilegios feudales en pleno siglo XXI, y solo mediante su abolición y la proclamación de la República podremos los españoles recuperar la soberanía popular arrebatada por el fascismo. Los partidos de (ay) izquierda deben posicionarse claramente, y no solo a nivel estatutario y programático sino en su acción política real: seguir siendo satélites zumbones de un sistema democrático de besamanos, mutilado en su autenticidad, o liderar la lucha por una democracia plena donde la soberanía del pueblo sea más que una frase.
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