La cúpula de COAG ha advertido en Salamaq 2026 sobre la crítica situación del sector del cereal, agravada por la importación masiva de grano ucraniano que ha provocado la pérdida de 224.000 hectáreas en Castilla y León. La organización exige la activación inmediata de cláusulas de salvaguarda y ayudas directas urgentes para evitar la ruina de los profesionales del campo.
La cúpula directiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha comparecido esta mañana en el marco de la feria agropecuaria Salamaq 2026. En este escenario, los líderes nacional, regional y provincial han expuesto la crítica situación que atraviesa el sector primario.
El encuentro ha contado con la participación de Andrés Góngora, secretario general de COAG a nivel nacional; Lorenzo Rivera, coordinador de COAG en Castilla y León; José Manuel Cortés, presidente de COAG Salamanca; Óscar Salazar, responsable de cultivos herbáceos; y Javier Fatás, miembro de la Ejecutiva nacional.
Asimismo, se ha destacado la presencia de Ángeles Santos, también miembro de la Ejecutiva nacional, quien compagina su labor de representación con la maternidad y la gestión de su propia explotación de ovino. Los portavoces han centrado sus reivindicaciones en la crisis del cereal, las alertas sanitarias y el futuro de la Política Agraria Común (PAC).
La entrada masiva de grano procedente de Ucrania ha provocado la pérdida de 224.000 hectáreas de cultivo en Castilla y León durante los últimos años. Según los datos facilitados por la organización, España importó en 2024 un total de cinco millones de toneladas de maíz y otros cinco millones de toneladas de trigo ucraniano.
El secretario general, Andrés Góngora, ha denunciado que los beneficios de estas importaciones no llegan a los pequeños productores ucranianos, sino a 10 grandes fondos de inversión que controlan unos cinco millones de hectáreas en ese país, con sedes sociales en Chipre, Luxemburgo, Estados Unidos, Países Bajos y Arabia.
"Ya está bien de demagogia, ya está bien de engañar a la sociedad europea diciendo que ayudas a un pueblo, cuando lo que estás ayudando es a un fondo de inversión", ha aseverado Góngora. Por ello, COAG exige activar de inmediato las cláusulas de salvaguarda para frenar la exención arancelaria.
La organización agraria iniciará una ronda de reuniones en el Parlamento Europeo antes de que finalice el mes para exigir trazabilidad y compensaciones económicas. Los portavoces insisten en que los profesionales del campo no deben pagar las consecuencias de los conflictos geopolíticos.
Las principales demandas de la coordinadora son:
COAG ha valorado positivamente la reciente suspensión de las importaciones de vacuno de Brasil tras detectarse el uso de hormonas prohibidas en la Unión Europea. No obstante, la organización critica que la medida se haya adoptado en septiembre, a pesar de que la detección se produjo en el mes de mayo.
"Las importaciones no son seguras, lo que no se produce en Europa no tiene la misma garantía ni la misma calidad", ha advertido Andrés Góngora. Ante esta situación, exigen extender la suspensión a todas las compras de carne y miel procedentes de los países de Mercosur, especialmente de Argentina.
Ante la próxima reforma de la PAC, COAG muestra su preocupación por un posible recorte de hasta el 20 % en el marco presupuestario. La organización exige que esta política mantenga un presupuesto propio e independiente para garantizar la seguridad alimentaria del continente.
Asimismo, rechazan la cofinanciación estatal de la Organización Común de Mercados (OCM) para evitar desigualdades entre países. Los dirigentes defienden que los fondos deben destinarse exclusivamente a los profesionales del campo que trabajan diariamente en sus explotaciones.
Por su parte, el coordinador regional de COAG, Lorenzo Rivera, ha recordado que la comunidad autónoma ha pasado de sembrar más de dos millones de hectáreas de cereal a perder casi 300.000 hectáreas en los últimos años debido a la falta de rentabilidad y al aumento de costes.
Rivera ha instado a la Junta de Castilla y León a habilitar ayudas directas urgentes. "Si no reaccionamos, nos arruinamos", ha sentenciado el coordinador, quien lamenta que el sector agrario sea utilizado sistemáticamente como moneda de cambio en los acuerdos comerciales internacionales de la Unión Europea.