Letonia envía un preocupante mensaje al iniciar el proceso para abandonar la Convención de Estambul contra la violencia sobre la mujer. Amnistía Internacional denuncia esta decisión.
Daniel Cano Sánchez
Defensor de los derechos humanos
Según un análisis de Eurostat de 2023, Letonia es con holgada diferencia el país de la Unión Europea con mayor tasa de feminicidios. Se estima que el país báltico ronda los 17 feminicidios por millón de personas, alejándose considerablemente de la media de la Unión Europea, situada en 4,1. Queda ya muy lejos de los países punteros en la lucha contra la violencia de género, como España (2) o Grecia (1,8), y se aleja del segundo peor situado, Lituania (10). Esta desfavorable situación de partida solo incrementa la preocupación internacional por la reciente salida del país de la Convención de Estambul.
La presión de la ultraderecha ha sido en gran parte responsable de la desvinculación de Letonia del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, firmado en Estambul en el año 2011. En específico, ha sido el resultado de la moción del partido ultraderechista de la oposición «Letonia Primero». Esta decisión sigue la estela de la propia Turquía, que ya se retiró en 2021, bajo la dirección del gobierno conservador de Erdogan. Las razones expedidas por ambos estados son muy similares: se alega que las medidas del convenio promueven la homosexualidad y la transexualidad y que, al haber sido impuestas desde el exterior, violan la soberanía nacional. Estas justificaciones son débiles, considerando que los artículos a los que se aluden tratan simplemente de proteger a las personas del colectivo LGBTIQA+ de la discriminación y, en ningún caso, exigen la legalización del matrimonio homosexual o del cambio de sexo. Se evoca también en ambos casos que los países ya poseen legislación propia contra la violencia de género y que no necesitan de leyes externas que promulguen la «ideología de género». Es evidente, atendiendo a los datos, que estas «legislaciones propias» a las que aluden los partidos de la ultraderecha letona y turca no son las más eficaces. Es paradójico, por otra parte, que dos de los países europeos que más parecen necesitar de las medidas que ofrece el Convenio de Estambul sean los que hayan decidido desligarse del mismo.
Amnistía Internacional denuncia la vulneración de derechos humanos a la que conduce la retirada letona del Convenio de Estambul. En especial, se pueden citar el artículo 3, que asegura que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, la seguridad y la libertad; el artículo 5, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos y crueles; el artículo 7, que garantiza una protección igualitaria de la ley para todos, especialmente en casos de discriminación y vulneración de los derechos humanos; y el artículo 8, que destaca que «toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley». Se puede citar inclusive el artículo 16, que, de forma antitética, es uno de los que ha usado «Letonia Primero» en su moción. Este postula que «la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado». ¿Y qué mayor protección de la familia que proteger las vidas de las mujeres?
Amnistía Internacional llama a una reincorporación de Letonia al Convenio de Estambul, así como a una aplicación más concienzuda y eficiente de las medidas de este, con el objetivo de que el país deje de encontrarse a la cola de la lucha europea contra la violencia de género.
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