El retroceso de los derechos humanos proveniente de Estados Unidos
El Informe Mundial de Human Rights Watch de 2026 denuncia que Estados Unidos se ha convertido en una amenaza para los derechos humanos.
George Miguel Gardner García
Defensor de los derechos humanos
La organización Human Rights Watch, en su informe anual, ha señalado al gobierno estadounidense por contribuir a la creciente ola de autoritarismo en el mundo. De hecho, la organización ha señalado al país norteamericano como una amenaza para los derechos humanos y normas internacionales. Hay una serie de asuntos de actualidad que muestran una preocupante tendencia de creciente autoritarismo. Durante mucho tiempo, sobre todo desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos se ha considerado como el policía del mundo, encargándose de defender los derechos humanos e incluso intervenir para impedir abusos mayores. Esto lo vimos con la intervención de EE. UU. junto a otros países de la OTAN en la Guerra de Yugoslavia para impedir que continuase el genocidio de los serbios contra los kosovares en 1999.
Estados Unidos siempre ha tenido problemas de derechos humanos, sobre todo con sus intervenciones en Oriente Medio o América Latina, o, sin ir más lejos, con la prisión militar de Guantánamo en Cuba, notoria por los numerosos casos documentados de torturas. Puede parecer superfluo, pero hay una diferencia importante entre llevar a cabo actuaciones cuestionables amparándose en la democracia y los derechos humanos por un lado, y abiertamente despreciar los derechos humanos y la legalidad internacional por el otro como hace el gobierno del Presidente Donald Trump. Como la mayor superpotencia del mundo, la actitud de Estados Unidos influye en el comportamiento de los demás países.
Si miramos la legalidad internacional, la actuación de Estados Unidos contra Venezuela, bombardeando barcos en el Mar Caribe acusados de ser narcotraficantes sin pruebas y a menudo siendo simplemente pescadores. Incluso si hubiera narcotraficantes entre las víctimas de los ataques de las fuerzas armadas estadounidenses, sigue rigiendo la legalidad internacional e incluso interna de Estados Unidos. Asesinar a personas extrajudicialmente es un fenómeno muy preocupante ya que lleva al debilitamiento del Estado de derecho en todo el mundo. El expresidente de Filipinas Roberto Duterte se encuentra actualmente en una cárcel de la Haya acusado de crímenes de lesa humanidad por asesinar extrajudicialmente a supuestos narcotraficantes. Lejos de condenar esta ilegalidad, Estados Unidos hace lo mismo en el Caribe y no reconoce la autoridad de la Corte Internacional Penal. Recientemente han ido más allá y han sancionado a altos cargos de la Corte de la Haya por mandar una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de defensa Yoav Golant.
La intervención estadounidense el pasado 3 de enero para capturar al Presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa es un caso flagrante de vulneración de la legalidad internacional con repercusiones muy graves para la estabilidad mundial. Con esto, Rusia justifica su invasión ilegal de Ucrania e incluso China podría ampararse en esto para una posible futura invasión de Taiwán. Hemos de recordar que el derecho internacional es importante no sólo por motivos éticos sino también por motivos prácticos, ya que es la mejor herramienta para evitar conflictos y asegurar la integridad territorial de los países.
En cuanto a su política interior, el gobierno estadounidense ha creado una fuerza paramilitar llamada ICE con la escusa de deportar a inmigrantes indocumentados, pero cuya función se ha convertido en una fuerza de terror. Esta organización ha capturado y asesinado a personas incluso ciudadanos estadounidenses, mostrando total desprecio al Estado de derecho y a la dignidad humana. Steve Banon, asesor cercano al presidente estadounidense, ha hablado abiertamente de enviar agentes del ICE a «vigilar» a los colegios electorales con la intención de intimidar a los votantes y evitar que la oposición gane las elecciones legislativas en noviembre.
El pasado 20 de febrero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que los aranceles que había impuesto el presidente eran ilegales, ya que imponer aranceles es una competencia del Congreso y no del presidente. Pese a esta sentencia firme, Trump dijo que no iba a obedecer la sentencia y que iba a continuar imponiendo aranceles al resto del mundo. Esta desobediencia es grave porque quiebra el Estado de derecho y la separación de poderes, pilar fundamental de la democracia.
Si EE. UU. actúa con desprecio a la democracia es más difícil condenar a los regímenes autoritarios que encontramos cada vez más en el mundo, pues normaliza comportamientos inaceptables en una democracia.
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