UPL exige a la Junta que auxilie a los pequeños municipios con la Ley de Bienestar Animal
UPL pide a la Junta que auxilie a los Ayuntamientos en la Ley de Bienestar Animal
La formación advierte de la falta de recursos locales y propone que la administración autonómica asuma estas competencias de forma subsidiaria o las derive a las Diputaciones Provinciales
Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas para instar a la Junta de Castilla y León a impulsar medidas de auxilio a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
La formación leonesista advierte de las notables dificultades que plantea la aplicación de esta normativa estatal para las entidades locales. Ante la escasez de recursos en los municipios más pequeños, UPL recuerda que la propia ley habilita a la administración autonómica a asumir estas responsabilidades de forma subsidiaria, así como a desarrollar una normativa propia que exima a los consistorios de estas cargas.
En su iniciativa parlamentaria, UPL solicita a la Junta la puesta en marcha de un órgano o mecanismo que facilite la recogida de animales extraviados y abandonados, su atención veterinaria, el alojamiento en centros de protección animal y el control poblacional no letal de la fauna urbana, aspectos regulados en el artículo 22 de la citada ley.
Los leonesistas inciden en que, si bien el artículo 22.4 de la Ley 7/2023 establece que la gestión y el cuidado de los animales desamparados corresponde a la administración local en ausencia de otra previsión autonómica, el mismo texto legal contempla que esta competencia puede recaer "subsidiariamente, a la autonómica". Por ello, reclaman que la Junta dé un paso al frente ante la "escasez de medios personales, técnicos y económicos" de los pequeños ayuntamientos.
Asimismo, desde UPL se urge a la Junta de Castilla y León a tramitar una "legislación autonómica específica" que permita derivar formalmente a las Diputaciones Provinciales las obligaciones que el artículo 22.1 impone a los municipios. La formación recuerda que la ley estatal prevé que, bajo los términos que fije la normativa de la comunidad, estas competencias puedan delegarse en agrupaciones de municipios o en las instituciones provinciales.
La asunción de estas tareas por parte de la Junta o de las Diputaciones, según argumenta la formación, redundaría en beneficio tanto de las administraciones locales como de los propios animales. De este modo, se facilitaría la recogida y el alojamiento en centros de protección autorizados, aliviando a los pequeños municipios de la obligación de "contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales", una exigencia que les resulta inviable en la práctica.
Finalmente, desde UPL insisten en que "no se puede cargar a los ayuntamientos con funciones que no pueden asumir por no contar con los medios necesarios", señalando que deben ser las administraciones con mayor capacidad y recursos las que asuman estas tareas para garantizar de manera efectiva los derechos de los animales y el cumplimiento de la legalidad vigente.
