Hartazgo entre los trabajadores del transporte sanitario de Salamanca: "Muchos compañeros necesitan un segundo empleo para subsistir"
Imagen de archivo de dos trabajadores de ambulancias. En pequeño el representante de SP-TES en Salamanca, José María García
Entre las principales demandas destacan la mejora de los salarios, ya que casi la mitad de la plantilla percibe el sueldo mínimo, y el aumento de personal para evitar retrasos en el servicio
Los profesionales de las ambulancias en la provincia inician una ronda de negociaciones clave con la patronal para renovar su marco laboral. El colectivo demanda una dignificación inmediata de sus condiciones de trabajo y un incremento retributivo que palíe la pérdida de poder adquisitivo de una plantilla que, en gran parte, percibe el salario mínimo.
La mesa de negociación para el nuevo convenio colectivo del sector de las emergencias sanitarias ya se ha constituido formalmente. Este paso se ha producido tras forzar una mediación en el SERLA (Servicio de Relaciones Laborales) por parte del sindicato SP-TES, con el objetivo de adelantar los plazos de un acuerdo muy esperado. El actual marco regulador expira el próximo 31 de diciembre, pero los representantes de los trabajadores han decidido actuar con celeridad. La meta es cerrar el pacto antes de que se ejecute la prórroga del concierto con la Junta de Castilla y León, prevista para mayo del próximo año.
El representante de SP-TES en Salamanca, José María García, afronta este proceso con una mezcla de optimismo y cautela. "No sabemos qué es lo que pretende la empresa", advierte el portavoz, quien prefiere no tirar las campanas al vuelo hasta conocer las propuestas reales de la patronal.
La realidad del transporte sanitario en la provincia y en el resto de la comunidad autónoma está marcada por una profunda precariedad económica. Según los representantes sindicales, las condiciones actuales resultan insostenibles para la mayor parte de los profesionales del sector.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones económicas de la plantilla?
El principal escollo de la negociación es, sin duda, el aspecto salarial. El sindicato denuncia que casi la mitad de la plantilla percibe actualmente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una retribución que consideran del todo insuficiente para la responsabilidad de su labor.
"Andar con el salario mínimo en un sector donde nos exigen una titulación y unos estudios parece bastante precario", lamenta García. Los profesionales de Castilla y León tienen los salarios más bajos de toda España en este ámbito. Esta situación obliga a muchos técnicos a buscar un segundo trabajo para poder subsistir. Para el sindicato, resulta inadmisible que un servicio que depende directamente de la administración pública obligue a sus empleados al pluriempleo.
"No es concebible que un servicio como el de las ambulancias, ya sean de emergencias o programado, esté externalizado", argumenta García. Al ser una de las puertas de entrada al sistema de salud, la gestión privada "sale más caro" que la pública.
El portavoz señala que otras comunidades autónomas ya están internalizando el transporte sanitario con éxito. Según explica, estas regiones están logrando un control más eficiente del gasto y una mejora directa en la calidad asistencial que reciben los ciudadanos.
Por otro lado, añade que "tenemos una titulación que acredita que somos técnicos en emergencias sanitarias, que es un grado sanitario", reivindica el representante salmantino. Esta falta de reconocimiento formal tiene un impacto directo tanto en su estatus como en sus tablas salariales.
¿Cómo afecta la falta de personal al servicio diario en Salamanca?
La escasez de personal es una constante que afecta gravemente a la operatividad diaria. El sindicato afirma que las empresas privadas recortan costes en las plantillas, lo que obliga a trabajar siempre con números muy ajustados.
Esta falta de efectivos se traduce en retrasos en los servicios programados. "La gran mayoría de los días no das abasto, estás continuamente trabajando por la falta de personal", explica García, detallando la sobrecarga física que sufren.
El portavoz ilustra la situación con datos concretos del servicio programado: en turnos donde la Junta exige la presencia de 27 o 28 trabajadores, las empresas apenas cubren el servicio con 24 o 25 profesionales, situándose sistemáticamente por debajo de los mínimos.
"Si la administración hiciese inspecciones rigurosas, se daría cuenta de que la mayoría de los días no hay el personal exigido para cubrir el servicio", asevera García. Esta problemática, asegura, se repite de forma idéntica en todas las provincias de la región.
Preocupación por el repunte de agresiones a los profesionales
La seguridad física de los técnicos es otro de los puntos críticos. Aunque en las últimas semanas no se han registrado nuevos incidentes, el balance del primer cuatrimestre del año ha sido altamente preocupante para el colectivo.
"Llevar en los cuatro primeros meses el mismo número de agresiones que en todo el año pasado es una barbaridad", advierte el representante. Los trabajadores confiesan sentirse totalmente indefensos ante las situaciones de violencia verbal y física.
A pesar de la dureza de la situación, el colectivo afronta la negociación con la firme esperanza de lograr un sueldo y condiciones dignas. "Siempre hay que ser optimista para intentar dignificar nuestra profesión", concluye García.
