El colectivo advierte del riesgo que supone el incremento en el movimiento de animales vacunados procedentes de Francia, Cataluña y Aragón, por lo que reclama intensificar la vigilancia veterinaria y prorrogar las medidas cautelares
La Asociación de Ganaderos 19 de Abril ha trasladado una petición formal a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León para exigir que se extremen todas las medidas de control y prevención frente a la DNC. El colectivo considera imprescindible que se garantice, con el máximo rigor, el cumplimiento de la legislación sanitaria vigente.
La organización profesional advierte de que se están produciendo movimientos de animales vacunados desde zonas de Francia, Cataluña y Aragón. Asimismo, señalan que el tránsito de ganado bovino procedente de estos territorios hacia la comunidad autónoma seguirá incrementándose, lo que puede suponer un riesgo para la cabaña ganadera local.
Por este motivo, han solicitado que los Servicios Veterinarios Oficiales intensifiquen la vigilancia y el control de las explotaciones bovinas que reciban animales de estas zonas. La asociación reclama verificar de manera exhaustiva el cumplimiento de todas las medidas obligatorias de bioseguridad.
En concreto, la agrupación ganadera demanda que se incida especialmente en las siguientes actuaciones:
Desde la asociación insisten en que el sector se juega su futuro desde el punto de vista sanitario, económico y productivo. Recuerdan que un solo caso positivo conlleva el vacío de la explotación, por lo que rechazan que el afán lucrativo o los intereses particulares de determinados operadores pongan en riesgo a los ganaderos de la zona.
Ante esta situación, consideran necesario que las medidas cautelares frente a la DNC que actualmente están vigentes en Castilla y León sean prorrogadas más allá del próximo 31 de mayo.
Del mismo modo, la organización sigue considerando necesario un cambio en la categoría sanitaria de la enfermedad, así como ampliar la estrategia de vacunación preventiva más allá de las zonas actualmente autorizadas o permitidas, defendiendo que la prevención debe anticiparse al riesgo y no limitarse a las áreas afectadas o limítrofes.
Por último, insisten en la importancia de que la administración de Castilla y León continúe trasladando, defendiendo y reivindicando esta postura ante todas las instancias competentes, tanto nacionales como europeas, para proteger al sector bovino y evitar consecuencias sanitarias y económicas lamentables.