El Tribunal Supremo ha anulado la obligatoriedad de inscribir las viviendas vacacionales en el Registro Único de Arrendamientos (RUA) estatal. La asociación salmantina AESVAT celebra esta reducción burocrática, mientras Ciudad Rodrigo se consolida como el segundo municipio de la provincia con más alojamientos de este tipo, alcanzando las 73 licencias.
El alto tribunal elimina la obligación de inscribir las propiedades en el Registro Único de Arrendamientos (RUA) al considerar que el Gobierno central excede sus atribuciones. La medida judicial reduce de forma inmediata la carga burocrática para los propietarios y determina que la normativa aplicable queda limitada a la legislación de cada comunidad autónoma.
La sentencia, fechada el pasado 19 de mayo de 2026, responde a los recursos presentados por varias comunidades autónomas contra el Real Decreto 1312/2024. Los magistrados declaran nulos los preceptos que regulaban esta inscripción obligatoria, argumentando que el Estado carece de competencias para imponer una regulación exhaustiva en esta materia.
El RUA comenzó a funcionar en 2025 como una herramienta del Gobierno central diseñada para controlar el auge de los alojamientos vacacionales, combatir el fraude y aumentar la transparencia. Sin embargo, su anulación supone en la práctica una reducción de la burocracia para los titulares de Apartamentos Turísticos (AT) y Viviendas de Uso Turístico (VUT).
Esta decisión se suma a otras resoluciones recientes orientadas a reforzar la seguridad jurídica en el sector. Como antecedente directo, el mismo tribunal ya estableció en 2025 que el uso turístico de las viviendas no puede prohibirse sin una mención expresa en los estatutos de las comunidades de propietarios.
Desde el ámbito local, la Asociación de Empresarios Salmantinos de Viviendas y Apartamentos Turísticos (AESVAT), integrada en CEOE CEPYME Salamanca, ha valorado positivamente el fallo. El colectivo ya había denunciado previamente que este registro estatal duplicaba las estructuras autonómicas existentes y añadía cargas administrativas innecesarias.
La presidenta de AESVAT, Teresa Majeroni, ha asegurado que "esta resolución evidencia que el excesivo intervencionismo no solo no resuelve los problemas del mercado, sino que genera duplicidades, inseguridad jurídica y frena la actividad económica".
La representante del sector apuesta por una regulación proporcionada y coordinada que respete las competencias territoriales. Asimismo, la asociación, que forma parte de la Federación Regional FEVACYL, reitera su compromiso con la profesionalización del alquiler turístico como motor económico local.
En paralelo a esta actualidad judicial, el Observatorio de la Vivienda Turística de AESVAT ha analizado la evolución del sector en la provincia. El municipio de Ciudad Rodrigo experimenta un notable incremento en su oferta, contando actualmente con 73 viviendas turísticas que suman un total de 383 plazas disponibles para los visitantes.
Estos datos, basados en los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) de noviembre de 2025, reflejan un crecimiento interanual del 17,7 %. En comparación con el mismo mes del año anterior, el inventario mirobrigense ha sumado 11 nuevos inmuebles destinados a este fin, consolidando una tendencia al alza en la comarca.
A pesar de este aumento, la proporción sobre el mercado inmobiliario local se mantiene en niveles moderados. Las viviendas turísticas representan únicamente el 0,77 % del parque residencial total del municipio, que asciende a 9.525 viviendas familiares. Cada uno de estos alojamientos ofrece un promedio de 5,25 plazas.
En el contexto geográfico, la localidad se posiciona como el segundo municipio con mayor número de viviendas turísticas de toda la provincia de Salamanca, que cuenta con un total de 362 localidades. A nivel autonómico, ocupa el duodécimo puesto entre los 2.248 municipios de Castilla y León, y se sitúa en la posición 475 en el conjunto de España.
Un aspecto destacado del informe es la brecha existente entre la oferta detectada en plataformas digitales y las licencias formales. Mientras que el INE contabiliza 73 viviendas anunciadas activamente, el registro de la Junta de Castilla y León documenta únicamente 52 inmuebles con licencia oficial.
Esta diferencia de 21 viviendas podría reflejar la existencia de una oferta sin inscripción formal en la administración autonómica. No obstante, los expertos del sector señalan que esta discrepancia también puede deberse a diferencias metodológicas en la recopilación de datos entre ambas instituciones.