El silencioso juicio de la trama eólica de la Junta

Aunque hace ya dos meses que se inició el juicio de la trama eólica, un caso de presunta corrupción que afecta directamente a la Junta de Castilla y León, en cuyo seno se habría dado un reparto de mordidas a cambio de adjudicaciones que se calculan en 75 millones de euros y un centenar de parques eólicos implicados, este caso apenas ha tenido recorrido mediático dentro de la comunidad autónoma, sobre la cual está pasando prácticamente en silencio.

En este aspecto, la justicia está juzgando desde septiembre la presunta existencia de una trama de corrupción que habría operado en la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León entre 2004 y 2015, en la que se habrían realizado presuntamente adjudicaciones irregulares de parques eólicos por parte de la Junta, con mordidas millonarias para altos cargos de la Junta y empresarios locales a cambio de comisiones y cesiones obligadas de derechos.

En esta presunta red de corrupción, varios testigos llamados a declarar en el juicio han apuntado como uno de los supuestos ‘cabecillas’ de dicha trama a quien fuera Viceconsejero de Economía de la Junta entre 2003 y 2007 y Secretario General de Economía de la Junta entre 2007 y 2011, Rafael Delgado, a quien diversas partes han apuntado como la persona más determinante para intervenir en los procesos de adjudicación de parques eólicos, presuntamente en beneficio de un engranaje de mordidas a cambio de adjudicaciones en el seno de la Junta.

Y es que, según apuntaba en el juicio un inversor zamorano afectado por la trama, Delgado era el que “repartía el bacalao”, y supuestamente le habría instado a aliarse de forma obligada con empresarios afines a la Junta para poder obtener las adjudicaciones, señalando en el juicio que “me decían que para entrar en evacuación había que tener un socio local. Soy zamorano de toda la vida, había construido tres parques y nunca me lo habían pedido. No entendía nada”.

Asimismo, otro empresario llamado a declarar señalaba directamente al superior de Delgado, Tomás Villanueva, fallecido en 2017, que fue Consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León entre 2003 y 2015, así como previamente Vicepresidente de la Junta (entre 2001 y 2003), Consejero de Educación y Cultura (entre 1999 y 2003) y Consejero de Industria, Comercio y Turismo (entre 1995 y 1999), además de presidente del PP de Valladolid entre 1993 y 2008.

Este empresario reconoció ante el Tribunal haber cedido sin coste parques eólicos en los Montes Torozos (Valladolid) a un empresario local que le indicó la Junta, siguiendo supuestamente las indicaciones de Villanueva, para poder obtener las autorizaciones que solicitaba en Sahagún (León), cuyos expedientes permanecían “paralizados en un cajón” durante al menos dos años. Así, este empresario señalaba en el juzgado que el Consejero de Economía de la Junta “me dijo que tenía que ceder la mitad de los parques a un señor si quería obtener autorización. De lo contrario, podía quedarme sin ninguno”, desbloqueándose el expediente tras acceder a ello.

Sobre la forma de actuar de la supuesta trama, se ha apuntado que en 2003, el mencionado Viceconsejero de la Junta habría indicado a los jefes de servicio territoriales de Industria (de los que supuestamente dependían las autorizaciones) que no dieran la autorización de ningún parque eólico, señalando a quien fuera Director General de Energía y Minas de la Junta, Manuel Ordóñez, que desarrollase una instrucción para ordenar a los servicios territoriales que traspasasen al Viceconsejero de Economía la autorización de nuevos parques eólicos, quedando así en manos de Rafael Delgado las autorizaciones, lo que le habría permitido paralizar presuntamente expedientes hasta que los promotores accediesen a las condiciones que supuestamente se les imponían a cambio.

En este mismo sentido, un promotor eólico ha declarado este mes en el juicio que para desbloquear un parque eólico en la provincia de Salamanca, concretamente en Zarapicos, tuvo que pagar 3 millones en una cuenta de Mónaco que presuntamente estaría ligada a altos cargos de la Junta, al señalar este promotor en el juicio a Villanueva y Delgado como muñidores de la trama, hecho que explicaría la fortuna tanto en dinero como en bienes que amasó el Viceconsejero de la Junta según han relatado diversos medios.

Por su parte, el inspector de Hacienda que elaboró hace 11 años el informe que ha derivado en la investigación y juicio de esta trama, ha declarado esta semana en el juicio que las operaciones de compraventa de acciones y creación de sociedades en la tramitación de los parques eólicos serían una “simulación fiscal de libro”, que habría tenido como consecuencia la presunta comisión de diferentes delitos fiscales.

Sin embargo, a pesar de todo ello, el juicio de la trama eólica está pasando de forma prácticamente silenciosa, sin apenas espacio en los medios de comunicación de León y Castilla. Puede que eso explique que este sábado, en Burgos, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, animase a la población a manifestarse contra la corrupción, quizá sin ser consciente de que, precisamente en la comunidad de Castilla y León en que hizo ese llamamiento, se está juzgando desde hace dos meses un grave caso de corrupción en el seno de una Junta que su partido gobierna y gobernaba cuando se desarrolló la trama eólica.

A su lado, en dicho mitin, estaba y tomaba la palabra el actual Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que curiosamente formaba parte de la Junta en los años en que desarrolló su actividad la denominada ‘trama eólica’, como Consejero de Presidencia y Administración Territorial entre 2001 y 2007, y Consejero de Justicia e Interior entre 2007 y 2011, siendo entonces Secretario General del PP de Castilla y León, cargo que ostentó entre 2002 y 2017, al margen no obstante de la Consejería de Economía en que desarrolló su actividad la trama encabezada supuestamente por Villanueva y Delgado.

Veamos, en todo caso, cómo se sigue desarrollando el juicio de la trama eólica, cuyo final está previsto para el 28 de enero. No obstante, vista la complejidad del caso en cuanto a número de imputados y testigos convocados, no parece que la sentencia pueda ser dictada por el juez antes de las elecciones autonómicas, por lo que previsiblemente no tendrá consecuencias para el PP en la campaña y elecciones autonómicas, que pese a ello tendrá que seguir cruzando los dedos para que el juicio siga pasando sin pena ni gloria entre los castellanos y los leoneses.