La razón por la que los pisos turísticos de Salamanca no son ilegales según los jueces

La justicia ha comenzado a dictar sentencias en el pulso que enfrenta a los propietarios de apartamentos y viviendas de uso turístico (AT y VUT) con el Ayuntamiento de Salamanca. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº 1 y nº 2 de la ciudad han anulado las órdenes de cierre emitidas por el consistorio al considerar que ha existido un cambio de criterio arbitrario y una vulneración de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena administración.

El conflicto se originó en el verano de 2024, cuando el Ayuntamiento anunció su intención de crear una nueva ordenanza municipal para regular este tipo de alojamientos. Esta decisión provocó la movilización del sector, que se organizó en asociaciones como la Asociación Salmantina de Viviendas y Apartamentos Turísticos y la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León. Tras un periodo de alegaciones, la ordenanza fue promulgada y el consistorio comenzó a actuar contra numerosos inmuebles.

"El principal argumento municipal ha sido el supuesto incumplimiento de la legalidad urbanística, basándose en una nueva interpretación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2007", explicaba el letrado Alfonso Hernández, de Lafisconta SL, al tiempo que añadía que "el Ayuntamiento ha asimilado las viviendas turísticas al uso terciario hotelero, una categoría que no les corresponde y que el propio plan, anterior al auge de este modelo de alojamiento, no contemplaba".

"Los jueces coinciden en que el ayuntamiento ha aplicado de forma retroactiva y sin base normativa una nueva interpretación del plan general de ordenación urbana del año 2007", ha añadido Hernández. Esta actuación ha sido calificada en las sentencias como "arbitraria y contraria a los principios constitucionales".

Más de 10 sentencias

Las resoluciones judiciales, que ya suman entre 10 y 14, según los letrados, son mayoritariamente favorables a los propietarios. El núcleo de la argumentación judicial se centra en que el Ayuntamiento ha modificado su criterio sin que haya habido un cambio legal que lo respalde. Durante años, estos establecimientos operaron con su licencia de la Junta de Castilla y León, algunos desde 2018 o incluso antes, sin que se les opusiera reparo urbanístico alguno.

El abogado Jesús Carballares ha subrayado que los propietarios "han cumplido toda la legalidad vigente en el momento en que solicitaron la inscripción en el registro de turismo de la Junta de Castilla y León". Sin embargo, el consistorio ha utilizado la exigencia de un expediente de comunicación ambiental, obligatorio desde 2020, como una "especie de licencia" para revisar la situación urbanística de inmuebles ya legalizados.

Según estos abogados, las sentencias destacan estos cuatro puntos clave:

• "No ha existido una modificación legal del PGOU ni del decreto autonómico que regula el turismo.
• Las viviendas de uso turístico constituyen una actividad residencial especial, no terciaria u hotelera.
• El cambio de criterio del Ayuntamiento entre 2023 y 2024 carece de justificación legal.
• Se ha vulnerado la doctrina de los actos propios y el principio de buena administración".

De hecho, los propios expedientes contienen informes de técnicos municipales que, en su momento, afirmaron que el PGOU de 2007 no regulaba específicamente estas viviendas. "Es muy complicado que en esa época se pensara en las VUTs y las ATs", ha recordado Hernández, aludiendo a que son figuras reguladas mucho tiempo después.

Aclarar la situación a la opinión pública

Por su parte, Jesús Carballares ha justificado la comparecencia pública de los abogados, una práctica poco habitual en su profesión, por la necesidad de aclarar la situación ante la opinión pública. "Se ha podido entender que los apartamentos o las viviendas son ilegales", ha lamentado, insistiendo en que el objetivo era dar a conocer que "las sentencias dicen que estaban en plena legalidad y que el ayuntamiento hay cosas que ha hecho mal".

Estas resoluciones judiciales marcan un punto de inflexión en la regulación del alojamiento turístico en Salamanca. Aunque el debate sobre el modelo turístico de la ciudad sigue abierto, la justicia ha dejado claro que "cualquier cambio normativo debe realizarse respetando los principios de seguridad jurídica y sin aplicar nuevas interpretaciones de forma retroactiva y arbitraria contra quienes, en su día, cumplieron con la legalidad vigente", concluían los letrados.

Por su parte, el Ayuntamiento ha anunciado esta misma mañana que recurrirá las sentencias.

Foto de David Sañudo