Esta acción judicial se produjo dentro de los cinco días después de que la Audiencia Provincial de Salamanca desestimara, cuatro tres meses, el recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó por un accidente laboral sufrido por un empleado municipal en 2018.
La Audiencia Provincial de Salamanca ratifica la condena de seis meses de prisión e inhabilitación para el exalcalde de Vitigudino, Germán Vicente. La sentencia, recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, lo considera responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave debido al accidente laboral que sufrió un empleado municipal hace siete años.
El fallo de la Audiencia Provincial, con fecha del pasado 11 de junio de 2025, desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa de Vicente, así como el interpuesto por el Ayuntamiento de Vitigudino, que se había adherido al mismo. De este modo, se confirma la sentencia original dictada el 26 de agosto de 2024 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Salamanca.
La condena incluye, además de los seis meses de prisión, la inhabilitación especial para ejercer el cargo de alcalde y de responsable de seguridad en entidades públicas o privadas durante el mismo periodo. También se le impuso una multa de 10 euros diarios durante seis meses y el pago de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar, conjuntamente con el Ayuntamiento y la aseguradora MAPFRE, al trabajador afectado con 48.035 euros.
Tras esta confirmación, el actual concejal del PSOE en el Consistorio vitigudinense ha decidido elevar el caso al Tribunal Supremo mediante la presentación de un recurso de casación, la última vía judicial para intentar revertir el fallo.
El suceso que originó el procedimiento judicial tuvo lugar el 15 de octubre de 2018. Aquel día, un ordenanza municipal se disponía a mover el telón del escenario en el salón de actos del Centro Cultural de Vitigudino. Para ello, utilizó una escalera de mano extensible, ya que el mecanismo del telón era manual y requería ser manipulado desde una altura considerable.
Mientras el operario se encontraba a unos tres metros del suelo, una de las pestañas que sujetaba el tramo extensible de la escalera se rompió, provocando su caída y causándole graves lesiones. Entre otras, sufrió traumatismo craneoencefálico, fracturas en el rostro, vértebras y costillas. Como consecuencia de las secuelas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció la incapacidad permanente total para su profesión habitual.
La sentencia inicial determinó que la causa principal del accidente fue un "incorrecto procedimiento de trabajo", ya que el empleado se veía obligado a subirse a la escalera al no existir un sistema de cuerdas o automático. Como causa coadyuvante, se señaló la "inadecuada revisión y mantenimiento" de la citada escalera.
En su recurso de apelación, la defensa de Germán Vicente alegó, entre otros motivos, un error en la valoración de la prueba, argumentando que el alcalde no era quien daba directamente las instrucciones de trabajo. También se apuntó a una posible imprudencia del trabajador y se cuestionó la pena de inhabilitación para el cargo de alcalde.
Sin embargo, la Audiencia Provincial ha rechazado todos estos puntos. El tribunal considera que la jueza de primera instancia valoró correctamente las pruebas y concluye que, en su condición de alcalde, Vicente era el máximo responsable de la seguridad de los empleados municipales, al no constar una delegación expresa de estas funciones. La sentencia subraya que el regidor estaba "legalmente obligado" a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñaran su actividad con las medidas de seguridad adecuadas.
Cuando conoció la primera sentencia, Germán Vicente calificó el fallo como "un despropósito total" y defendió su inocencia. "Un alcalde no puede estar pendiente a cada momento de lo que hagan los empleados de un ayuntamiento, si cumplen o no las normas de seguridad", declaró entonces. Afirmó que no se sentía "culpable de nada" y que, por ello, no dimitiría de su actual cargo de concejal.
Con la desestimación de su recurso por parte de la Audiencia Provincial, la defensa del exalcalde ha optado por agotar la vía judicial presentando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ahora deberá decidir si admite a trámite el caso y revisa la sentencia.