El mal llamado Instituto Cervantes
Se ha iniciado una polémica entre las dos instituciones señeras de la lengua castellana, el Instituto Cervantes y la Real Academia Española de la Lengua. Más que polémica ha sido un ataque del presidente del Cervantes, Luis García Montero, al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, a quien ha reprochado no ser filólogo y sí un catedrático de derecho administrativo “experto en llevar negocios desde despachos para empresas multimillonarias”.
Como se ve, no es un tema académico lo que los separa, sino una cuestión ad hominem, en la que García Montero viene a reconocer que su rival ha conseguido reflotar económicamente una Academia infradotada con fondos públicos, mientras el Instituto tiene una economía protegida por el Estado
Por lo demás, desde su fundación en 1713, la RAE ha preservado la continuidad y la evolución de la lengua española junto a sus 22 homólogas fuera de nuestro continente. Concretamente, además, la producción editorial de la Academia ha sido un éxito, mientras que el Cervantes languidece en las más de 80 ciudades en las que está representado.
Otra característica diferencial es la dependencia política del Instituto, tanto en los nombramientos de sus directivos como en los nombres de los conferenciantes y otros paniaguados. Por eso ha terciado en la polémica el escritor Álvaro Pombo, reprochando a García Montero su sectarismo comunista.
La verdad es que ambas instituciones ni se solapan ni compiten entre ellas. La RAE debe proteger la pureza de la lengua española mientras que el Cervantes va más allá. Desde la docencia hasta las charlas y no únicamente en castellano, sino que proyecta también, y a veces con más empeño, las otras lenguas vernáculas de nuestro país. La dependencia gubernamental del Instituto contrasta con la independencia de la Academia hasta en detalles tan marginales como haber cedido su sede en París al PNV, so pretexto de su uso durante la segunda república.
Así, pues, el Instituto Cervantes llevará el nombre de nuestro ilustre escritor pero en realidad podría denominarse Instituto del Gobierno, con lo que recogería mejor su esencia.
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