El Gobierno abre la puerta a ampliar la 'zona catastrófica' a más pueblos de Salamanca

El Gobierno de España mantiene abierto el proceso para una posible ampliación de la declaración de “zonas afectadas por una emergencia de protección civil” en la provincia de Salamanca. Esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes y conocida popularmente como “zona catastrófica”, busca garantizar que todos los municipios que han sufrido los devastadores incendios de este verano tengan acceso a las ayudas necesarias para su recuperación.

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, ha querido aclarar un punto fundamental para evitar confusiones entre los afectados. Aunque el listado oficial solo nombre al municipio donde se inició cada incendio, la protección se extiende a todos los territorios que sufrieron sus consecuencias.

“Es importante subrayar que el listado oficial solo identifica el municipio donde comenzó el incendio, pero todos los demás afectados están igualmente cubiertos por la declaración”, ha explicado López. Con esta precisión, se busca evitar interpretaciones restrictivas y asegurar que todos los vecinos puedan acceder a las ayudas, sin importar dónde se originó el siniestro.

Para asegurar que ningún damnificado quede fuera, la Dirección General de Protección Civil continúa recopilando información detallada sobre los daños. En colaboración con las comunidades autónomas, se están evaluando todas las situaciones de emergencia que no se hubieran comunicado inicialmente.

Este mecanismo tiene como objetivo final valorar una posible ampliación oficial de la declaración, reforzando así la cobertura institucional frente a emergencias de esta magnitud y garantizando una respuesta completa y eficaz.

La declaración como zona afectada por una emergencia de protección civil activa una serie de mecanismos de ayuda cruciales para la reconstrucción. Entre los beneficios que podrían llegar a los municipios salmantinos se incluyen:

• Acceso a recursos económicos adicionales para ayuntamientos y particulares.
• Actuaciones para la recuperación de infraestructuras públicas y privadas dañadas.
• Ayudas para la reparación de daños en viviendas y cultivos.
• Apoyo a los servicios esenciales para la población afectada.
• Facilitar la coordinación entre administraciones para planificar la prevención de futuros incendios.

El Gobierno ha reafirmado su compromiso con las comunidades afectadas, asegurando que el trabajo con los ayuntamientos y la Junta de Castilla y León será constante. “Nuestra prioridad es que todos los municipios que sufrieron los incendios tengan la protección y los recursos necesarios para recuperarse, sin excepción”, concluyó la subdelegada.