Los cambios fiscales que propone el PP y supondrían 7 millones de beneficio para el campo salmantino

El Partido Popular ha lanzado una ofensiva legislativa para aliviar lo que denominan "el infierno fiscal" que padece el sector agrario español. La iniciativa, presentada en el Senado como una Proposición de Ley de Fiscalidad Agraria, busca reducir la presión impositiva que, según los populares, se ha incrementado en casi dos puntos durante el gobierno de Pedro Sánchez.

Los senadores del Partido Popular por la provincia de Salamanca, Bienvenido de Arriba, Esther del Brío y Gonzalo Robles, exponían los detalles e indicaban que "el gobierno de Sánchez se ha convertido en el principal enemigo del campo salmantino y del campo español", afirman los representantes del PP, quienes sostienen que el sector primario atraviesa una crisis prolongada que requiere medidas urgentes para garantizar la producción de alimentos en nuestro país.

La propuesta legislativa incluye un paquete de medidas fiscales diseñadas específicamente para agricultores y ganaderos. Entre las más destacadas figura la ampliación del umbral que permite mantenerse en el régimen especial de tributación, pasando de los 250.000 euros actuales de ingresos a 325.000 euros. Esta modificación pretende proporcionar "un marco fiscal acorde a la realidad de sus costes de producción" y favorecer la competitividad del sector.

Otra de las medidas estrella es la elevación del umbral de gastos de 150.000 euros a 250.000 euros para facilitar la aplicación del método de estimación objetiva en el IRPF. Según los impulsores, "el objetivo no deja de ser otro que asegurar una regulación más exacta, más adecuada, tanto en ingresos como en gastos".

La iniciativa también contempla el incremento de los porcentajes de compensación del IVA soportado y repercutido, buscando mejorar la rentabilidad de los profesionales del sector. Además, establece la deducción o compensación íntegra del IVA sobre el exceso de inversión en maquinaria o medios de explotación de los últimos tres años, con el fin de fomentar la modernización y competitividad de las explotaciones.

Un aspecto novedoso de la propuesta es la mayor flexibilidad en el cálculo del umbral de facturación. Los agricultores y ganaderos podrán elegir si consideran el resultado del último ejercicio o la media de los tres últimos años, permitiéndoles compensar años de mayor rentabilidad con los de menor rendimiento.

La deducción por seguro agrario es otro de los puntos destacados. Los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas podrán deducir un 25% de las cuotas satisfechas por la suscripción de seguros agrarios o para ganado, una vez descontadas las subvenciones recibidas para la contratación de dichos seguros.

El paquete de medidas incluye también la exención de tributación en la declaración de la renta para las ayudas directas que reciban agricultores y ganaderos, que tampoco se computarán en la base imponible del impuesto de sociedades. Asimismo, se incrementa de 2.000 a 3.000 euros la cantidad de gastos de difícil justificación para quienes tributen en régimen de estimación directa.

La propuesta contempla además un análisis, en un plazo de seis meses, por parte del Consejo de Productividad Español y la AIDF, para identificar y eliminar trabas administrativas y burocracia innecesaria, con el objetivo de aumentar la productividad y competitividad del sector.

Los impulsores de la ley aseguran que esta iniciativa "supondrá un beneficio fiscal de más de 7.000.000 de euros para los más de 7.300 agricultores y ganaderos" de la provincia de Salamanca. "Ayudar a nuestros agricultores y ganaderos es contribuir al futuro de Salamanca, es contribuir al futuro de Castilla y León, y es contribuir al futuro de nuestro país", sostienen.

La presentación de esta ley se produce en un contexto de creciente malestar en el sector primario. Según los datos aportados, en España se dedican al sector agropecuario un total de 737.000 profesionales, cuya renta agraria solo se ha incrementado un 11,2% desde 2018, mientras que la subida del IPC durante el mismo periodo ha sido del 20,6%.

Los representantes del PP han aprovechado la presentación de esta iniciativa para criticar duramente la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de mantener paralizada la actividad legislativa. "España necesita un gobierno que gobierne para todos y no solo para algunos. Un gobierno que atienda al interés general de los españoles y no que solo esté al servicio de una ambición personal", han manifestado.

Según denuncian, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha promovido ya 18 leyes que han sido aprobadas en la Cámara Alta pero que "están paralizadas en el cajón de la señora Armengol". Por ello, reclaman "respeto al Senado" y "respeto a la legitimidad de la mayoría parlamentaria".

La Proposición de Ley de Fiscalidad Agraria se suma a otras propuestas del PP para el sector como la reformulación del plan de fitosanitarios, el control del lobo, la rebaja del IVA de los alimentos, la doble tarifa eléctrica o facilidades para la contratación de trabajadores temporales.