Colectivos de Acción Solidaria defiende una contratación pública responsable y sostenible

La organización Colectivos de Acción solidaria (CAS) impulsa una acción reivindicativa centrada en la contratación pública y responsable que favorezca la producción local responsable y sostenible en el territorio y que tenga en cuenta las iniciativas de economía social.

La contratación pública representa alrededor del 20% del PIB de España. Las administraciones públicas tienen en su mano que estas contrataciones sean responsables desde el punto de vista social y medioambiental, comprando productos y servicios éticos y utilizando las licitaciones públicas para crear oportunidades de empleo, trabajo decente e inclusión social y profesional para los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión.

Según la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: “Se facilitará el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas, así como a las empresas de economía social”, con un porcentaje mínimo de reserva de contratos del 7%. La normativa europea de contratos públicos incide igualmente en la contratación responsable y sostenible.

Sin embargo, en la práctica existen muchas barreras que dificultan o impiden que personas productoras autónomas, pequeñas empresas o asociaciones de productores asentadas en el territorio, así como entidades de economía social o empresas de inserción puedan acceder a las licitaciones públicas. Al contrario, las condiciones y requisitos de las licitaciones públicas tienden a concentrar la adjudicación de compras y servicios en grandes lotes, de manera que recaen casi exclusivamente en grandes empresas, ajenas al territorio. De este modo, se priman los criterios de rentabilidad frente a los criterios sociales, quedan fuera los productos de proximidad, se dejan al margen los canales cortos de comercialización y se relega la economía a pequeña escala que sostiene la vida en el territorio.

Un ejemplo significativo es lo que ha ocurrido con los comedores escolares, como resultado de las condiciones de licitación de un servicio que favorece la adjudicación a grandes compañías, con el cambio de paradigma que esto conlleva. Pasamos así de alimentarnos a suministrarnos comida, y en un periodo, el escolar, que es clave en el desarrollo de los niños y niñas, sus hábitos de vida y el aprendizaje de valores comunitarios. La comida ya no la preparan vecinas o vecinos del pueblo con productos locales y con sabor a casa, sino que se elabora a distancia con técnicas industriales y se distribuye en frío, de forma aséptica e insípida; la actividad económica se deslocaliza y el colegio pierde un elemento de conexión con el entorno rural o el barrio donde se ubica.

Otro tanto ocurre con el servicio de cátering o comida a domicilio para personas mayores. Si bien es cierto que en algunos casos se favorece la adjudicación a iniciativas de economía social y solidaria, que elaboran la comida cada día con productos de proximidad y la reparten puerta a puerta los 365 días del año, manteniendo un contacto con las personas que reciben el servicio, no lo es menos que, en general, las condiciones de licitación fuerzan a que el servicio recaiga en manos de empresas de gran tamaño, ajenas al territorio, que anteponen a cualquier otro el criterio de rentabilidad, utilizan en muchos casos la línea en frío y depositan de una vez los menús de toda la semana. Si una diputación provincial o comunidad autónoma saca a licitación el servicio en conjunto para todo su territorio, ¿tendrá realmente la más mínima posibilidad de optar al mismo una iniciativa local, una empresa pequeña asentada en el territorio, un grupo de productores responsables o una iniciativa de economía social y comunitaria? Casi que con toda seguridad quedará excluida de antemano.

Para facilitar el acceso en las licitaciones y contrataciones públicas a las personas productoras, pequeñas empresas e iniciativas de economía social del territorio, proponemos:

• Dividir el contrato en lotes por productos, prestaciones, centros o cuantía.
• Limitar el número de lotes a los que se puede presentar una empresa.
• Reservar lotes a entidades de economía social y empresas de inserción.
• Adjudicar criterios separados para cada lote.
• Reducir la carga administrativa.
• Reducir los requisitos de solvencia técnica y financiera.
• Reducir o eliminar los avales y garantías.
• Promover y facilitar la concurrencia conjunta.

Con la idea de impulsar esta campaña reivindicativa y hacer que cale en la conciencia social, se están recogiendo testimonios de productores y productoras en cada uno de los territorios, para editar un vídeo reivindicativo que se lanzará a través de las redes sociales y se difundirá en los medios de comunicación en los próximos meses.

Promueven esta campaña las entidades asociadas en Colectivos de Acción Solidaria que comparten el programa Gente y Tierra, entre las que se encuentran Escuelas Campesinas de Salamanca, Adecasal y Asdecoba. El programa se mantiene gracias a la subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.