“Iniciar las clases a primeros de septiembre provoca problemas de horarios, organización de aulas, tutorías…”

Con el inicio del nuevo curso escolar, Federico Martín, presidente provincial de CSIF Salamanca, plantea un panorama educativo marcado por la incertidumbre. Aunque la implantación de la LOMLOE presenta menos dudas, los problemas estructurales persisten. La falta de negociación con la Consejería de Educación y la sobrecarga burocrática siguen afectando la labor docente, poniendo en jaque la calidad educativa en Castilla y León.

¿Cómo se presenta el nuevo curso para el personal docente?

Con algunas incertidumbres menos, en lo que respecta a la implantación de la LOMLOE, pero con los mismos problemas estructurales que venimos sufriendo en los últimos años. La falta de conocimiento de nuestra realidad por parte de quienes diseñaron la nueva ley y la ausencia de negociación por parte de la Consejería de Educación hacen que se produzca la tormenta perfecta.

Al profesorado se le pide una educación para el siglo XXI con unas ratios y unos horarios del XIX; no se puede llegar al nivel de individualización de la educación que diseña la nueva ley sin reducir el número de alumnos a los que debemos atender en cada aula, no se puede preparar el trabajo que requiere cada alumno para desarrollar sus capacidades con un horario de atención a alumnos sobrecargado.

¿Se puede resolver esa situación?

La única forma de avanzar en educación es reduciendo el número de alumnos por clase y aumentando el número de horas que el profesorado dedica a preparar el trabajo durante su jornada laboral; cada hora directa con alumnos exige, al menos otras dos de preparación, análisis y rediseño de estrategias docentes.

Hasta que las administraciones no cesen en sus peleas político-ideológicas y se centren en las condiciones en las que trabaja el profesorado, los éxitos educativos serán debidos a la gran profesionalidad de nuestros docentes.

¿Cuál es la relación del profesorado con la Administración?

El profesorado se siente cada vez más sobrecargado por la burocracia, ignorado por las administraciones, y menos valorado y reconocido en su tarea diaria.

Además, la Consejería continúa en su empeño de comenzar las clases sin dar margen al profesorado para poner en marcha tanto el funcionamiento del centro, como de las propias aulas. Iniciar las clases el viernes día 6 es un despropósito que no tiene justificación, máxime cuando el 9 es festivo en muchas localidades. Este empeño de iniciar las clases en los primeros días de septiembre va a provocar problemas en los horarios, en la organización de las aulas, de las tutorías, etc.

¿Por qué hay tantas quejas sobre las condiciones laborales de los docentes?

Sobre todo, sigue el malestar con la falta de avances en la negociación de sus condiciones laborales, como he avanzado antes las leyes básicas estatales no abordan los temas que afectan directamente a las condiciones en las que el profesorado desempeña su trabajo tales como las ratios o las horas lectivas y, a nivel autonómico, los avances son muy pocos, desde CSIF firmamos un acuerdo con la Consejería que abordaba estos temas y hemos conseguido pequeñas reducciones que se han puesto en marcha, pero no es suficiente, la consejería tiene que entender que esto es sólo el comienzo y que esta es la línea en la que hay que continuar.

¿Esa situación se resume en un problema de presupuesto?

Todas las políticas públicas tienen un componente presupuestario, a veces el problema económico es real y otras veces simplemente se cita el presupuesto como excusa para no avanzar en la negociación de cara al futuro. En el caso de la educación, es evidente que hablamos de inversión. Únicamente si aumentamos el dinero que dedicamos a formar a los miembros más jóvenes de la sociedad tendremos posibilidades de éxito en el futuro, los docentes son la garantía de avance en cualquier sociedad y debe aumentarse su reconocimiento laboral, social y económico, pues solo así conseguiremos retener a los mejores y garantizar así el futuro del alumnado. Es una cuestión de prioridades políticas y, por que no decirlo, de puro sentido común.

Por otro lado, el mantenimiento de dos redes en educación, Pública y Concertada, desvía recursos públicos hacia las empresas privadas titulares de los centros, la escuela pública sería capaz de absorber todo el alumnado que estudia en nuestra Comunidad Si se dedicara el presupuesto que se invierte en la concertada, destinándolo exclusivamente para la pública estaría resuelto el problema presupuestario y se podría realizar la educación individualizada que exige la ley y Europa.

¿Son necesarios en los centros profesionales de administración?

Sin ninguna duda, la carga burocrática que soportan los docentes y, singularmente, los equipos directivos de los centros es inmensa, a nuestros delegados le llegan continuamente las quejas de los compañeros acerca del tiempo que la burocracia les roba impidiéndoles dedicar esas horas a su tarea de enseñar. En los centros de Infantil y Primaria no hay personal de administración y en los centros de enseñanzas medias, hay muy poca dotación de plazas y muchas de ellas están sin cubrir. El volumen de documentación y gestiones que se manejan en cualquier centro hace imprescindible disponer de personal administrativo que desempeñe esas tareas y permita que el profesorado se dedique a aquello para lo que se le contrató: educar.

Tampoco es suficiente la dotación de otros profesionales como fisioterapeutas, Asistentes Técnicos Educativos, Técnicos de Educación Infantil, Trabajadores Sociales, Profesorado de Servicios a la comunidad, etc.

¿Cómo es la relación del personal docente con las familias?

Creo que esta pregunta la cambiaría por “algunas familias”, pues en general la relación es buena. No obstante, muchos de nuestros convecinos han ido perdiendo el sentido de pertenencia a una comunidad y se han instalado en el individualismo y la exigencia de presuntos derechos sin aportar nada al bien común. La educación es por definición un proyecto social, un proyecto de todos, pero, en ocasiones, en los centros educativos toca lidiar con personas que no quieren entender que sus hijos e hijas están allí, entre otras muchas cosas para aprender a socializarse, a renunciar a ser los “príncipes o princesas” de sus “papis, mamis y abus” y formar parte de un proyecto común. Cuando hay la suficiente educación por ambas partes, los conflictos profesores-familias son prácticamente inexistentes.

¿Qué le pediría a la Administración?

Esta es fácil… Que centre sus esfuerzos en mejorar las condiciones y el reconocimiento de sus docentes y del personal al servicio de la educación pública, así estaremos cimentando el futuro de Castilla y León sobre bases sólidas: una educación pública, universal y de calidad es la mejor garantía que tiene una sociedad para avanzar y consolidarse y eso pasa, necesariamente, por valorar a quienes están en el aula día a día.