Nadie mira hacia Sudán

Alba García López-Navarrete

Defensora de los derechos humanos

Los Derechos Humanos en Sudán corren peligro, no es algo nuevo, ya que los múltiples conflictos entre la población se llevan perpetuando desde hace años. Tras concluir la segunda guerra civil sudanesa, que ocasionó numerosas víctimas mortales así como heridos y un ambiente de pobreza entre las localidades rurales, estalló en 2003 el conflicto de Darfur, zona situada en el Sudán occidental, fronteriza con los países de Chad, Sudán de Sur, Libia y República Centroafricana.

Este conflicto se produjo a causa de la discriminación racial y étnica producida por los yanyawid, un grupo de milicianos criadores de camellos, de etnia árabe y que reciben el apoyo y el suministro de armas por parte del gobierno de Sudán contra los grupos de agricultores nilo-saharianos de raza negra. Omar al Bashir, presidente en 2003 del gobierno autoritario del país, comenzó un ataque contra la insurgencia de los grupos rebeldes de africanos, los cuales sólo pedían no ser discriminados y ser tratados como iguales ante los otros habitantes. Pero el presidente, con la ayuda de la milicia de los yanyawid, emprendió una serie de campañas de «limpieza étnica», bombardeos a sus territorios y asesinatos múltiples, cobrándose la vida de miles de personas inocentes y millones de sudaneses obligados a abandonar su hogar y desplazarse a otros países en busca de seguridad y paz. La violencia de las Fuerzas Armadas de Sudán y de las Fuerzas de Apoyo Rápido cada vez se intensifica más, llegando a cometer crímenes de guerra, cuyos líderes todavía siguen impunes.

En el informe anual de 2022, Amnistía Internacional relata que en 2021, tras el golpe de Estado de los militares, el primer ministro, Abdalla Hamdock, es reinstaurado en su cargo, pero a los dos meses dimitió y entregó el poder del país a las fuerzas armadas, sin razón alguna. Esto sólo es un reflejo más de la tiranía gubernativa que existe en Sudán. El citado informe también denuncia los actos atroces cometidos contra la población africana; según la ONU, desde el mes de octubre hasta el mes de agosto cientos de personas, incluidos una veintena de menores, perdieron la vida de forma violenta durante las múltiples manifestaciones que se realizaban, y casi 10.000 personas fueron heridas avasallando la libertad de expresión, un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Entre los actos cometidos por las milicias en colaboración con el gobierno, también se constatan miles de desapariciones forzosas y detenciones ilegitimas, así como reclusiones arbitrarias tanto a mujeres como a menores. En estas manifestaciones, hombres armados vestidos de civiles cometieron actos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas manifestantes, así como violaciones colectivas, de las cuales sólo en una se detuvo al violador.

También se destaca el incremento de inseguridad alimentaria, la población actualmente vive en una situación de abandono y precariedad, han sufrido hambre aguda entre los meses de junio y septiembre, más de tres millones de personas se encuentran en una situación de emergencia, y tras el conflicto de Rusia y Ucrania esta situación se ha incrementado ante la falta de trigo.

En cuanto a la llegada de personas refugiadas y migrantes a países fronterizos, su situación no es mucho mejor que la anterior, pero al menos gozan de más protección. Hacia Sudán del Sur fueron desplazadas más de 20.000 personas, siendo este un país con más de un 170 % de inflación y con infraestructuras insostenibles incapaces de garantizar los derechos básicos a los refugiados. Además, la falta de financiación internacional ha provocado que el Programa Mundial de Alimentos tuviese que reducir a la mitad los alimentos dispensados a dicha causa humanitaria

Amnistía Internacional, en su artículo «Sudán: La nueva intensificación del conflicto empeora los 20 años de sufrimiento de la población civil de Darfur» de 2023, pide a todas las partes que garanticen la protección de la población civil y que respeten la ayuda humanitaria, ya que la situación tanto actual como la que se lleva manteniendo durante estos años, es totalmente insostenible, y lo peor es que niegan la entrada de ayuda humanitaria, por lo que la población civil no goza de ninguna ayuda ni nacional ni internacional. Actualmente el exmandatario Al Bashir está acusado de cometer delitos de genocidio y crímenes de guerra y lesa humanidad, pero todavía no ha podido ser juzgado, ya que Sudán no ha cooperado en la extradición de Al Bashir y de otros cargos gubernamentales.

La Corte Penal Internacional ha podido comenzar el juicio contra Ali Kushayb, quien fue el principal líder de la milicia yanyawid en Darfur, y que se enfrenta a 31 cargos por crímenes de guerra, así como crímenes de lesa humanidad durante los años 2003 y 2004 y no fue detenido hasta junio de 2020 cuando se entregó para ser arrestado, comenzando el juicio en abril de 2022.

Actualmente Sudán continúa inmerso en una guerra civil, la situación es crítica y parece que a la prensa no le interesa la situación. La gravedad es máxima, los desplazados cada vez son más, los asesinatos se multiplican día a día y a pesar de que en diciembre se logró un alto al fuego la promesa no ha durado mucho, la violencia ha llegado a la capital, siendo la fuente de control de la FAR.

Esta guerra, que nadie quiere ver, está provocando una muy grave catástrofe humanitaria, como advierten las ONG internacionales.