Justicia y democracia
A finales de septiembre se celebraba el solemne acto de Apertura del Año Judicial 2023-2024 en el Palacio de Justicia y en un contexto en el que la situación de este poder básico del Estado de Derecho no podía ser más lamentable. El propio presidente del Tribunal Supremo lo describió como un “panorama desolador” ante el atasco acumulado de la justicia y su independencia en entredicho. Y esto lo dijo ante el rey Felipe VI, ante un Gobierno entonces en funciones, unos líderes políticos que no sabían si iban a gobernar o a estar en la oposición y frente a unos dirigentes judiciales en funciones y con el mandato caducado.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el órgano de gobierno de los jueces, llevaba cinco años caducado y bloqueado a falta de su renovación. Francisco Marín Castán no decía nada nuevo cuando en aquel acto manifestaba que «La democracia ya no muere por un acto violento o dramático, sino con el debilitamiento de las instituciones». Algunos venimos repitiendo algo parecido desde hace tiempo, pero él era el presidente interino del Tribunal Supremo y sus palabras revestían mayor gravedad. Era preciso renovar el CGPJ, como paso necesario para mejorar la justicia.
La justicia ha de ser independiente, decimos insistentemente, pero los jueces tienen un sesgo humano, natural, lógico y partidista. El problema viene cuando se utiliza a los jueces como correa de transmisión de los intereses de los partidos o cuando los jueces utilizan el poder que tienen para la defensa de sus propios intereses corporativos o personales. Esto es lo que está percibiendo el ciudadano y lo que atenta a la separación de poderes del Estado de Derecho y a la esencia de la democracia.
Es un anhelo de todos los tiempos y de todo ser humano la sed de justicia, pero esta es polisémica, tiene muchas aristas e interpretaciones. Por eso, especialmente en tiempos convulsos como los que vivimos, cabe que nos planteemos la pregunta filosófica de ¿qué es la justicia? Es un vocablo que viene del latín justitia y que en su primera acepción el Diccionario de la Lengua Española (DLE) la describe como el “Principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente”. Definición tan amplia que, a la hora de aplicarla, admite multitud de variantes. Más precisos y entendibles resultan sus sinónimos tales como: honradez, honestidad, rectitud, equidad, imparcialidad, neutralidad, razón, ecuanimidad u objetividad.
Constantemente estamos opinando si algo es justo o injusto, pero pocas veces nos paramos a pensar qué queremos decir. Sí reflexionaba sobre ello el jurista, abogado, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio (1909-2004) quien tuvo una importante actividad académica en España, donde recibió sendos Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid y por la Universidad Carlos III. En su teoría de la justicia, Bobbio defendía una justicia “liberal por su apego a las libertades, y socialista por su defensa de la igualdad en las condiciones materiales de existencia de los individuos”. Nosotros, la mayoría de los mortales, nos damos cuenta y sentenciamos rápidamente cuando una decisión o acción pueden ser injustas, pero pocas veces estamos en condiciones de decir qué es la justicia o lo justo.
Puede que a alguien le suene un poco fuerte la palabra liberal y a otros la palabra socialista, ambas muy utilizadas por Bobbio. Pero ¿se puede decir qué es la justicia sin considerar tanto la libertad como la igualdad? Para avanzar en la comprensión de la justicia cabría preguntar a los expertos que se ocupan de disciplinas como la filosofía moral o la teoría del derecho. Aunque ello no agotaría el tema, ni mucho menos, porque incluso un posible acuerdo o consenso entre aquellos acerca de qué es justicia, abriría un debate y hasta un profundo desacuerdo entre las distintas concepciones o doctrinas de la justicia.
Y, tirando de este hilo, llegamos a la aplicación de la justicia, convertida en uno de los tres poderes clásicos del Estado de Derecho, bajo el nombre de Poder Judicial, junto con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Independientes y diferenciados entre ellos, se dice, para mantener la esencia de la democracia como norma de convivencia, contemplada en una ley de leyes que llamamos Constitución y que representa el interés general y el bien común. La cuestión se complica cuando aparecen los interés partidistas, corporativos o particulares y que pasan por delante del interés general de la Constitución e incluso del propio Estado.
Desde finales de 2018 se ha mantenido bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pesar del mandato constitucional que obliga a renovar a sus vocales cuando cumplen su periodo asignado. La principal razón para mantener durante cinco años a esos vocales caducados en sus funciones era perpetuar a una determinada mayoría en el órgano de Gobierno de los jueces. Una de las excusas dadas fue el cambio de postura del partido en cuestión, respecto al procedimiento para elegir a los vocales, apuntando a que sean los jueces quienes voten a los vocales del CGPJ. Y es aquí donde, junto a los intereses de partido, se unen los intereses corporativos de la judicatura y los particulares de una parte de los jueces que buscan ese nuevo sistema de elección, pasando a apoyar el bloqueo hasta conseguir su objetivo. El perjuicio para el descrédito del Poder Judicial y para la buena administración de la justica de cara al ciudadano ha sido de enormes consecuencias.
Es legítimo proponer y defender otro modelo de elección para el CGPJ, aunque han pasado cuarenta años de distinto signo político en el Gobierno y nadie ha querido cambiar el existente. Pero la vía para conseguir ese cambio no puede ser un chantaje político tomando la Constitución como rehén y el que algunos jueces se hayan sumado a esa estrategia supone una página lamentable en la historia de nuestra democracia y en el bien hacer de la mayoría de los jueces.
La firma el pasado día 25 de junio de un pacto entre los dos principales partidos políticos, supone el desbloqueo del CGPJ, el reparto de los vocales entre ambos partidos y un compromiso de estudiar una futura reforma del sistema de elección. Esperemos que también suponga la vuelta a la normalidad de la justicia y a mejorar la vida de los ciudadanos.
Hace unos 2.350 años el gran filósofo Aristóteles venía a decir que lo esencial para conservar la democracia es la seguridad jurídica. Que la democracia comienza a destruirse cuando la ley se aplica de forma diferente a unos u otros en función de intereses políticos. Y que una vez enferma, la democracia degenera en tiranía que acaba en divinidad. Que nuestra democracia se mantenga lozana y a salvo de toda tiranía.
Les dejo con A Luchar por la Justicia:
https://www.youtube.com/watch?v=MFXKqGThwVQ
© Francisco Aguadero Fernández, 5 de julio de 2024
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