Ante la irredenta costumbre de este país, de los padres y madres de este país, de considerar a los hijos como propiedad y decidir sobre ellos en todo mediante la imposición, la coacción o el autoritarismo radical, los sucesivos poderes públicos han aprobado a lo largo del tiempo leyes, decretos y normas de todo tipo tendentes a suplir la incapacidad educativa y de formación de los menores de que adolece un inmenso porcentaje de padres y madres españoles y, también, una gran parte de los centros de enseñanza.
En este contexto, y tarde, como se acostumbra en España, el Consejo de ministros del pasado martes 4, aprobó la tramitación de un anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Menores en los Entornos Digitales que, una vez aprobada, está destinada a controlar las edades de acceso a materiales y programas del ámbito tecnológico, e impondrá obligaciones de tipo educativo y de protección, tanto a los fabricantes (controles parentales por defecto, por ejemplo), como a los centros de enseñanza sobre el uso de móviles y, sobre todo, obligará a los padres y madres de los menores en aspectos cuya obviedad, necesidad y utilidad no tendrían que precisar regulación externa alguna.
En lo que afecta a la educación y a la enseñanza de los menores, incluyendo los adolescentes, España es uno de los países donde se dan los comportamientos más abstrusos por parte de enseñantes y educadores, es decir, docentes y padres, imbuidos la mayoría de una mentalidad de autoritaria apropiación del objeto de su actividad, es decir los menores, inermes ante la arbitrariedad, la incapacidad, el capricho, la ignorancia, la imposición o un autoritarismo que, por ineptitud o simple estupidez, lastra desde hace siglos la maduración intelectual y humana de los pobres españolitos.
La próxima Ley para la protección de menores en los entornos digitales, establecerá una regulación racional, y no caprichosa o de interés económico, del uso de los teléfonos móviles y otros aparatos tecnológicos, tanto en las aulas y los entornos educativos como, sobre todo, en el acceso digamos “privado” de los menores a esos medios. Una labor que corresponde, lamentablemente ahora por obligación legal, a los padres o tutores de esos mismos menores, abandonados desde muy pequeños en el acceso a contenidos peligrosos o directamente perjudiciales, cuando no causa en la primera infancia de enormes carencias en el crecimiento y desarrollo intelectual, o lastre para los mecanismos de socialización; menores inermes ante la publicidad engañosa o inadecuada, la pornografía, los bulos o las falsas identidades y los chantajes de todo tipo.
La nueva Ley que, además de lo apuntado en cuanto a la racionalización de los usos y accesos de los menores, ha sido elaborada por cuatro ministerios, entre ellos el de Sanidad, contempla, además, un cambio en las exploraciones pediátricas y de menores para la detección de adicciones tempranísimas y problemas de comportamiento, psicológicos o sociopáticos relacionados con el uso de móviles, tanto en el aspecto mecánico como en el acceso a redes, contenidos e influencias nocivas.
No faltarán, no faltan ya, las voces que se rebelen contra lo que llaman “la imposición” del gobierno o los ataques a “la libertad” que dicen que significan las medidas de protección y control que se anuncian y, como en cualquier avance destinado a racionalizar la convivencia, busquen en sus ámbitos de poder (autonomías, ayuntamientos…) las trampas leguleyas que les permitan seguir haciendo caja (de cualquier tipo) con el rechazo a la Ley o la desautorización de quien la defienda. Es el antiguo juego de la reacción española, el consabido numantinismo de las patrias potestades y las castrantes maternalidades, el gregarismo amedrentador de la imitación, el reino del ‘qué dirán’ y el ordeno y mando que confunde la disciplina con la imposición.
Cualquier norma planteada con la racionalidad del cuidado y el horizonte del respeto, debería ser siempre bienvenida en una sociedad que, como la española, aspira todavía a la igualdad y la justicia, pero donde todavía las sombras medievales del dominio parental, de la propiedad de las personas, de la indiscutibilidad del padre y de una suerte de “cerrado y sacristía”, “qué dirán” y “por mis cojones”, siguen utilizándose como elementos de autenticidad o rasgos de fortaleza cuando son la clara imagen de todo lo contrario.
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