Todos somos delincuentes

Todos hemos oido hablar de la presunción de inocencia. Pero tal vez no todos nos hallamos parado a pensar que se trata de un derecho fundamental recogido no sólo en en el árticulo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también en el árticulo 24.2 de nuestra Constitución que dice así: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. El árticulo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos también afirma que Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

Por tanto, la presunción de inocencia es un derecho humano y universal, un derecho europeo y, además, un derecho constitucional, tanto como el derecho a la vida o la libertad. Por si esto fuera poco figura como tal en todas las leyes penales, civiles, laborales, mercantiles, tributarias e internacionales.

Si esto es así ¿por qué hacemos tan poco uso de él? Hemos invertido y pervertido este derecho y hoy normalizamos la presunción de culpabilidad. Porque los juicios son en la actualidad más mediáticos que judiciales. Porque los jueces han sido sustituidos por periodistas, tertulianos o clientes de un bar mientras toman unas cervezas. ¿Por qué nos indignamos cuando vemos que se viola el derecho a la vida o la libertad de alguien y no cuando se atenta contra su derecho a la presunción de inocencia?

Todos nosotros presuntos delincuentes, al menos cómplices, del grave delito de atropellar este derecho humano y constitucional cuando de forma consciente o inconsciente, acusamos a alguien sin pruebas aplicando la máxima de ‘toda persona es culpable hasta que demuestre su inocencia’.

Constantemente sometemos a personas particulares, a presuntos delincuentes, a personajes públicos o representantes del gobierno a injustos juicios mediáticos. Actos crueles, juicios de mera opinión, y fuera por tanto de la ley, por lo que son actos delictivos se miren por donde se miren.

Y lo son, porque son delitos contra el honor, según la Ley, todos aquellos que se refieren a acciones que lesionan la reputación o dignidad de una persona, ya sea mediante afirmaciones falsas o a través de insultos. Y acciones como estas las vemos, las escuchamos, cuando no las realizamos nosotros mismos, como si se tratara de algo sin importancia, algo ya normalizado en nuestra sociedad. Una sociedad en la que la práctica no sólo juicios mediáticos también de condenas mediáticas sin aportar una sola prueba, es cada vez más frecuente. La carga de la prueba se coloca sobre los hombros de acusado que se ve obligado a tener que defender su inocencia y no sobres los del acusador que debiera demostrar la culpabilidad. De seguir así TODOS nuestros derechos están en peligro ya que podemos ser acusados impunemente cualquier día.

Otro aspecto muy importante relacionado con el tema es qué sucede cuando un acusado, tras un juicio con todas las garantías legales, es declarado inocente. Pues la Ley le ofrece compensaciones y le restituye su honorabilidad, cosa que no sucede en los juicios de opinión. Rara vez alguien le compensa tras demostrase su inocencia, ninguna de las delincuentes personas que le acusaron falsamente, ninguno de los delincuentes medios de comunicación que le sometieron a un injusto, ilegal y delictivo juicio mediático, es condenado. Nadie se disculpa públicamente, nadie le restituye su honor. Y esto es grave, al menos, a mí me lo parece. Reclamamos con fuerza nuestros derechos mientras privamos a otros de ellos.

Y esto no es nada nuevo, ya Cicerón en el siglo I a.C. no advertía “Nada corre tanto como la calumnia, nada se lanza con más facilidad, se acoge con más presteza y se difunde tan ampliamente”. Las preguntas que quiero dejarles son ¿quién creemos que debería juzgar y dictar sentencias en este país? Y si en algún caso somos acusados de algún delito ¿preferiríamos un juicio con todas las garantías legales o un juicio mediático? ¿nos justaría que nos condenara un grupo de gente tomando cañas, unos periodistas, unos tertulianos de pacotilla o un juez y un jurado que velara por garantizar nuestro derecho constitucional a la presunción de inocencia?

Todos somos presuntos delincuentes y todos somos presuntos culpables de mirar hacia otro lado y eso se nos puede volver en contra y nos quedaríamos sin defensa alguna frente a la despiada opinión pública. Cuidado.