Vecinos, usuarios y trabajadoras rechazan en Villarino la privatización de la residencia de mayores

Vecinos, usuarios y empleadas de la residencia municipal de mayores de Villarino se concentraban este miércoles en la Plaza de la localidad para mostrar su rechazo contra la decisión del equipo de Gobierno de Municipal de privatizar la gestión de este servicio, acuerdo adoptado el 28 de diciembre pasado por el pleno del Ayuntamiento por “problemas económicos, sociales y laborales”, según recogía la publicación del BOP del pasado 9 de enero.

Durante esta concentración, convocada por UGT Servicios Públicos, los manifestantes corearon lemas como “no a la privatización”, “tienen derechos nuestros mayores”, “la residencia es del pueblo”, y portaron pancartas con leyendas como “No a la privatización de la residencia” o “Los mayores pagarán más y el dinero se irá”. La concentración estaba convocada a las 11:30 horas y discurrió de forma pacífica hasta su disolución pasadas las 12 del mediodía. A ella asistieron también representantes de los grupos municipales en la oposición, VyC y PSOE.

Los manifestantes reprocharon al alcalde, el popular Julián Martín, no escuchar a las delegadas sindicales de UGT, único sindicato con representación en el centro geriátrico y que tiene tres representantes. En opinión de las trabajadoras, la privatización de la residencia pondría en riesgo la treintena de empleos actualmente contratados por el Ayuntamiento, además de causar un importante daño a la economía local en tanto que las tiendas locales podrían dejar de abastecer a la residencia.

Entre los manifestantes se encontraba un nutrido grupo de personas de UGT llegadas desde Salamanca, y entre ellas María Juncal Álvarez López, secretaria del Sector Sociosanitario de UGT de Salamanca, quien recordaba que “esta reivindicación llevamos tiempo detrás de ella porque veíamos los pasos que iba dando el alcalde y el Grupo municipal a raíz de que se tenían que estabilizar las plazas de las trabajadoras de la residencia para hacerlas públicas”, con lo que según la dirigente de UGT “la representación sindical empezó a tener muchos problemas, se les echaron encima, no las respetan, y cada día estábamos con problemas, hasta que al final en un pleno decidieron la privatización”, una decisión que “por ahí no vamos a pasar, no vamos a consentir que una cosa que es del pueblo, que es para el pueblo, se privatice y que sea una ganancia para una empresa privada, no lo vamos a consentir”.

Por su parte, el alcalde de Villarino, Julián Martín, quien no pudo estar presente en la concentración “porque desde hace días tenía concertada cita a las once y media en la Notaría de Vitigudino, para una escritura municipal”, señaló en declaraciones a LAS ARRIBES AL DÍA que “yo soy de Villarino, he nacido en Villarino y me quedo en Villarino y voy a ir a la residencia seguro, segurísimo, porque pienso morir en Villarino si Dios quiere, y por eso yo no quiero lo peor para mí. El tiempo dará la razón de que es una de las mejores opciones que hay para los ancianos, lo primero, y para las trabajadoras, también”. Para el regidor “solo pueden tener miedo a la privatización las trabajadoras que quieran escaquearse, de hecho los maridos de muchas trabajadoras trabajan en una empresa privada y no pasa nada, siguen trabajando porque son buenos. Siempre he dicho que a la empresa privada no tiene que tenerle miedo nadie siempre que se cumpla en el trabajo”.

Asimismo, Julián Martín reiteró declaraciones anteriores en las que rechaza que la privatización de la residencia ponga en peligro el empleo de las trabajadoras, pues recordó que el informe presentado en el acuerdo de privatización recoge que “la empresa que se contrate deberá hacerse cargo de la actual plantilla, por lo que se garantiza que todas ellas permanecerán con su empleo”. También, ha recordado que “la mayoría de las residencias de la zona están bajo gestión privada y no pasa nada, en ellas trabajan vecinos de los pueblos sin ningún problema. La última la de Retortillo y sin salir a concurso. Aquí la empresa que se contrate tendrá una inspección del Ayuntamiento cada cuatro meses, y si hay problemas se rescinde el contrato inmediatamente”, aseguraba el regidor. Respecto a que la empresa contratada pueda abastecerse mediante comercios foráneos, el alcalde señaló que “no tiene por qué ser así, solo será cuestión de que adapten los precios”.

La decisión de privatizar la gestión de la residencia se debe, según el alcalde en declaraciones anteriores, a la situación de “conflictividad” existente con una buena parte del personal laboral, “hasta el punto de que la última enfermera contratada, al poco tiempo decidió irse después de lo que nos costó encontrar a alguien para el puesto”, añade el regidor; un “mal ambiente” que el alcalde asegura “trasciende a los mayores y por el que he tenido varias quejas”. Fruto de esta situación, el regidor recuerda que “un 28% de la plantilla está de baja laboral, y en varios casos se trata de bajas de larga duración. Hemos intentado por todos los medios que se acataran una serie de normas que no han respetado y al final no tenemos otra solución que privatizar el servicio”.

Además, otro de los motivos esgrimidos es el “alto coste que supone el mantenimiento de la residencia para el Ayuntamiento, unos 180.000 euros anuales y otros 70.000 más que aporta la Gerencia”, asegura, “y ese es otro de los objetivos, reducir el gasto”.

Julián Martín criticó la protesta de este miércoles “para decirnos al Ayuntamiento qué tenemos que hacer. Si alguien quiere gobernar el pueblo que se presente en una candidatura y se presente a unas elecciones”, concluyó.

En estos momentos, el acuerdo plenario por el que se aprobó la privatización del servicio está pendiente de la resolución de alegaciones presentadas, varias de ellas respaldadas con un total de 1.574 firmas, de ellas 459 han sido recogidas de forma presencial y 1.115 mediante la plataforma online Change.org, como ya informó LAS ARRIBES AL DÍA.

Por otro lado, cabe señalar que la oposición en el Ayuntamiento de Villarino recurrió la sesión plenaria del 28 de diciembre por un defecto en su desarrollo al no tener acceso por videoconferencia uno de los concejales del Grupo VyC. Esto podría suponer la celebración de una nueva sesión plenaria para acordar de nuevo todos los asuntos aprobados, quedando sin efecto, al mismo tiempo, las alegaciones presentadas y abriéndose un nuevo plazo para la presentación de alegaciones una vez publicado el acuerdo en el BOP.