Sobre el II Plan de Derechos Humanos en España (2023-2027)

Lucía Aceña Panigua y Adriana García Fernández

Defensoras de los derechos humanos

El pasado junio de 2023 fue aprobado por el Consejo de Ministros el Segundo Plan de Derechos Humanos, conforme a la Declaración y el Programa de Acción de Viena que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos aprobó en 1993, donde se recomendaba la actuación de los estados a través de Planes Nacionales para proteger los derechos fundamentales.

El plan consta de cuatro ejes, dieciséis objetivos generales y 421 concretos que abarcan la protección de derechos sociales, económicos y culturales, además de la promoción de la igualdad de trato y no discriminación. Estos cuatro ejes se refieren a cooperación, derechos humanos, igualdad de género e igualdad de trato. A través de ellos se busca ampliar el concepto clásico de estos derechos y sobre todo adaptarlos a los nuevos desafíos.

Elaborado por el Gobierno y aprobado por las Cortes, ha contado con la participación de diecisiete ministerios, una comisión asesora de expertos y las aportaciones de instituciones defensoras de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Save the Children, el Consejo de Participación LGTBI, el Defensor del Pueblo, las Comunidades Autónomas o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Además, este nuevo plan, a diferencia del anterior de 2008, ha contado con un período efectivo de consulta pública donde miles de ciudadanos y ciudadanas, a título particular, han enviado sus aportaciones.

Entre las más de 400 medidas para hacer efectivo el plan, destaca tanto la protección de las personas en situación de vulnerabilidad económica y el esfuerzo por adaptarse a los nuevos desafíos, como el cuidado de la salud ante el cambio climático, que es uno de los más importantes de las sociedades contemporáneas. También, con el desarrollo de las inteligencias artificiales, se pretende regular la protección frente a todos los riesgos derivados de las mismas, además del vital objetivo de evitar la exclusión digital de las personas mayores. En relación con el último eje del plan, igualdad de trato y no discriminación, encontramos una decisión contundente ante los discursos de odio contra cualquier colectivo, que serán perseguidos en todos los ámbitos y medios por los que se propaguen. Y por último, en materia de igualdad el plan va más allá de la violencia machista al enfocarse en la igualdad efectiva y real entre el hombre y la mujer, también en lo relativo a cuestiones salariales, empleo o cuidado a terceros.

Tras un año de trabajo para conseguir la aprobación de este plan, el Gobierno cree que da respuesta a los desafíos que se van produciendo en las sociedades actuales como el cambio climático o la inteligencia artificial, y que trata de evitar y de combatir esos discursos de odio que proliferan en nuestras sociedades. De modo que se trata de reforzar los llamados derechos civiles clásicos y de tomar medidas relacionadas con la protección del medio ambiente, el envejecimiento de la población o la rápida evolución de las tecnologías.

Amnistía Internacional ha participado como siempre en la elaboración del Plan, recordando que se deben respetar los plazos de vigencia y de renovación para poder así garantizar un mayor control, aplicabilidad y eficacia de las medidas tomadas y que el Gobierno no actúe al margen de los tratados internacionales de derechos humanos. También se ha pronunciado el Centro de Protección de la Infancia destacando la promoción de los derechos de la infancia y el proyecto de erradicar la pobreza infantil y adolescente, que deberían situarse en el centro de la agenda política. Otras organizaciones han destacado las medidas para combatir las actuales desigualdades, además de las destinadas a la prevención, sensibilización y atención de colectivos vulnerables.

Cada vez se hace más evidente que los derechos humanos son la esencia de las sociedades justas e igualitarias. Los gobiernos son los principales responsables de velar por el cumplimiento y garantizar el respeto de los mismos. Por lo que todos los grupos y partidos políticos democráticos, independientemente de su ideología, deberían recoger en sus programas la defensa de los derechos humanos. La no participación de algunos en la elaboración de este IIº Plan deja en evidencia la necesidad de seguir concienciando a sectores de la población y el compromiso constante que deben llevar a cabo los gobiernos e instituciones a nivel mundial.

Por lo que actualizar este tipo de planes nacionales cada cierto tiempo debería ser una prioridad, no solo por hacer efectivas las obligaciones internacionales que tiene España como miembro de la UE, sino como país que se compromete con el respeto, la igualdad y la solidaridad.