La ley de la amnistía llegará al Pleno del Ayuntamiento de Salamanca

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca ha presentado una moción al Pleno de la Corporación, que tendrá lugar el viernes 1 de diciembre, para solicitar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados "la retirada de la proposición de ley orgánica de amnistía por suponer la quiebra la igualdad de los españoles ante la ley, comprometer la separación de poderes y atacar el Estado de Derecho".

Asimismo, se solicita al Pleno del Ayuntamiento que muestre "el respaldo a la labor del Poder Judicial y el respeto a la separación de poderes consagrada en la Constitución Española de 1978, como bases de una democracia consolidada".

En tercer lugar, se propone "rechazar los acuerdos adoptados entre el Partido Socialista y los partidos independentistas que suponen un ataque sin precedente democrático al Estado de Derecho y que priorizan beneficios e inversiones en determinadas regiones en detrimento de otras, quebrando el principio de solidaridad interterritorial y la igualdad entre españoles".

"Los pactos de la vegüenza"

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Fernando Rodríguez, recordó que el pasado 6 de octubre se presentó una moción contra la concesión de una amnistía a quienes, en 2017, atentaron gravemente contra nuestro orden constitucional vigente. “No se conocían entonces (aunque se intuían) los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas catalanes para lograr la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Hoy conocemos ya los ‘pactos de la vergüenza’ suscritos entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes (ERC y Junts per Catalunya), con el único y exclusivo fin de que Pedro Sánchez siga como Presidente del Gobierno de España”.

Rodríguez argumentó que estos "acuerdos, con los que el PSOE ha querido ligar su destino al de un fugado de la justicia, negociando la gobernabilidad del país fuera del mismo y aceptando todos los caprichos de un condenado por sedición y malversación, se resumen en: impunidad para condenados o acusados por sedición, malversación de caudales públicos, atentado contra la autoridad, desórdenes públicos e incluso terrorismo; liquidación de la separación de poderes y de la igualdad de los españoles; humillación de nuestra Nación ante quienes quisieron romper su unidad; y humillación de nuestra democracia ante quienes quisieron romper la convivencia pacífica entre los españoles, con desprecio palmario a las reglas básicas sobre las que se asienta dicha convivencia".

Aún así, añadía que "el pasado día 13 de noviembre el Partido Socialista registró en el Congreso de los Diputados la proposición de ley orgánica de amnistía, a pesar de que hasta la fecha de celebración de las últimas elecciones generales miembros del PSOE y del Gobierno negaron a los españoles que su partido fuera a promover o meramente autorizar una amnistía a los políticos independentistas y resto de activistas implicados en causas del 'procés'. Dicha ley, de aprobarse, tendrá el efecto de borrar los delitos graves cometidos por líderes independentistas y otros delincuentes desde 2012 hasta la actualidad, imponiendo una amnesia colectiva sobre los hechos por los que fueron juzgados, y consagrará la desigualdad de los españoles ante el cumplimiento de la ley".

Lawfare: otra medida altamente perniciosa

"El acuerdo entre el Partido Socialista y las fuerzas independentistas del partido de Puigdemont y ERC se completó, desde Waterloo, con otra medida altamente perniciosa: el denominado 'lawfare', que implica que comisiones de investigación parlamentarias podrán decidir si el trabajo de Jueces y Magistrados se realizó bajo motivaciones políticas y no estrictamente jurídicas", manifestaba Rodríguez.

El portavoz del Grupo Municipal Popular explicó que “nos encontramos ante una grave quiebra del principio de separación de poderes, que compromete nuestro Estado de Derecho, al poner en jaque la credibilidad de uno de los contrapesos y poderes esenciales del Estado, como es el judicial”. Y añadió: “Un descomunal despropósito que ha provocado el rechazo frontal de la totalidad de asociaciones de Jueces y de Fiscales, del propio CGPJ, y de otros actores del mundo jurídico. Una sospecha de parcialidad vertida por un Partido Socialista sin límites ni principios, a quien no le ha importado someter a un poder básico del Estado al relato de un fugado de la justicia como el Sr. Puigdemont”.

En su opinión, "los acuerdos del PSOE con Junts, ERC, PNV, BNG y Bildu -herederos del brazo político de ETA- contienen otra serie de cesiones no menos lesivas de la igualdad y solidaridad entre los españoles. Baste recordar la vergonzante condonación de deuda a una de las comunidades más endeudadas, Cataluña, con 15.000 millones de euros que tendrán que asumir todos los españoles; o la priorización de inversiones y beneficios fiscales para favorecer a regiones como Cataluña o País Vasco, como el único objetivo de comprar los apoyos de tales formaciones para la investidura de Pedro Sánchez".

Por eso, concluía que “es difícil de concebir que una formación que se define como progresista y de izquierdas asuma que regiones ricas obtengan más inversión y privilegios del Estado, en detrimento de territorios más humildes que, como Castilla y León y Salamanca, necesitan de la solidaridad y de las inversiones”.

Por todos estos motivos, finalizó Fernando Rodríguez, “el Partido Popular, desde las instituciones y con la sociedad civil y todas las entidades que se quieran sumar, va a combatir de forma serena, firme y pacífica la respuesta ante tales atropellos”.

Foto de David Sañudo