Mentiras y falsedades. Odio y más odio

Las manifestaciones violentas que la derecha y la ultraderecha están alentando y protagonizando en las sedes del PSOE de muchas ciudades de toda España –fundamentalmente en la sede central de Ferraz, en Madrid- están teniendo graves consecuencias para la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos en un Estado Social y Democrático de Derecho. Las excusas que está poniendo la derecha cavernaria guardan relación con los pactos a los que ha llegado Pedro Sánchez con los grupos políticos independentistas catalanes que garantizan su investidura como presidente del gobierno.

Parece que el PP, VOX y otros partidos fascistas, nazis y falangistas -que no tienen representación parlamentaria pero que meten mucho ruido, imponen el miedo a los ciudadanos y utilizan la razón de la fuerza para conseguir sus objetivos políticos-, desconocen que en una democracia parlamentaria como la nuestra (artículo 99 de a CE), el presidente de gobierno tiene que obtener la confianza de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en primera votación, o por mayoría simple en la segunda. También parece que estas formaciones que se sitúan cada vez más fuera del sistema, desconocen que el Congreso de los Diputados representa proporcionalmente al pueblo español; es decir, si un presidente de gobierno es investido por esta Cámara es porque hay una mayoría de todo el pueblo español que ha decidido que sea así. ¿Lo han entendido señores Feijóo y Abascal? Dicho de otra forma, si Pedro Sánchez obtiene próximamente la confianza de la Cámara y, por tanto, es propuesto al Jefe del Estado para que le nombre presidente del gobierno, es porque en el caso concreto ha obtenido la confianza de 8 formaciones políticas diferentes, frente a 2 (PP y VOX) que se oponen a ello.. Lo que traducido en escaños serian 179 a favor, frente a 171 en contra. En consecuencia, es democrática y jurídicamente inapelable, por muchas pataletas, mentiras, falsedades y vaticinios del fin del mundo que estén proclamando los líderes de la derecha más radical que ha existido en España en los 45 años de democracia constitucional en España.

Estos radicales de la España hueca, muerta y carcomida, parecen olvidar (aunque internamente saben que los pactos de estas formaciones políticas que forman una mayoría absoluta en España, pueden pacificar el incendio territorial al que llevó el gobierno de M. Rajoy con su prepotencia y su soberbia) que en los pactos de los partidos que forman la mayoría absoluta hay aspectos tremendamente favorables que conducirán, inevitablemente, a la distensión territorial entre Cataluña y el resto de España, porque, hasta ahora, producto de las posturas irreconciliables entre la vieja y casposa España –representada por el PP y VOX- y Cataluña, los partidos independentistas catalanes nunca habían renunciado a iniciar la vía unilateral para poder declarar la independencia de Cataluña, algo a lo que ahora renuncian expresamente, lo mismo que a convocar unilateralmente un referéndum y supeditan todo al diálogo, al acuerdo, al pacto y a la negociación entre las partes. Algo tremendamente positivo y que a los ciudadanos españoles en su conjunto nos tiene que enorgullecer.

Es por ello normal que desde el prisma de la derecha y la ultraderecha haya enfado, desolación y cabreo, porque, los que dicen defender a España, los que vaticinan la ruptura de España, lo que en realidad defienden es estar siempre en el poder para manipular, engañar y mangonear a su antojo, ya que se creen herederos universales del poder, por casta y por tradición. Lo que menos les importa a ellos es el progreso y la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos que vivimos y trabajamos en España (seamos españoles o extranjeros). Sabemos que la derecha, históricamente, en momentos críticos para ellos, en situaciones en las que la ciudadanía ha despertado y les ha retirado el apoyo, siempre desempolvan el miserable argumento del patriotismo trasnochado. Se encargan de meter miedo al pueblo, con la desaparición de la patria, con la destrucción del estado, con la complicidad con el terrorismo de ETA –desaparecido hace más de una década cuando gobernaba Zapatero, que es lo que les duele y escuece-, movilizando al pueblo llano para que éste sufra las consecuencias de sus ambiciones, cuando, en realidad, los problemas del pueblo, de los ciudadanos en general, les importan una mierda. Ya lo decía Machado “…siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva”.

Ser patriota no es llevar la bandera en la solapa; ser patriota no es proclamar soflamas con argumentos indigentes, como hizo aquél chico que entre sollozos de aparente “niño mimado” y que había tenido un enfrentamiento con la policía por “putodefender España”; ser patriota es defender los derechos individuales y sociales para todos: sanidad, educación y servicios sociales universales y gratuitos para todos, la vivienda digna, un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, en el que paguen más lo que más tienen, una adecuada redistribución de la renta y la riqueza que es el mejor antídoto para garantizar una sociedad cohesionada, digna e igualitaria.

Otro de los argumentos de la ultraderecha de PP y VOX en relación a los pactos alcanzados por el PSOE con 8 formaciones políticas frente a la soledad que ellos padecen, es que esos pactos atentan al Estado de Derecho y son contrarios a la división de poderes. Les debemos recordar que quién más ha atentado contra la división de poderes, quién más ha azuzado para manipular a los jueces y la justicia es el PP. ¿Por qué no ha querido renovar el Poder Judicial que lleva más de 5 años caducado según la Constitución Española? Muy sencillo, porque quieren tener jueces como García Castellón, que se ha negado sistemáticamente a tomarle declaración a Dolores de Cospedal por la denominada “operación Kitchen”, por la que se presuntamente se contrató a la denominada “policía patriótica”, para expiar a los adversarios políticos y para destruir pruebas que pudieran incriminar al PP en los delitos de corrupción que han cometido muchos de sus miembros. Jueces como García Castellón, que, curiosamente y después de varios años de inacción, quiere ahora imputar a algunos líderes del procés por “actos de terrorismo” en los desórdenes públicos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2019 cuando se conoció la sentencia del TS del procés. Es decir, por el conocido como “tsunami democratic”.

Si utilizamos la misma vara de medir, ¿los graves actos cometidos por los manifestantes en la actualidad en las sedes del PSOE, fundamentalmente en la de Ferraz en Madrid también serían calificados como actos de terrorismo y no como ejercicio de la libertad de expresión como reclaman sus patrocinadores?. Sabemos que los líderes de la derecha y la ultraderecha han azuzado sin ningún pudor a los ciudadanos a que protesten. Es más, cuando ha habido actos salvajes y vandálicos, la condena por parte de los líderes conservadores no ha sido contundente y si ha habido declaraciones condenatorias, a renglón seguido afirman que es mayor la violencia que ha generado Sánchez con los pactos con los independentistas. Es decir, que entre líneas Feijóo quiere transmitir que el PSOE se merece ese trato violento. Según Feijóo, los actos de los manifestantes son violencia, pero está justificada, que es decir lo mismo que, al estar justificada, bien como legítima defensa o como estado de necesidad, no hay violencia. Eso es lo que queda en la mente de los ciudadanos de la tibia, malintencionada e interesada y falsa condena de Feijóo. La verdad es que -abro paréntesis- no entiendo cómo no le da vergüenza a Feijóo no sólo hacer estas declaraciones, sino también hacerlas en la sede el PP en Génova 13, que se reformó con dinero procedente de la caja B del PP, dinero negro como se acredita judicialmente en sentencia judicial. Cierro paréntesis. ¿Ese es el Estado de Derecho en el que cree la derecha y la ultraderecha?

Por su parte, creo que el esfuerzo que está haciendo Pedro Sánchez con las diferentes fuerzas políticas por alcanzar pactos de convivencia deben valorarse positivamente. Es cierto que algunas cuestiones como una posible ley de Amnistía no estaba prevista en su programa electoral. La amnistía es una manifestación del Derecho de Gracia previsto en todas las legislaciones penales de los países democráticos. NO es menos cierto que debe ser siempre una medida rigurosamente excepcional, que tiene como consecuencia no sólo la remisión de la pena totalmente al condenado, sino también la de sus efectos, de tal suerte que unos hechos amnistiados es como si no se hubieran cometido y si los responsables no han sido previamente procesados y condenados, el proceso penal queda extinguido inmediatamente; ya no se pueden perseguir penalmente.

Normalmente se hace por cuestiones de oportunidad, por razones de orden público y para garantizar la convivencia. Los países de nuestro entorno y los más avanzados del mundo, han utilizado este recurso en alguna ocasión, no sólo durante una transición de un régimen autoritario a uno democrático, sino también en el seno de regímenes democráticos totalmente consolidados. Si con esta medida se avanza en el restablecimiento de los jirones rotos de la convivencia por el problema catalán, bienvenida sea. Hay que recordar que en la causa catalana hubo siempre decisiones controvertidas y muy cuestionables: no se entiende demasiado que el PP recurriera al TC un Estatut aprobado por una mayoría muy cualificada en el Parlament de Cataluña y por mayoría absoluta en el Parlamento español. Además, sabemos que recurrió artículos que estaban previstos en las reformas de otros estatutos (Andalucía o Valencia, por ejemplo), donde se aprobaron y no los recurrió. Y, para mayor abundamiento, el magistrado progresista del TC Pérez Tremps fue recusado para que no interviniese en las deliberaciones sobre el Estatut porque había elaborado algún informe jurídico a la Generalitat años atrás. En cambio, el magistrado conservador, Rodríguez Zapata, que también había elaborado algún informe semejante en Cataluña no fue recusado. Eso desequilibró la balanza a favor de las pretensiones del PP para que declarasen inconstitucionales muchos artículos del Estatut. Evidentemente, de aquéllos polvos vienen estos lodos.

Mis maestros siempre me enseñaron que ni hay dogmas universales ni verdades absolutas. De ahí que la reflexión crítica y la duda sean aspectos que siempre debemos tener como norte a la hora de resolver cualquier problema. Esto, unido a que la sociedad está siempre en constante cambio, debemos ser flexibles y las normas jurídicas que en un momento pueden servir para la resolución de los conflictos sociales, en otros, quizá, puedan ser instrumentos menos eficaces. Estas enseñanzas son las que transmito insistentemente a mis alumnos y lo más importante es enseñarles a pensar, a reflexionar, a tener un pensamiento crítico y que ello les aporte los recursos adecuados para resolver los problemas jurídicos, sociales y políticos. Un lema que considero imprescindible y que llevo presente es el expresado por Karl Marx en su última tesis sobre el filósofo Feuerbach, que aparece transcrita en la escalera principal de la universidad Humboldt, de Berlín y que nos hace pensar: “los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”.

De acuerdo con estas premisas, no podemos afirmar categóricamente que una ley de amnistía sea inconstitucional en nuestro ordenamiento jurídico por el hecho de que no esté expresamente recogida en la CE. Feijóo dijo en su fallida sesión de investidura que la amnistía era inconstitucional y no se puede argumentar que es constitucional por no estar recogida expresamente en la CE y esto lo comparó con la esclavitud, que tampoco está prohibida en la CE y no por ello, debe ser permitida. El mismo ejemplo puso el juez García Castellón (conservador) en una conferencia invitado por un líder de VOX. Este argumento es peregrino e indigno, dado que ambos personajes parecen desconocer los preceptos de la Carta Magna. La esclavitud es considerada como un trato cruel, inhumano y degradante, ¿no es cierto? Y eso lo prohíbe la Carta Magna en su artículo 15, específicamente, y en otros, como el 14, que prescribe la igualdad de todos ante la ley, o en el 10, en el que se establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, son fundamento del orden político y de la paz social. Por tanto, el ejemplo compartido por el líder del PP y el magistrado conservador no es el más indicado.

No estaría mal que los líderes de esta derecha arcaica y recalcitrante fueran más tolerantes, reflexivos y críticos, que tuvieran mayor predisposición al diálogo, a la negociación, a los pactos y a los consensos y que enterrasen para siempre los sentimientos de odio, resentimiento y rabia; atributos que descargan en sus declaraciones porque lo único que quieren es acceder al poder sin importarles los medios. Ese es su talón de Aquiles y estoy convencido que esa será su ruina, porque, al final, se impondrá la sensatez y la cordura.