Nuevo reconocimiento a la gestión de los servicios sociales en Castilla y León

Los procuradores del Partido Popular por Salamanca, Carmen Sánchez Bellota y José María Sánchez, han defendido este lunes las políticas sociales de la Junta al consolidarse como la mejor región en la gestión de servicios sociales tras recibir el galardón de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España por ocupar el primer puesto de manera ininterrumpida desde 2012 entre las autonomías de régimen común.

“La comunidad continúa siendo punta de lanza en la gestión de servicios sociales”, ha defendido Sánchez Bellota, tras recordar que Castilla y León ha recibido en el último Índice DEC, que corresponde al año 2022, una puntuación de 7,3 sobre 10, casi medio punto más que en 2021 y alrededor de 2 más que la media nacional. Los procuradores del PP por la provincia de Salamanca, además de agradecer el reconocimiento por ser referentes a nivel nacional en la prestación de estos servicios, han destacado que estos resultados se deben al consenso fruto de la colaboración entre la Junta de Castilla y León, las entidades locales y las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, que garantiza estabilidad, continuidad y homogeneidad en servicios sociales en toda la Comunidad.

En este sentido, Sánchez Bellota ha manifestado el compromiso de la Junta de Castilla y León con los ciudadanos de la Comunidad, además de poner en valor el trabajo que desarrollan los profesionales que trabajan en el sistema social autonómico, a los que ha destacado como los principales artífices de este reconocimiento. “Los Servicios Sociales de la Comunidad son los más eficientes”, ha señalado la procuradora, antes de recordar el esfuerzo económico realizado para cubrir todas las necesidades y que se incrementa año tras año.

“Nuestro sistema de servicios sociales destaca por su eficiencia y equilibrio entre los derechos que reconoce y la entrega efectiva de prestaciones y servicios, ofreciendo a su vez uno de mejores ratios entre cobertura y gasto”, han puesto de manifiesto. En concreto, según han señalado, la Comunidad destaca respecto del gasto social por habitante, que es de 519,3 euros, un 16 % más que el año anterior y 57 euros por encima de la media estatal, además de ser de las pocas autonomías que aumentó el gasto en Servicios Sociales sobre el PIB en 2022, el cual alcanzó el 2,12 % −dos décimas más que el año anterior− y superó el 1,82 % de la media del conjunto del Estado.

En palabras de Sánchez Bellota, esto no es nada fácil teniendo en cuenta realidad sociodemográfica de Castilla y León, que condiciona los desafíos a los que nos enfrentamos en nuestro sistema social. El acusado envejecimiento, baja natalidad, dispersión poblacional y carácter eminentemente rural de la población, son aspectos fundamentales a tener en cuenta para conocer las necesidades actuales y futuras de los ciudadanos de Castilla y León, que deben abordarse por estos servicios sociales.

En su intervención, Carmen Sánchez Bellota ha recordado que este Índice DEC recoge también otros datos como el incremento de las plazas de alojamiento destinadas a mujeres maltratadas, situándose 8 puntos por encima de la media nacional, poniendo de manifiesto el compromiso del Gobierno regional con la igualdad y con la lucha contra la violencia de género.

Durante esta última década, los procuradores populares han recordado que el gasto por habitante ha crecido un 40,2% en la Comunidad frente al 30,7% estatal, 10 puntos por encima, que se traducen en 149 euros más por habitante, superando en 40 euros a la media de todas las comunidades autónomas. Y si el gasto en servicios sociales sobre el presupuesto total de las administraciones públicas se incrementó en 1,13 puntos en estos 10 años, en Castilla y León lo hizo en 2, un 77 % más.

En palabras de los procuradores por el PP en las Cortes, la Comunidad también se sitúa a la cabeza en la cobertura de plazas residenciales, ocupacionales o de personas sin hogar entre 2012 y 2022. En cuanto a las correspondientes a las residencias financiadas con dinero público, se ha duplicado las destinadas a mayores de 65 años −un 141,3 % más−, ocupando el primer puesto. Crece también un 13,2 % las plazas reservadas a personas con discapacidad, mientras que a nivel nacional se refleja un retroceso del 21,8 %. Hay disponible 1 plaza por cada 23 personas pertenecientes a este colectivo, frente a la ratio de 1 por cada 56 del conjunto del Estado. Además, los centros ocupacionales y de día para estas personas han aumentado su capacidad en un 11 % en 10 años, mientras que en el resto del país se produce un descenso del 13,5 %. Por último, el incremento estatal del 19 % en las plazas de alojamiento para personas sin hogar queda lejos del aumento del 94 % en Castilla y León.

Datos en la provincia de Salamanca

Por su parte, José María Sánchez ha señalado que este estudio, que mide y evalúa de forma objetiva e independiente los derechos, economía y la cobertura de los Servicios Sociales, ha tenido en cuenta la labor desarrollada en los 22 CEAS de la provincia, junto al trabajo de los 153 técnicos con los que cuenta la provincia. El procurador del PP por Salamanca, ha dado a conocer que en el primer semestre del año se han atendido a 17.825 salmantinos en situación de dependencia, situándose el número de prestaciones concedidas en 24.062.

En cuanto a la atención residencial, centros de días y viviendas para personas con discapacidad, la provincia se situaba a finales del pasado en 2.484 plazas (420 Plazas residenciales, 1.736 plazas en centros de día y 328 en viviendas) con una cobertura de plazas residenciales del 3,64% y del 8,46% en centros ocupacionales y centros de día. La teleasistencia y la ayuda a domicilio, son otros de los aspectos analizados en el Índice DEC, que en Salamanca se materializó el pasado año con 8.302 y 5.290 usuarios, respectivamente.

Finalmente, José María Sánchez ha destacado las ayudas de emergencia concedidas en la provincia, que durante 2022 se situaron en 3.100 las referidas a las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, en 763 las destinadas a la deuda hipotecaria y en 1.367 las correspondientes a las deudas por arrendamiento de vivienda habitual; las subvenciones para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo, para perceptores de RGC que no perciben IMV fueron 340. Con el Bono Concilia (ayuda de 750 euros por hijo para servicios conciliación) se vieron beneficiadas 1.891 familias (1.994 niños) por un importe de 1.495.500€.

Durante el primer semestre de 2023 los bonos nacimiento concedidos por la administración regional en Salamanca se han situado en 573, lo que supone un importe de 0,9 millones de euros, ha recordado el procurador popular.

Con todos estos datos, los beneficiarios salmantinos de los servicios sociales de la Junta superan los 39.000.