La ética del negocio y la ignorancia ciudadana

Durante este periodo de “entre-guerras” –nunca mejor dicho- que está transcurriendo desde las elecciones municipales y autonómicas y las generales, los políticos de la derecha y extrema derecha y sus “esbirros mediáticos” -que, no olvidemos, sobreviven gracias a las subvenciones que reciben de los conservadores allí donde retienen el poder-, se están emborrachando de soberbia y arrogancia, porque intuyen que el gobierno del Estado está herido, huele a sangre y se están afilando los incisivos, caninos, premolares y molares para devorar al herido, conseguir el poder y, con él, la gestión partidista e interesada de las políticas públicas; esas que versarán sobre la congelación de salarios, pensiones y salario mínimo interprofesional, además de otro tipo de ayudas y subvenciones a las clases trabajadoras, para desviarlas hacia los poderosos y la derogación de políticas de respeto a los derechos humanos de todos. A pesar de que la economía española es la que más crece de la Eurozona y la que tiene una inflación más baja, siendo la admiración de los dirigentes políticos y económicos de la comunidad internacional.

Esto es así, porque la experiencia nos demuestra que en ayuntamientos y comunidades autónomas donde han llegado a pactos y acuerdos programáticos PP y VOX, se han suprimido las concejalías de igualdad, las ayudas para víctimas de violencia de género –están suprimiendo de la terminología estos conceptos-, las de memoria democrática y los apoyos y solidaridad con sectores más vulnerables, como el colectivo LGTBI. A ello se sumarán políticas económicas ultra liberales, bajando los impuestos a los más ricos –aunque a las clases menos pudientes les suponga rebajas ridículas de algún euro anual, en el mejor de los casos, o de céntimos de euro, en el peor- y recortando drásticamente políticas públicas, como la sanidad, la educación o los servicios sociales y la dependencia. Ya sabemos –y lo han demostrado allí donde gobiernan- que para la derecha y la ultraderecha, los derechos humanos se convierten en negocio, su ética es el obsesivo “ánimo de lucro”, cuya gestión se la conceden a la empresa privada para que engorde sus resultados económicos y, de paso y con el tiempo, esos políticos que han propiciado el “negocio” sean nombrados miembros de los consejos de administración de esas grandes empresas cuando hayan abandonado la política.

Esta última reflexión es una evidencia contrastada este mismo jueves cuando nos hemos enterado de que Ayuso ha nombrado consejera de su gobierno madrileño a Ana Dávila, que fue la “alto cargo” que -en plena pandemia y cuando morían miles de personas diariamente por la COVID-19- firmó el contrato para la adjudicación de la comisión de cerca de 300.000 euros al hermano de la presidenta madrileña, en cuatro facturas diferentes, por la compra de mascarillas en el mercado chino. Ya se sabe, la defensa de la familia de Ayuso hay que premiarla. Todo es negocio, aunque, con ello, se vulneren sistemáticamente los derechos humanos, sobre todo los de los más vulnerables. Todo es negocio porque se creen que la institución en la que “mandan” es un cortijo de su propiedad. Y lo es, por casta y por tradición.

Sabemos que en algunos de estos municipios gobernados por PP-VOX –en los más importantes- se han enviado comunicaciones internas a trabajadores sociales, educadores y psicólogos para que en sus informes se abstengan de incluir palabras relativas a “violencia de género”, “colectivos LGTBI” y otras terminologías que suenen a “izquierda radical”. También sabemos que Feijóo proclama a los cuatro puntos cardinales que derogará la Ley de Memoria Democrática y, con ello, la imposibilidad de subvencionar las excavaciones de miles de fosas comunes donde reposan los cuerpos de republicanos asesinados por el ejército franquista -porque defendían el gobierno legítimo y democrático que salió de las elecciones de febrero de 1936- tanto en la Guerra Civil como en la dictadura franquista. Esta propuesta de Feijóo es vil, inhumana e indigna, que causará un daño irreparable, más sufrimiento a las víctimas del franquismo y romperá, una vez más, los jirones de la convivencia. Entonces Feijóo quedará descalificado para siempre. Y todo, por seguir las tesis de políticos sin piedad, como Ayuso o Abascal, que vomitan sistemáticamente odio y resentimiento contra la izquierda política, las formaciones nacionalistas catalana y vasca y los colectivos LGTBI.

Las consecuencias de este odio se están comenzando a notar en la sociedad española. Ejemplos como el de miembros de colectivos LGTBI que reciben amenazas de muerte, de deportistas negros y africanos que tienen que soportar insultos racistas y xenófobos o incluso de deportistas españoles que representan los intereses de entidades catalanas o vascas, como los insultos recibidos por algunos futbolistas del Barcelona en los actos de celebración de la victoria de la selección española de fútbol en la Liga de Naciones que tuvieron lugar en el Wizink Center, de Madrid. En otros casos, jóvenes de Nuevas Generaciones del PP madrileño, visten camisetas con el lema “que te vote Txapote”, ante la complicidad y la sonrisa cainita de la presidenta Ayuso.

Y, mientras todo esto ocurre, los ciudadanos tapan los ojos, bien por ignorancia o por el adoctrinamiento sistemático de unas fuerzas políticas ultra conservadoras que manipulan la realidad, intoxican y engañan, poniendo en la diana a los disidentes, que en el futuro quieren ilegalizar y, como consecuencia de esa ilegalización, perseguir, sancionar y, en el mejor de los casos, expulsar de nuestro territorio nacional; en el peor, encarcelar y depurar.

No obstante, hay esperanza, queda tiempo para que los ciudadanos que creemos que hay que respetar escrupulosamente los derechos humanos de todos, sin excepción -piensen lo que piensen y procedan de dónde procedan- nos movilicemos e intentemos convencer, convertir lo negativo en positivo y concienciar de que hay que defender los principios y valores del Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, los de libertad, igualdad, justicia, solidaridad, tolerancia y progreso, sin discriminación de ningún tipo y promover las políticas públicas, que no es ni más ni menos que lo que nos obliga nuestra Carta Magna.