Atentado a la democracia

Hace años que la mayoría de los ciudadanos hemos perdido la confianza en todos los partidos políticos. Estamos en el ecuador de la campaña y no parece que ninguno quiera recuperarla. Más bien parece todo lo contrario. A saber:

Viviendas dignas

Casi cuarenta y cinco años lleva nuestra Constitución diciendo que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Unos y otros, más que preocuparse de facilitársela a quienes no la tenían, se han preocupado de quitársela a no pocos. Ahora se han enterado y hasta preparan una ley que resuelva el problema pero basta echar un vistazo al borrador para darnos cuenta que ni siquiera acabará con el vergonzoso problema de los ocupas. Entrar en una vivienda sin consentimiento de su dueño es un delito que se llama allanamiento de morada, pero esta ley no sirve para echar de un domicilio a los que orgullosamente se llaman ocupas, y cualquiera, aprovechando la ausencia de los verdaderos dueños, puede entrar, tender un par de toallas en las cuerdas de tender la ropa y está en su casa, porque cuando llegan los dueños la Policía no puede echarlo, y solamente tienen una opción: buscarse otro alojamiento y seguir pagando la luz, el agua, la comunidad y todos los gastos de la vivienda hasta que los tribunales lo resuelvan que tal como anda el patio de la Justicia pueden pasar años bisiestos si es que lo resuelven. A los requisitos que se exigen para rescatar una vivienda ocupada se le ha añadido el de presentar la escritura de propiedad. A partir de ahora pues, cuando nos ausentemos unos días de casa, además de pedirle a alguien de confianza que se encargue de ir todos los días a encender luces y abrir ventanas para despistar, tendremos que llevar consigo la escritura para ganar tiempo.

Impuestos justos

Todos, menos los políticos, sabemos como hay que aplicar los impuestos para que sean justos, pero es ahora cuando han caído en la cuenta y se los han subido a las entidades bancarias. Ya era hora. Pero se les ha olvidado un detalle: prohibirles aplicar comisiones. Y estos días las empresas pequeñas y los autónomos que a duras penas sobreviven económicamente se encuentran con escandalosas comisiones que no tienen ningún sentido, porque si cierran oficinas y quitan cajeros automáticos entre otras cosas, ¿qué sentido tiene pagarles por unos servicios que no existen?

El chollo de los discapacitados

El asunto de los discapacitados debe serles muy rentable. Si antes se les exigía a las empresas tener 4 discapacitados en sus plantillas ahora se les exigirá tener 40. –Las cifras no son exactas, pero sí muy distintas la primera de la última-. Seguro que para encontrar un trabajo muchos querrían tener una discapacidad, pero que nadie intente romperse nada, por favor, que tiene trampa: los trabajadores discapacitados podrán jubilarse, y hay muchas formas de mandarlos a casa aunque no quieran, con 5 años de cotización, con lo que yo, al menos, no sé, mejor dicho, no lo digo por respeto, quiénes son los verdaderos discapacitados.

El negocio de la sanidad

La sanidad dejó de ser un servicio de los mejores para ser un negocio de los más vergonzosos cuando se pasaron las competencias a las comunidades autónomas. Fue la pandemia la que les puso delante de los ojos el problema que solamente veíamos los ciudadanos, pero en lugar de asumir errores y rectificar, han seguido dándole tijeretazos para acabar con ella. Es ahora cuando manifiestan su deseo de mejorarla y hasta prometen no sé cuántos millones de euros para conseguirlo. Y digo yo: si tenían el dinero y buena disposición, ¿por qué han esperado a las elecciones para tomar medidas? Seguramente porque en cuanto se abran las urnas el próximo domingo se olvidarán de las promesas para seguir haciendo campaña.

Lo más grave de todo

Como ha sido en Melilla, de momento no ha terminado en un escándalo nacional, pero es muy grave la sospecha de la Policía sobre un posible fraude electoral por la compra de miles de votos por correo. Hay cosas que huelen muy mal. Por ejemplo que la solicitud del voto por correo ha alcanzado el 20% del censo electoral. Lo normal, en cualquier ciudad, es que no llegue al 2%. Comparemos los datos: en las elecciones municipales de 2019 solicitaron el voto por correo unas 35.000 personas y en esta ocasión lo han hecho unas 11.000 personas. ¿Qué incentivo tenía toda esta gente para hacerlo este año y no antes? En los últimos días además parece que ha habido varias denuncias de robo por parte de encapuchados a trabajadores de Correos. Por otra parte parece que se han detectado varios municipios españoles donde el censo de personas con edad de votar ha aumentado repentinamente justo antes de las elecciones en plazo para votar. ¿Está alguien empadronando a gente de fuera para que les vote? Esperemos que la Policía consiga aclarar este asunto lo antes posible, porque de ser cierto sería algo así como un atentado a la democracia, y perder la confianza en los partidos es una cosa, pero perder lo que tanto tanto tanto ha costado, mejor ni pensarlo.