Tragedias y trampas

Se sabe que una sociedad, una comunidad o un país, reflejan su nivel de honorabilidad y de auto-respeto, definen el valor de su dignidad y la veracidad de los principios que dicen conformarlas, por la atención que prestan a sus miembros más vulnerables y por el respeto que muestran hacia la justicia y la igualdad para cada uno de sus ciudadanos. Si es así, habrá que concluir que el estado español, nuestro país, adolece de carencias profundas en cuanto al trato que damos a las personas de más edad, en todo momento y en todo lugar marginadas, arrinconadas, silenciadas y tomadas indignamente como restos, sobras o despojos de una dinámica social que, precisamente por ese desprecio y esa desatención, se torna ruin y abyecta, envileciendo y abaratando la convivencia y haciendo desaparecer cualquier atisbo de fraternidad.

Además de la estupidez y la estulta ignorancia que significa el desprecio a la experiencia, la sabiduría y el beneficio de contar con las valiosísimas aportaciones de las personas mayores en la continua mejora de la convivencia, hay otras dolorosas muestras de esa auto-denigración, y una de ellas fue el trato general a los mayores en el desarrollo de la pandemia de Covid, especialmente a los huéspedes de residencias privadas, y que ha sido puesta ahora de manifiesto con la denuncia formal hacia órganos judiciales, administrativos y políticos, hecha por Amnistía Internacional por la falta de investigación de las decisiones administrativas que permitieron el sufrimiento y la también muerte evitables de miles y miles de personas que hubieran podido ser atendidas, tratadas y salvadas.

Después de un riguroso estudio e investigación, con numerosos testimonios y declaraciones de víctimas, familiares, profesionales médicos, trabajadores sociales y algunos (pocos) responsables institucionales, la organización humanitaria denuncia públicamente, y exige en nombre de los familiares responsabilidades por inacción, falta de inspección y pasividad procesal a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial, por los cierres de las comisiones de investigación de las comunidades autónomas, además de acusar a los tribunales que se limitan a archivar las denuncias concretas (el 86% de archivos, hasta ahora), por la indiferencia y repetidos intentos de ocultamiento y opacidad procesal sobre la indagación y esclarecimiento de las más de 35.000 muertes de personas mayores, que no fueron debidamente atendidas, que fueron encerradas, ignoradas o directamente marginadas y puestas en cautividad en cientos de residencias, sobre todo privadas, especialmente en algunas comunidades autónomas.

Ni una pandemia, o precisamente no una pandemia, es motivo suficiente (ninguno lo es) para establecer discriminación entre personas, sobre todo desde el ámbito político o asistencial, reservadas solo a situaciones médicas debidamente justificadas y con análisis y consideración de cada caso y nunca como norma general. Ese inhumano descaro que dictó miles de muertes, esa desatención criminal que nos hundió en la indignidad y la búsqueda de la verdad, la reparación y la justicia, está en la base y la intención de la denuncia de Amnistía Internacional y su exigencia de creación de una Comisión de la Verdad en el Congreso, que analice lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias y adopte recomendaciones para que no vuelva a pasar.

Y es que ni las disposiciones internacionales de reconocimiento de derechos, ni las leyes de cualquier país civilizado, ni las constituciones, ni las normas de convivencia, ni los decretos gubernamentales o las declaraciones universales de derechos humanos, establecen ni han establecido, de ningún modo y en ninguna circunstancia, la necesidad o siquiera la posibilidad de discriminación de derechos basada en circunstancia alguna, y menos en la edad de los ciudadanos o su estado físico o mental. Sin embargo, protocolos firmados por responsables políticos, establecieron una suerte de caprichoso triaje contable en la atención a las personas (negando el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y a una muerte digna), que sumieron en el sufrimiento, el dolor, el estupor de la indiferencia y el silencio, y arrojaron a una muerte injusta a miles de personas mayores, sin que hasta el momento se hayan exigido responsabilidad alguna a quienes con sus decisiones demostraron no solo inhumanidad y desprecio, sino una oceánica ignorancia sobre cómo y en qué se asientan los fundamentos de un poder que, es ya evidente, les va muy grande.