Talibanes, el oscuro futuro de las mujeres

Juliette Vire

Defensora de los Derechos Humanos

Reprimidas entre 1996 y 2001, cuando los talibanes ya estaban en el poder, los derechos de las mujeres han cambiado en los últimos años con la presencia occidental en el territorio y la determinación de las afganas. La intervención americana seguida de una coalición internacional llegó en 2001 con la promesa de mejorar sus derechos y prohibir las leyes de los talibanes. Así, la Constitución de 2004, impulsada por la coalición internacional, marcó avances en materia de género. Las mujeres entraron en el ámbito profesional como políticas, médicas o periodistas, sobre todo en las grandes ciudades del país. En el parlamento, había 27,7% de plazas reservadas a las mujeres. Además, 2,5 millones de chicas estaban ya escolarizadas en 2019. El porcentaje de las mujeres en la población activa sumaba casi el 23% en 2019 según la Organización Internacional del Trabajo. Muchas de ellas, desde 2001, habían logrado ir a la universidad y ocupar cargos de responsabilidad.

Sin embargo, los derechos de las mujeres eran todavía reducidos. El país tenía uno de los peores índices de acceso a la educación para las chicas y un 28% de las afganas se casaban antes de los 18 años, según UN Women, en 2021. En el ámbito profesional las mujeres debían enfrentarse a intimidación y desigualdades varias. A pesar de las grandes desigualdades, la situación no podía ser peor que la llegada al poder de los talibanes.

Unas horas después de que los talibanes entrasen en Kabul el 15 de agosto, convocaron una rueda de prensa. “Los derechos de las mujeres y niñas serán respetados en Afganistán dentro de lo que marca la sharía”, aseguraron. Después de 20 años de lucha por los derechos de las mujeres y de su libertad, las afganas están ya sometidas al integrismo religioso.

Los talibanes son un grupo político-militar mayoritariamente de etnia pastún y de línea religiosa suní. La sharía, la ley islámica aplicada al pie de la letra por ellos, rige la vida diaria y la política del país. Este orden religioso ya fue utilizado hace 20 años para dominar la sociedad y, sobre todo, para invisibilizar a las mujeres. La mujer sojuzgada de modo brutal fue eliminada de la vida pública y utilizada como mercancía de cambio y arreglos familiares. Los talibanes prohibieron por ejemplo que las niñas fueran a la escuela o que las mujeres salieran solas y sin burka. Ahora, la pesadilla de los años 1990 se reproduce después de que las fuerzas internacionales hubieran abierto la esperanza para un mejor futuro.

Fawzia Koofi, parlamentaria en Afganistán y una de las políticas que participaron en las conversaciones de paz, se lamenta al periódico The Guardian: “Si Estados Unidos hubiera utilizado todas las fuentes de presión contra los talibanes, creo que habrían llegado a un acuerdo” que garantizara unos mínimos para la población civil.

Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán, demostraron que no están dispuestos a proteger o respetar los derechos humanos como dijeron. “Hemos presenciado ya una oleada de violaciones, desde ataques de represalia y restricciones a las mujeres, a la represión de protestas, los medios de comunicación y la sociedad civil”, ha declarado Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional.

La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, conocida como RAWA, ha publicado una lista en la que se explican las diferentes prohibiciones que sufrirán las mujeres. Algunas de ellas impiden a las mujeres tener un trabajo o estudiar en la universidad. Las niñas y los niños serán segregados por sexo en las escuelas primarias y secundarias, lo que ya era común en todo Afganistán. Se trata de un apartheid de género. Además, las mujeres no podrán salir a un espacio público si no es acompañadas por un familiar masculino, no pueden hacer deporte, tienen que cubrir su cuerpo con una burda tela y pueden ser lapidadas hasta la muerte por adulterio. El objetivo de los talibanes es hacer inexistente a las mujeres. Tienen que desaparecer del espacio público. Su existencia, aunque es indispensable, está denegada.

Según Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional: “el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe crear un mecanismo fuerte e independiente cuyo mandato sea documentar, recoger y conservar pruebas de los crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en todo Afganistán”.

Es difícil de entender para nosotros, occidentales, cómo en 2021 ciertos países siguen queriendo reducir la vida de la mujer al servicio de su marido. Sin embargo, seguimos cerrando los ojos cuando es necesario, como en el caso de Arabia Saudí, donde la mujer es también una ciudadana de segunda categoría, pues el país es el mayor productor mundial de petróleo. Así, se consigue que la sharía sea vista de otra manera por parte de todos los países dependientes del petróleo.