Derechos reproductivos y diversidad sexual en Centroamérica

Auria Aldea Arias

Defensora de los Derechos Humanos

Posición en la que nunca se situaría un hombre, que sí es libre para decidir si quiere responsabilizarse o no de un hijo. Las circunstancias vitales de cada persona son complejas, por lo que el poder legislativo no debe imponer su criterio anulando la autonomía de las mujeres. De ahí emana la importancia de defender los derechos reproductivos y el acceso libre e informado a medios para evitar e interrumpir el embarazo.

Todas las personas debemos poder contraer matrimonio libremente con quién, como personas individuales, decidamos. De la misma forma que en los derechos reproductivos, ni el poder legislativo ni el judicial ni un Estado como tal deben sobrepasar los límites de la vida privada, imponiendo creencias o realizando juicios de valor.

Cuestionar ambos derechos es negar la capacidad de decidir. No anulemos a las personas ni les cortemos sus posibilidades vitales por características propias. Ser mujer no debe obligarme a tener hijos, debo poder vivir plenamente como persona homosexual. Estos derechos deben ser reclamados y defendidos por la importancia clave para la vida de las personas.

Claramente cuando se restringen o se cuestionan estos derechos, la vinculación con la religión aparece como primer argumento. Las sociedades en el siglo XXI, con la globalización y los cambios políticos, sociales y económicos, son complejas y diversas. Esta diversidad debe ser reconocida, dándole espacio para desarrollarse en libertad. Así, el estado debe ser libre, democrático y de derecho, además de laico. El camino es reconocer las libertades individuales de los seres humanos, religiosas, reproductivas, la orientación sexual… Negar la diversidad, intentar imponer juicios de valor, ya no tiene cabida.

Recientemente al analizar la información que nos llega desde Centroamérica vemos un grave retroceso en el reconocimiento y defensa de estos derechos. Principalmente la preocupación viene de Guatemala, donde, paradójicamente, el 8 de Marzo se aprueba la iniciativa 5272, que establece "la protección del derecho a la vida, la familia, la libertad de conciencia y expresión, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, además del derecho de los padres a orientar a sus hijos en su sexualidad". El nombre de la iniciativa refleja su contenido, suponiendo ya no un retroceso, si no un machaque absoluto de los derechos. Cambios muy graves, como el aumento de las penas para el aborto, pasando a ser desde 5 a 25 años. Prohíbe la educación en diversidad sexual, dejando al colectivo LGTBQ+ en la más absoluta marginalidad, incluyendo aclaraciones como “enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”. Ni que decir tiene que se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso se protege legalmente a las personas “que no aceptan como normal la diversidad sexual o la ideología de género”.

En Honduras la negación de los derechos reproductivos era clara, es el único país de América Latina que prohíbe la píldora anticonceptiva de emergencia. Actualmente Xiomara Castro ha sido elegida como la primera mujer presidenta en Honduras y acaba de tomar posesión. Quizás consiga cambiar esta situación.

En cuestión de derechos reproductivos debemos mencionar también a El Salvador, donde el aborto está totalmente prohibido. Como recoge el último Informe Anual de Amnistía Internacional (2021-2022), hasta diciembre al menos 11 mujeres permanecían encarceladas por cargos relacionados con emergencias obstétricas. Incluso se han archivado dos propuestas, una de reforma del Código Penal y otra para despenalizar el aborto en cuatro circunstancias. El nivel de desprecio por los derechos reproductivos es tal que el presidente declaró públicamente que no propondría ninguna reforma constitucional que incluyera la despenalización del aborto. La situación de desprotección hacia las mujeres es clara, condenando a la marginalidad y al aborto clandestino a todas aquellas que porten un hijo no deseado, ya sea por violación, por falta de información o por otro tipo de circunstancias. El país ha sido condenado por La Corte Interamericana de Derechos Humanos por la detención y el posterior fallecimiento de una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y fue condenada a 30 años de prisión por abortar. La Corte Penal defiende que las autoridades médicas y judiciales violaron varios derechos de esta mujer. Argumentan que se violó la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, y a la salud.

Los derechos reproductivos, a la diversidad sexual y al matrimonio igualitario se vulneran claramente en estos países. Esto hace más necesaria la autocrítica, ya que en nuestro entorno nada está garantizado, como ejemplifican retrocesos como en Polonia o Hungría. Nuestra posición de defensa ha de ser clara y manifiesta frente a movimientos religiosos y otros discursos que apoyan este retroceso e incluso su machaque absoluto.