Otro gasto que preocupa a los comerciantes salmantinos

La Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (AESCO), integrada en CES, junto con la Confederación Española de Comercio (CEC), pide una moratoria razonable de al menos 3 meses para que los comercios puedan cumplir con la obligatoriedad de contar con un sistema que mantenga las puertas de los establecimientos cerradas para conservar la temperatura interior, recogida en el Plan Energético del Gobierno.

Según la CEC, tan sólo un 10% de los comercios del territorio nacional han podido adaptar sus establecimientos a esta normativa. Las razones son varias, entre ellas, la ausencia de un plazo realista y razonable para acometer estas modificaciones ya que se estima entre 100.000 y 120.000 el número

de comercios en España que necesitan esta adecuación.

“Hay negocios que fueron creados para no tener puertas y la nueva ley exige un completo replanteamiento del local que va más allá de instalar una puerta”, explica Rafael Torres, presidente de la CEC. Asimismo, el decreto ley va a ser tramitado finalmente como proyecto de ley por lo que

las enmiendas presentadas introducirán cambios en el mismo por lo que “lo lógico y sensato es esperar a que se apruebe la ley definitiva para que el sector sepa con certidumbre qué obligaciones ha de cumplir”.

Por otro lado, apunta que "el Ejecutivo comprometió una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean éstas, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados. La realidad a día de hoy es que no se ha concretado prácticamente ninguna, ni cantidades ni plazos de pago". Para acometer estas modificaciones la CEC estima la necesidad de unos 200 millones de euros.

Por todo ello, desde AESCO y la CEC se pide una moratoria razonable de al menos 3 meses a la espera de conocer el texto definitivo de la ley que permita realizar los proyectos de adecuación con certidumbre y dar tiempo a las comunidades autónomas para publicar y pagar las ayudas prometidas