España ante un delito de naturaleza continuada por el caso de los niños robados

Autora: Paula Acero Bermúdez. Defensora de los derechos humanos.

El informe realizado por Amnistía Internacional “Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en el caso de los bebés robados” denuncia a España por un delito de naturaleza continuada, por la desaparición forzada y sustracción de niños, desde la Guerra Civil española hasta 1990, tanto por la complicidad o autoría del Estado como por la falta de actuación y de asunción de la responsabilidad en este aspecto.

Este delito es considerado de naturaleza continuada dentro del Derecho Internacional, pues se realiza de manera constante hasta que no se haya realizado una investigación por parte del Estado en la identificación y localización de los niños afectados, negando de esa manera el derecho a la identidad propia y a la familia. Además de la vulneración del derecho a la libertad y otros tantos, dado que el de desaparición forzada atenta contra otra serie de derechos.

Durante la guerra civil española se cometieron numerosos atentados contra los derechos humanos, entre ellos la desaparición forzada de menores, que Amnistía denuncia que el propio Estado había permitido, ya no sólo con las desapariciones forzosas sino con las expatriaciones durante la guerra. Según el propio informe, desde 1944-1954 llegaron a ser 30.960 niños los que se encontraban sin identificación alguna, los cuales habían sido sustraídos de sus familias. Algunos de ellos fueron repatriados, sin embargo, no se tiene constancia de que fueran devueltos a sus familias biológicas, puesto que muchos menores pasaron bajo custodia del Estado para educarlos bajos los valores y preceptos del franquismo.

Han sido miles de mujeres las afectadas, dado el papel de la mujer dentro del franquismo. En el periodo de dureza y represión contra las personas que se oponían al franquismo, la mujer republicana no era considerada una mujer digna al no confluir con los valores franquistas. La mujer estaba relegada a un papel de madre, de donde la tenencia de hijos era un factor importante dentro de la vida de la mujer, que sumado a la cantidad de niños sin identificación que necesitaban una familia apta, que convergiera con los valores tradicionales, generó el contexto perfecto para realizar este tipo de acciones dentro de la propia jurisdicción del Estado: La sustracción de niños de las madres no aptas para entregarlo a las familias que sí lo son.

Las sospechas sobre los crímenes cometidos eran similares. A multitud de mujeres que habían tenido hijos se les comunicó el fallecimiento del mismo, pero no recibían ningún tipo de explicación, ni la causa de fallecimiento, ni la posibilidad de ver el cuerpo de sus hijos fallecidos o de asistir a su entierro. Eso fue clave a la hora de destapar el caso de las desapariciones forzosas de multitud de niños. Mujeres que al no converger con la ideología del régimen eran despojadas de sus hijos, sin información alguna de su paradero ni de su supuesto fallecimiento.

El impacto de este delito en la mujer implica un alto grado de sufrimiento, que supone un desgaste mental generado por la ausencia de respuestas y el agotamiento producido por la sensación de culpabilidad constante por la desaparición de sus hijos. La sensación de angustia y culpa crece con el paso del tiempo, lo que hace recaer sobre la mujer todo el peso y que está viva un proceso de gran dificultad a nivel psicológico, pudiendo ser considerado hasta tortura. Los testimonios recogidos por el informe fueron duros y claros a la hora de exponer este dolor al que son sometidas las mujeres afectadas y la constante búsqueda de respuestas ante la cual el Estado no se ha hecho responsable.

El Estado tiene un papel clave en este delito, puesto que tiene la responsabilidad como cómplice o como autor de las desapariciones, tanto por el hecho de haber permitido que ocurriera esta situación como por la ineficiencia o negativa de las autoridades en colaborar para luchar contra esta situación. El compromiso de actuación y la decisión de medidas apropiadas para la solución de delito han sido nulas.

La Ley de Memoria Histórica promulgada en el año 2006 no cubre esta causa, estos hechos no han sido investigados, ni las víctimas han recibido el apoyo necesario para superar esta situación. Además, el Estado español tampoco ha respondido ante los organismos internacionales que también han denunciado a España por dicha situación.

Es un hecho que ha permanecido constantemente en el olvido. No sólo dentro del régimen franquista, sino que las víctimas han sido ignoradas tras su caída en 1975 donde los delitos de sustracción de bebés seguían estando vigentes. Se ha permitido dejar pasar el tiempo, estableciendo unas medidas insuficientes, que no hacen frente al daño causado.

En dicho informe, Amnistía Internacional ofrece una recomendación para activar un plan eficaz que establezca por fin las medidas apropiadas que reparen el daño moral causado a las víctimas, apelando a la necesidad de verdad y justicia. Un marco legal e institucional específico que garantice la reparación a las víctimas a través de acompañamiento de las mismas y recursos a las autoridades y administración para la investigación y obtención de información de las desapariciones.

De esta manera, lo que busca Amnistía es un trato justo para las víctimas y familias afectadas, que esta situación no caiga en el olvido y se tenga en cuenta estableciendo unas verdaderas medidas efectivas con el fin de acabar con el dolor producido y no se mantengan impunes las personas que han atentado contra los derechos humanos hayan sido o no agentes estatales. Pues pese a las investigaciones realizadas por la Fiscalía y su dificultad de investigación, se necesita exhaustividad en cada caso.

En definitiva, existen muchos indicios de que en España se han producido desapariciones forzosas y sustracciones de bebés que deben ser investigadas. Puesto que, este delito atenta contra varios derechos fundamentales, además de las daño psicológico de las víctimas y personas afectadas. Por tanto, se hace un llamamiento al Estado para que establezca un marco legal que ayude a las víctimas de manera efectiva, tanto con medidas de acompañamiento como de investigación e información.