El PSOE, incapaz de hacer autocrítica ante la sentencia de los EREs

Tras 11 años de procedimiento judicial, el caso de los ERE de Andalucía ha llegado por fin a ser sentenciado por el Tribunal Supremo, que ha venido a corroborar lo que ya había dictado en noviembre de 2019 la Audiencia de Sevilla, esto es, que hubo delitos de malversación y prevaricación en el reparto de 680 millones de euros de fondos públicos entre los años 2000 y 2009.

O dicho de otra manera, que hubo un mamoneo de tres pares entre altos cargos de la administración autonómica andaluza, para desviar una enorme cantidad de dinero público de sus teóricos fines (debían destinarse a subvenciones sociolaborales para trabajadores y empresas en crisis), pero que acabaron derivándose hacia el bolsillo o disfrute de cargos socialistas o personas afines.

En este aspecto, de los expresidentes de la Junta de Andalucía el premio gordo se lo ha llevado José Antonio Griñán, que ha sido condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación para empleo o cargo público, al considerar el tribunal probado que cometió los delitos de malversación y prevaricación.

Por su parte, Manuel Chaves ha salido más o menos airoso del proceso, ya que no pisará la cárcel, si bien el Tribunal Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia de Sevilla considerando probado que cometió prevaricación, delito por el que ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial, mismo tiempo y delito por el que han sido inhabilitados para ejercer empleo o cargo público el ex consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, así como la ex consejera de Economía y también ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

En todo caso, los mayores ‘premios’ de la sentencia son, además del mencionado de Griñán, los del resto de acusados de prevaricación y malversación, caso del ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, y del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía, Javier Guerrero, para los que se ha fijado una pena de 7 años y 11 meses de prisión, así como 19 años y 6 meses de inhabilitación. Penas que han sido ligeramente superiores a las sentenciadas para los ex consejeros de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, condenados a 7 años de prisión y 18 de inhabilitación.

Pero el listado de condenados no acaba ahí, sino que se amplía a otros en los que el Supremo considera probados los delitos de malversación y prevaricación, caso de la ex viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo (6 años de prisión y 15 de inhabilitación), el ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá (7 años de prisión y 18 de inhabilitación), el ex director general de Trabajo, Juan Márquez (7 años de prisión y 18 de inhabilitación), el ex viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez (6 años de prisión y 15 de inhabilitación) o el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Miguel Ángel Serrano (6 años y medio de cárcel y 17 años de inhabilitación).

Por último, cabría hablar de los condenados únicamente por delito de prevaricación, que han eludido la pena de prisión al no haberse sumado este delito al de malversación que se probó en el resto de condenados. Así, el ex viceconsejero de Economía y Hacienda, José Salgueiro, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación, misma pena sentenciada para el ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, Antonio Vicente Lozano, y los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo, Javier Aguado y Juan Francisco Sánchez. Por su parte, el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Jacinto Cañete, y la ex secretaria general de técnica de la Consejería de Empleo, Lourdes Medina, han sido condenados a 8 años y medio de inhabilitación.

De este modo, la sentencia de los ERE evidencia la corrupción institucionalizada dentro de una Junta de Andalucía que llevaba gobernando el PSOE desde la década de los ochenta. Y con ello, el caso EREs vuelve a poner encima de la mesa la existencia de importantes redes clientelares y corrupción en buena parte de aquellos gobiernos en los que se ha eternizado al frente años y años el mismo partido, con casos similares en Cataluña con Convergencia y el caso 3%, en el País Vasco con el PNV y el caso ‘De Miguel’, y que se está dejando entrever en Castilla y León con el PP y los casos de las eólicas y la trama ‘Enredadera’, o lo que se está filtrando del proceso judicial sobre el presunto boicot de la Junta a la biorrefinería de Barcial del Barco (Zamora).

En todo caso, en la sentencia sobre la que gira este artículo, la de los ERE de Andalucía, llama la atención la actitud del PSOE, sin capacidad alguna de hacer autocrítica y dando a entender que todo es una especie de ‘caza de brujas’. En este aspecto, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha señalado públicamente tras la sentencia del Supremo que los condenados Chaves y Griñán “están pagando justos por pecadores”, diciendo eso sí, que respeta las resoluciones judiciales, un “respeto” en el que da a entender que la justicia es injusta, al menos cuando los condenados son de su partido.

En definitiva, nada nuevo bajo el sol por parte de nuestra clase política, que busca justificar y tapar sus propias vergüenzas cuando la corrupción está en su orilla, mientras paralelamente son los primeros en levantar el dedo acusador cuando se trata de ‘los otros’. O quizá el problema de fondo estriba en que nuestra sociedad es demasiado permisiva con la corrupción y el enchufismo y, por ello, los partidos que se ven envueltos en casos de este tipo (y en este aspecto, me da igual que sean los EREs del PSOE o la Gürtel del PP), no se sienten demasiado obligados a reconocer y asumir las consecuencias de una mala praxis que perjudica a unos fondos públicos que son de todos.

Y es que, desgraciadamente, en muchos casos se ha pervertido el objetivo de la política, que no es otro que el de mejorar la vida de la gente, generando oportunidades y creando bienestar a la población. Pero parece que parte de nuestra clase política perdió el norte hace tiempo sobre ello y solo conciben la política como una forma de vivir mejor a costa de los demás, en vez de crear las condiciones para que los demás vivan mejor gracias a su trabajo en las instituciones. Eso sí, hemos de ser autocríticos y reconocer que somos los propios ciudadanos los que votamos a quienes nos dirigen, y si nos dirigen mal o con prácticas corruptas y los reelegimos, tenemos nuestra buena parte de culpa también en el problema.