El PSOE cree que es "un agravio inmenso" que no haya bachillerato general en Castilla y León

El grupo socialista califica de “excusa” la decisión de no implantar el bachillerato general en Castilla y León el próximo curso por la incertidumbre sobre el currículum y su acceso a las carreras universitarias, aludiendo a la justificación de la Junta. El portavoz de Educación del PSOE en las Cortes, Fernando Pablos, ha señalado que es “un agravio inmenso a los estudiantes de bachillerato” dado que en el resto de comunidades autónomas, excepto Valencia, estos podrán acceder a la nueva modalidad.

Denuncian que “en ningún centro de Castilla y León se podrá estudiar el bachillerato general, pensado para estudiantes que cuando llegan a bachillerato no tienen claro qué van a hacer o que sí tienen claro, por ejemplo, que quieren hacer una formación profesional de ciclo superior”. El portavoz cree que se trata de “un sinsentido”. De cara al acceso a la universidad los grados establecen unas materias que ponderan más que otras, y pueden variar incluso entre instituciones de la misma comunidad, por lo que no creen que suponga un motivo real para no implantar el nuevo modelo.

También cabe la duda de qué pasará con los estudiantes de otras comunidades autónomas que sí hayan cursado el nuevo bachillerato y quieran solicitar estudios superiores en Castilla y León. El grupo socialista considera que “la consecuencia de este gobierno de vagos es que nuestra comunidad autónoma va a tener peor oferta educativa en cuanto a las posibilidades de acceder a bachillerato”. En esta línea han hecho referencia a las valoraciones del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Salamanca, que también se mostraba crítico con la implantación de la LOMLOE en la comunidad.

Por otro lado, el portavoz ha reclamado a la consejera de Educación, Rocío Lucas, el establecimiento de medidas para evitar “la existencia de centros gueto, donde hay una segregación clara de niñas y niños por motivos económicos”. Asimismo, ha recalcado que se deben dar por finalizados los conciertos “que financien con dinero público“ a centros educativos que separan a los estudiantes por sexos, tal y como recoge la nueva ley educativa.