Cambios en la normativa de las plazas de toros portátiles
Foto de archivo de un espectáculo taurino en la plaza portátil de Cantalpino
Actualmente, son 33 las inscritas en Castilla y León
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Decreto que regulará la instalación de plazas de toros portátiles, por el que se reducirán las cargas administrativas para ayuntamientos y empresarios, y se reforzará la seguridad de los espectáculos que puedan albergar.
Actualmente, son 33 las plazas de toros portátiles inscritas en Castilla y León y en 2019, con cifras prepandemia, se celebraron 365 espectáculos taurinos, de los que 71 correspondieron a espectáculos taurinos 'mayores' y 294, a espectáculos taurinos populares; todos ellos en el medio rural de la Comunidad.
Teniendo en cuenta que en ese mismo año se celebraron 2.280 espectáculos taurinos en Castilla y León (1.946 populares y 334 mayores), las plazas de toros portátiles acogen alrededor del 20 por ciento de ellos.
La norma que hasta ahora regulaba las plazas de toros portátiles era el Decreto 115/2002, de 24 de octubre, que se deroga para modernizar las relaciones entre la Administración que debe controlar la instalación de plazas portátiles y los ayuntamientos y empresarios interesados en el reconocimiento y puesta en funcionamiento de este tipo de infraestructuras, reduciendo las cargas administrativas para ambos sin merma de las condiciones de seguridad de las que deben dotarse estas instalaciones para ser reconocidas.
Los aspectos más importantes del nuevo marco jurídico aprobado hoy para las plazas de toros portátiles son que se aplica el mismo régimen para el caso de que en la plaza portátil se organice otro tipo de espectáculos no taurinos; se sustituye el actual régimen de autorización previa por una declaración responsable formulada de forma telemática, a la que se acompañará el certificado que garantice la seguridad de las instalaciones, lo que supondrá un "notable" ahorro de costes para las personas titulares de plazas de toros portátiles.
Se estima una reducción de costes en la puesta en funcionamiento de tales instalaciones de más del 80 por ciento según el método para calcular la reducción de cargas administrativas.
Además de que se implementa un régimen de inspecciones periódicas bienales, cada dos años, en el que serán un elemento clave de control y seguridad los informes emitidos por técnicos especializados en la construcción y montaje de este tipo de instalaciones.