La ORA en cifras: hasta 220.000 tickets, un 51-52% de ocupación y unas 1.000 denuncias anuales

Dentro del proceso puesto en marcha por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para volver a sacar a licitación la gestión del servicio de estacionamiento regulado de vehículos en superficie (la conocida como ORA), y de la retirada y depósito de vehículos en la ciudad, el Consistorio ha sacado a información pública (para que presenten alegaciones aquellos que lo estimen oportuno) el estudio de viabilidad económico-financiera que han redactado los servicios técnicos municipales como base de la licitación.

En ese estudio se expresa por un lado que “no consta ninguna circunstancia que determine un cambio en el modelo de contratación más idóneo para prestar este servicio”, que viene siendo la gestión indirecta desde la implantación de la ORA en el año 2001, emitiéndose en este sentido el pasado mes de noviembre una Providencia de Alcaldía para mantener la concesión del servicio en “similares términos que se ha venido gestionando hasta la fecha”.

Por otro lado, en ese estudio se recuerda que con las zonas de estacionamiento limitado (ORA), se pretende “dar solución” a los problemas de: déficit de aparcamiento de los residentes en el municipio, el tráfico de vehículos en el casco histórico, el incremento de la ilegalidad del estacionamiento, y la reserva del espacio público en superficie destinado al vehículo privado aparcado (sic).

Por último, se expone que se ha vuelto a escoger la opción del contrato de concesión de servicios porque el Ayuntamiento no dispone de personal en plantilla para prestar el servicio (y la normativa “no permite ampliar la oferta de empleo público para dar cobertura al personal”), porque la transferencia del “riesgo operacional” hacia una empresa minimiza el “impacto” que pudiera derivarse de las variaciones en la demanda del servicio, y porque la inversión necesaria “no es muy significativa” (16 máquinas expendedoras de tickets, un vehículo-grúa y una nave de depósito de vehículos).

A partir de esas consideraciones iniciales, el estudio recoge interesantes datos sobre el funcionamiento de la ORA en Ciudad Rodrigo en los últimos años (desde el año 2018). Por un lado, en lo que respecta al ‘número de operaciones’, se ha pasado de las 216.780 del año 2018 y las 220.248 del año 2019, a las 139.104 del año 2020 y las 156.717 del año 2021 (hasta el 30 de noviembre), años obviamente marcados por la pandemia del coronavirus, con varias semanas sin funcionar la ORA en la primavera de 2020, y numerosas restricciones de movilidad.

La variación no es tan grande en lo que al número de denuncias por no tener colocado el ticket correspondiente se refiere: 1.079 en 2018, 1.170 en 2019, 919 en 2020 y 1.025 en 2021 (hasta el 30 de noviembre). Asimismo, el porcentaje total de ocupación de las plazas en estos cuatro años de referencia es muy similar, oscilando entre el 51,70% de 2019 y el 52,80% de 2020 (hay un total de 453 plazas de ORA, 322 de zona azul y 131 de zona verde).

Por último, en lo que se refiere al número de vehículos retirados por la grúa, hubo que mover 87 en 2018, 114 en 2019, 39 en 2020 y 33 en 2021 (en estos dos últimos años no hubo por ejemplo procesiones de Semana Santa –y otros múltiples eventos- que habitualmente requieren de retiradas de vehículos mal aparcados).

Tomando como referencia esos datos, el informe plantea unas previsiones de ingresos y gastos para años venideros. En materia de ingresos, el Ayuntamiento estima que se van a recaudar con los tickets y multas desde 171.900€ el primer año del contrato a 175.363,87€ el quinto y último año que puede llegar a durar (el contrato base son 3 años, a los que se pueden añadir otros 2 como prórroga).

En el capítulo de gastos, durante el primer año se estiman unos costes de personal (un controlador y un controlador/conductor, más sus sustituciones) de 58.266,70€; unos costes de explotación de 24.825€; un gasto como amortizaciones de 16.906,50€ (por la inversión inicial en parquímetros, vehículos, etc.); unos gastos financieros de 887,59€; un gasto en ITP, tasas y otros de 2.140€; y unos gastos generales de 4.985€.

Estimando un beneficio industrial de 6.647,34€, se calcula que el primer año habría una diferencia entre ingresos –excluyendo el IVA- y costes de 27.407,49€. Esa cifra aumentaría ligeramente en años venideros, hasta estimarse un canon medio a pagar al Ayuntamiento de 30.003,53€ al año (en el anterior contrato, que llega a su finalización este mes de julio, la empresa adjudicataria viene abonando 50.000€ al año).